Un discurso para marcar el comienzo de la post pandemia

Este lunes será el inicio del período de Sesiones Ordinarias y el presidente Alberto Fernández intentará trazar el camino de la post pandemia en términos de la recuperación económica.

Algunas de las leyes aprobadas durante las sesiones extraordinarias -los incentivos a la construcción, el consenso fiscal y los límites al endeudamiento externo- son una guía de lo que vendrá. Un tema clave que sobrevolará todo el año tiene que ver con lo energético, desde la puja por los cambios en los cuadros tarifarios para la electricidad y el gas hasta la necesidad de impulsar la producción de los hidrocarburos.

En ese sentido, Fernández anunciaría en los próximos días la nueva ley de Hidrocarburos, clave para potenciar tanto los recursos no convencionales (Vaca Muerta) como los convencionales, con fuerte anclaje en la Cuenca del Golfo San Jorge. La incógnita sigue siendo cuál será el rol de YPF. Según la visión de su flamante titular, Pablo González, la empresa debería tener una mayor presencia territorial.

Federalismo

El Senado ratificó la suspensión del Pacto Fiscal de 2017, pensado por la Alianza Cambiemos para trasladarle el ajuste a las provincias. Eran los tiempos en que el Poder Ejecutivo incentivaba a las jurisdicciones a tomar deuda en dólares, un verdadero salvavidas de plomo para muchas de ellas.

Un conjunto de 14 jurisdicciones emitió títulos por 12.336 millones de dólares, a un plazo promedio de 8,2 años (Neuquén, Mendoza, Chubut, Córdoba, Salta, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, Tierra del Fuego, La Rioja, Jujuy, Río Negro, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires). Entre 2016 y 2018, el stock de la deuda de Chubut se multiplicó por cinco, la de Río Negro por cuatro y la de Tierra del Fuego por casi siete veces.

El 2020 estuvo marcado por la pandemia y por la presencia del Estado Nacional. Según informó Jefatura de Gabinete en su último informe al Congreso (noviembre del año pasado), la asistencia total por temas vinculados al Covid entre las provincias ascendió a 694.000 millones de pesos, el 2,26 por ciento del PBI.

Esto incluyó la distribución de ATN, los préstamos del Fondo Fiduciario de Desarrollo Regional, refuerzo alimentario, Ingreso Familiar de Emergencia y los créditos a tasa subsidiada.

En el caso de Santa Cruz, la asistencia fue de 8.019 millones de pesos. Para el resto de las provincias de la Patagonia, la distribución de recursos fue la siguiente: Chubut (15.157 millones), Neuquén (15.540 millones), Río Negro (13.697 millones) y Tierra del Fuego (4.284 millones).

“La experiencia traumática del endeudamiento mediante la emisión de instrumentos denominados en moneda extranjera, tanto por parte del nivel nacional como de las provincias, exige replantear toda la estrategia de endeudamiento del sector público, tal como se refleja en la actual sanción de la ley de sostenibilidad de la deuda pública nacional”.

“En tal sentido, es imperioso definir un marco claro y sustentable del endeudamiento provincial, que imponga limitaciones claras a ese tipo de endeudamiento, estimulando el acceso a nuevos instrumentos para captar crédito en moneda doméstica”, puede leerse en un documento de trabajo utilizado por los legisladores y legisladoras del Frente de Todos a la hora de tratar el Consenso Fiscal.

Tarifas

La cuestión energética será clave este año. El Gobierno quiere avanzar en un nuevo cuadro tarifario que le ponga fin a la dolarización impulsada por el macrismo. De fondo, hay una puja por el modelo económico hacia el interior de la coalición del Gobierno.

El tema es parte de las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Tanto el organismo como el ministro de Economía, Martín Guzmán, hablan de la necesidad de un reajuste del 30 por ciento. Es el pedido de las empresas. Sin embargo, otra ala del Gobierno sostiene que no debería haber un incremento mayor al 9 por ciento.

Lo que está en discusión es quién pagará la cuenta. Si el Presupuesto 2021 carece de partidas en subsidios, lo que reclaman las empresas debería compensarse con tarifas.

Sin embargo, para un país golpeado por las políticas neoliberales del macrismo durante cuatro años, más las consecuencias de la pandemia, esa ecuación resulta inconducente.

Del análisis no puede escapar que las empresas energéticas obtuvieron ganancias siderales gracias a la dolarización de las tarifas. El Grupo Pampa Energía (Mindlin) obtuvo una rentabilidad integral del ejercicio de 8.435 millones de pesos en 2018, mientras que al año siguiente se anotó una ganancia extraordinaria de 33.000 millones de pesos.

Es decir, un incremento del 291 por ciento. Y entre enero y septiembre del 2020, el Grupo registró una ganancia de 7.156 millones de pesos.

En 2019, el Grupo ENEL -que tiene participación en todos los segmentos eléctricos – obtuvo una ganancia de 4.085 millones de pesos, poco por debajo del resultado del año anterior (4.444 millones). La compañía reconoció en el Balance cerrado en 2019 una deuda con CAMMESA por 2282 millones de pesos y el pago de dividendos, en ese mismo período, de 2.820 millones.

Por lo tanto, al pensar en la cuestión energética, surge una pregunta: ¿quién debería pagar la cuenta? Este es un tema clave sobre el cual deberá definir el presidente.

Hidrocarburos

Alberto Fernández ya tiene en sus manos el proyecto de una nueva Ley de Hidrocarburos elaborado por el secretario de Energía, Darío Martínez, donde también habría hecho aportes Pablo González, flamante titular de YPF.

Al principio de la gestión del FdT, quien intentó elaborar un proyecto de ley fue Guillermo Nielsen, pero había enfocado todas sus energías en blindar a Vaca Muerta. Esto era un problema productivo y político con el conjunto de provincias que cuentan con recursos naturales convencionales.

Al segundo semestre de 2020, había 47.669 personas que trabajaban de manera directa en el sector de los hidrocarburos, distribuidas de la siguiente manera: Neuquén (19.712), Río Negro (2.534), Chubut (13.156), Santa Cruz (6.895), Tierra del Fuego (711), Mendoza (4.105) y Salta (556).

La nueva Ley de Hidrocarburos potenciará tanto la producción convencional como no convencional.

“La Cuenca del Golfo San Jorge continúa siendo clave en cuanto a generación de puestos de trabajo e ingresos para la provincia de Santa Cruz y será determinante en su futuro regional el rol que le asigne la Nación, tanto como los avances que puedan hacerse en materia de reestructuración del sector de servicios. Otro tema no menor es la perspectiva de reconversión de la matriz energética y su vinculación con el sistema científico tecnológico, una cuestión que comienza a estudiarse”, indicó a La Opinión Austral María Eugenia Ortiz, becaria del Centro de Investigación y Transferencia (CIT) de Santa Cruz.

El territorio es clave, como así también la vinculación con la ciencia y la tecnología. El especialista en temas de desarrollo Rubén Zárate escribió junto al exlegislador rionegrino Luis Bardeggia un trabajo sobre la necesidad de vincular a YPF con el territorio y el desarrollo tecnológico.

“La empresa YPF debe establecer la línea de base del desarrollo del sector energético e integrar a la cadena de valor al sector productivo representado por pymes y al complejo de CyT. El proceso requiere el más amplio sentido de integración y complementación institucional, sectorial y territorial”, escribieron en un documento que circuló entre los equipos técnicos del Partido Justicialista.

En este sentido, el discurso del primero de marzo en la Asamblea Legislativa podría ser, con cierto viento a favor, el puntapié de la tan esperada post pandemia, donde las provincias deberían ocupar un rol clave.