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La entrada en vigencia del Decreto 690/2026, impulsado por el Gobierno de Javier Milei, desencadenó un conflicto que mantiene frenada la actividad en los principales puertos del país. Prácticos, pilotos y baqueanos realizan un lock-out operativo por tiempo indeterminado en rechazo a la desregulación del servicio, mientras el Gobierno intimó a más de 500 profesionales para que retomen sus funciones. Agroexportadores advierten que ya hay más que el costo de cada jornada puede alcanzar los 100.000 dólares por buque.
En este marco, la actividad portuaria argentina atraviesa una situación de fuerte tensión, con más de 140 barcos parados. La medida de fuerza por tiempo indeterminado afecta el movimiento de buques desde Ushuaia hasta la totalidad de la Hidrovía Paraná-Paraguay.
El conflicto tiene su epicentro en uno de los corredores estratégicos para la economía nacional. Los principales puertos del Gran Rosario, San Lorenzo y Timbúes permanecen condicionados por la falta de profesionales encargados de asistir a los buques en sus maniobras de ingreso, amarre y salida. Por esa vía se canaliza cerca del 80% de las exportaciones e importaciones argentinas, por lo que la paralización genera un efecto que excede ampliamente al sector marítimo y alcanza a la producción, la industria y el comercio exterior.
Toda la carga de granos, de combustible y otras mercaderías está detenida en los puertos.
El eje de la disputa está puesto en la profunda desregulación del servicio de practicaje que establece el decreto firmado por el presidente Javier Milei, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.
La normativa deroga el histórico Decreto 2694/91 y plantea modificaciones sustanciales en el funcionamiento de la actividad. Entre otras cuestiones, elimina restricciones de acceso al sistema, habilita la contratación directa de profesionales, establece tarifas máximas a través de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) y contempla la posibilidad de que capitanes, incluso extranjeros, puedan operar sin prácticos si acreditan conocimiento de la zona.
Desde el Gobierno sostienen que la reforma apunta “a reducir los costos logísticos, eliminar barreras de entrada y mejorar la competitividad del sistema portuario argentino”. Para los trabajadores y las organizaciones profesionales, en cambio, el cambio implica un riesgo para la seguridad de la navegación y una pérdida de condiciones para quienes desarrollan una actividad considerada estratégica.
Fuerte rechazo de los profesionales
La respuesta de los sectores vinculados al practicaje y la navegación fue inmediata. La Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos Fluviales de la Marina Mercante calificó la reforma como “abusiva e inconstitucional” y anticipó que recurrirá a la Justicia Federal mediante una acción de amparo.
La entidad también anunció una denuncia penal contra los funcionarios que firmaron el decreto, al considerar que la desregulación compromete de manera directa la seguridad náutica en los ríos argentinos.
El cuestionamiento no se limita al practicaje. El secretario general del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo, capitán Mariano Moreno, manifestó su rechazo a los artículos que avanzan sobre la desregulación del comercio de cabotaje y la derogación de la Ley de Cabotaje Nacional.
Según explicó, el proyecto oficial contempla 349 artículos y abarca diferentes actividades y regímenes, además del régimen para la navegación y el comercio de cabotaje.
“Deroga la ley de Cabotaje Nacional, que es la que reserva para buques de bandera argentina y titulaciones argentinas todo el comercio que se hace entre puertos argentinos”, sostuvo Moreno en declaraciones al portal especializado Ser Industria.
El dirigente advirtió que, si la normativa avanza, podrían operar en el país buques de bandera extranjera con menores costos laborales e impositivos y estándares de seguridad diferentes, generando una competencia que, según su análisis, dejaría a la flota nacional en una situación de extrema vulnerabilidad.
“La situación es muy delicada; nosotros decimos que es el tiro de gracia a la Marina Mercante”, afirmó en declaraciones al portal especializado Ser Industria.
Los agroexportadores alertan por el impacto
Mientras el conflicto continúa, la preocupación comenzó a trasladarse con fuerza al sector agroexportador, que depende de la actividad portuaria para colocar la producción argentina en los mercados internacionales.
Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC), advirtió que la cantidad de embarcaciones demoradas aumenta rápidamente.
“A este momento estamos superando los 45 barcos y, en caso de que esto no se solucione en el día de hoy, vamos a estar sumando unos 30 barcos más y así sucesivamente”, explicó al portal especializado Info Campo.
El dirigente puso en números el costo que supone la paralización. “Cada demora de barco es como un taxi que va cobrando entre 50 y 100 mil dólares por día”, graficó.
Desde CIARA-CEC remarcaron, además, que el conflicto no tiene como contraparte al sector agroexportador y que no se trata de un reclamo salarial.
“No hay un reclamo salarial; además, nosotros no somos la contraparte de los prácticos. Ellos brindan un servicio a las agencias marítimas en la vía navegable”, aclaró Idígoras.
La preocupación apunta también a la reputación internacional del país como proveedor de materias primas. Para los exportadores, una prolongación del conflicto podría generar incumplimientos en los contratos internacionales y afectar la previsibilidad de la Argentina frente a sus compradores.
“Argentina puede entrar en una lista de país sucio, un país inseguro a la hora de cumplir con sus contratos de exportación, lo que beneficiaría a competidores directos como Brasil”, advirtió el titular de CIARA-CEC al portal InfoCampo.
El Gobierno intimó a 536 profesionales
Frente al avance de la medida de fuerza, el Gobierno decidió elevar la presión sobre los trabajadores involucrados. La Prefectura Naval Argentina comenzó a enviar cédulas de “intimación perentoria” para que los profesionales retomen la prestación del servicio.
La fuerza sostiene que el practicaje reviste el carácter de servicio público esencial y, en ese marco, notificó individualmente a 536 prácticos para que se pongan a disposición del servicio regular de manera inmediata.
La interrupción afecta el tránsito de embarcaciones que transportan granos, insumos energéticos y diferentes tipos de mercaderías, profundizando el impacto sobre la cadena logística y el comercio internacional.
La Prefectura advirtió además que, si continúa la interrupción de las prestaciones, se podrán iniciar sumarios administrativos y formular denuncias penales. En ese sentido, invocó artículos del Código Penal vinculados al entorpecimiento del transporte por agua y a acciones que puedan poner en riesgo la seguridad de la navegación, con penas que pueden alcanzar los ocho años de prisión.
El escenario, así, quedó planteado en varios frentes simultáneos: el conflicto operativo en los puertos, el enfrentamiento entre el Gobierno y los profesionales, las acciones judiciales que preparan las entidades del sector y la creciente preocupación de quienes necesitan que las vías navegables funcionen con normalidad para sostener las exportaciones.
Una disputa que excede a los puertos
La discusión alrededor del Decreto 690/2026 no se limita a una cuestión laboral o tarifaria. En el fondo aparece un debate sobre el modelo de navegación y comercio exterior que tendrá la Argentina en los próximos años.
Para el Gobierno, la desregulación apunta a reducir costos y hacer más competitivo un sistema que considera excesivamente condicionado por regulaciones y barreras de acceso. Para los gremios y entidades profesionales, la apertura puede traducirse en pérdida de controles, mayor precarización y riesgos para la seguridad náutica, además de afectar la supervivencia de la Marina Mercante nacional.
Mientras tanto, el reloj corre en los puertos. Cada jornada sin normalización suma buques demorados, costos adicionales y presión sobre una cadena logística que tiene en la Hidrovía Paraná-Paraguay uno de sus principales puntos de salida hacia el mundo.
La resolución del conflicto tendrá, por lo tanto, consecuencias que irán mucho más allá de una negociación entre funcionarios y profesionales. Lo que está en juego es la continuidad operativa de una de las principales arterias del comercio exterior argentino y, con ella, la capacidad del país para sostener en tiempo y forma el flujo de exportaciones que necesita para generar divisas.
Santa Cruz, al margen del conflicto: los puertos provinciales operan con normalidad
A diferencia de lo que ocurre en los principales nodos portuarios del país, los puertos de Santa Cruz no se vieron afectados por la medida de fuerza de prácticos, pilotos y baqueanos que mantiene condicionado el movimiento de buques en distintos puntos de la Hidrovía Paraná-Paraguay y otros corredores estratégicos.
Así lo confirmó a La Opinión Austral Walter Uribe, coordinador general de la Unidad Ejecutora Portuaria de la Provincia de Santa Cruz (UN.E.PO.S.C.), quien señaló que la actividad en las terminales portuarias santacruceñas se desarrolla con normalidad y que el conflicto no generó, hasta el momento, inconvenientes operativos en la provincia.
El escenario alcanza a los principales puertos bajo administración provincial. Caleta Paula, en Caleta Olivia, concentra actividad pesquera y brinda soporte logístico; Puerto Deseado mantiene su relevancia por las descargas de la industria pesquera y demás operaciones; mientras que Puerto San Julián sostiene su trabajo costero, logístico y de servicios locales.
También continúa operativo otro puerto clave, el de Punta Quilla, ubicado en cercanías de Puerto Santa Cruz, en la desembocadura de los ríos Santa Cruz y Chico, con actividad vinculada a cargas logísticas, mineras e hidrocarburíferas.
De esta manera, mientras el conflicto nacional genera preocupación por la acumulación de buques demorados y el impacto sobre el comercio exterior, Santa Cruz mantiene por ahora su operatoria portuaria sin afectaciones derivadas de la medida de fuerza.
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