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La República Argentina vive horas de intensa definición política y judicial, marcadas por un acontecimiento que, más allá de sus implicancias legales, ha redefinido el “tablero político” nacional. La reciente ratificación de la condena a la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner por parte de la Corte Suprema de Justicia no solo ha monopolizado la agenda informativa, sino que ha desatado una ola de interrogantes y profundas reflexiones sobre el funcionamiento del sistema judicial y el verdadero pulso del poder en nuestro país. Este fallo, que muchos expertos y voces políticas no dudan en calificar de “amañado” y “descarado”, puso a prueba la credibilidad de la justicia.
El caso de Cristina Fernández de Kirchner, desde sus albores, estuvo rodeado de controversia. En declaraciones a LU12 AM680, el reconocido periodista Antonio Novas dijo que el juicio en sí mismo, incluso antes de esta ratificación, fue “cuestionado por constitucionalistas, por abogados y por la política“. Se señalaron irregularidades en la presentación de pruebas por parte de la defensa, tomándose “parcialmente” la evidencia e “ignorándose juicios previos”.
En el mismo sentido expresó que “con abogado con los que dialogamos a diario en Radio 10, por ejemplo, afirman que la condena resulta desproporcionada” y que, para algunos, “no debería haber sido ni condenada porque no hay una prueba tangible. El propio fiscal, en su momento, admitió no tener pruebas tangibles”, basando su postura en “elementos circundantes” expresó Novas.
Sin embargo, el punto más álgido y revelador de esta saga judicial es, sin duda, la velocidad sin precedentes con la que la Corte Suprema actuó. “La secuencia de los hechos es, cuanto menos, llamativa. La Corte tomó intervención en el expediente de Cristina para pronunciarse sobre la condena a partir del 31 de marzo, cuando aceptó el recurso de queja. Apenas 10 días hábiles después, el 16 de abril, el expediente fue remitido al procurador general, para su expresión sobre la condena solicitada en primera instancia. Tras esto, el juez Lorenzetti, uno de los tres magistrados que debían dirimir el caso, realizó polémicas declaraciones públicas en América 24, sugiriendo que el expediente de Cristina debía resolverse rápido.
Este comentario, que Novas calificó de “incorrección“, fue interpretado por Cristina y sus abogados como un rasgo de parcialidad, lo que motivó su impugnación a Lorenzetti.
“Vos hablás con un abogado de Gallegos, vos hablás con un abogado de La Quiaca, vos hablás con un abogado de Buenos Aires, con cualquiera y te va a decir que los recursos ante la Corte Suprema duran más o menos dos, tres, cuatro, cinco años“, señaló Novas, citando al constitucionalista Eduardo Barcesat.
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