Condenaron a la Argentina por la destitución del ex juez Eduardo Moliné O’Connor durante la presidencia de Néstor Kirchner: el escándalo de las guías telefónicas

La Argentina fue condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por las irregularidades cometidas durante el proceso que terminó con la destitución de Eduardo Moliné O’Connor, integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El fallo consideró que el juicio político desarrollado en 2003 vulneró la independencia judicial porque utilizó como fundamento los criterios jurídicos expresados por el magistrado en sus sentencias.

La resolución internacional vuelve sobre uno de los episodios más controvertidos de la renovación del máximo tribunal durante la presidencia de Néstor Kirchner: el caso Meller, relacionado con un reclamo millonario contra el Estado por la impresión y distribución de guías telefónicas para la entonces empresa estatal ENTel.

El tribunal también cuestionó las garantías procesales del juicio político, la falta de una revisión judicial efectiva de la destitución y la posterior revocación de la pensión vitalicia del exmagistrado. Como consecuencia, ordenó al Estado argentino regularizar su situación previsional y pagar indemnizaciones por los daños ocasionados, además de las costas y los gastos del proceso.

El caso Meller: el escándalo por las guías telefónicas de ENTel

El origen del expediente se remonta a un contrato firmado en 1986 entre la entonces estatal Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTel) y la firma Meller S.A., que tenía a su cargo la confección y distribución de las guías telefónicas de Buenos Aires y sus alrededores.

En 1995, después de la liquidación de ENTel, la empresa inició un reclamo administrativo para cobrar supuestas deudas derivadas de esos trabajos. El planteo fue aceptado en 1996 por la interventora de la compañía, María Julia Alsogaray, mediante la Resolución 146.

Sin embargo, el reconocimiento de esa deuda fue cuestionado por distintos organismos de control. La Procuración del Tesoro de la Nación consideró que Meller había renunciado anteriormente a cobrar esos montos y sostuvo que no correspondía efectuar ningún pago.

El conflicto llegó al Tribunal Arbitral de Obras Públicas, que reconoció el reclamo de la compañía. Posteriormente, el Estado intentó cuestionar esa decisión ante la Corte Suprema, pero el máximo tribunal rechazó los planteos.

La intervención de los jueces Eduardo Moliné O’Connor, Antonio Boggiano, Adolfo Vázquez y Guillermo López quedó bajo cuestionamiento porque rechazaron revisar lo resuelto por el tribunal arbitral. La controversia involucraba un compromiso económico que, según las actuaciones parlamentarias, podía alcanzar los 400 millones de pesos en bonos de deuda pública.

La decisión de Néstor Kirchner y la anulación del pago

En julio de 2003, durante los primeros meses de la presidencia de Néstor Kirchner, el Gobierno avanzó con la anulación del reconocimiento administrativo de la deuda.

A través del Decreto 431/2003, firmado el 25 de julio, el Poder Ejecutivo revocó la Resolución 146/96 y declaró su nulidad absoluta e insanable, además de considerar irregulares los actos preparatorios dictados en consecuencia.

La decisión se produjo en medio de una revisión de la composición de la Corte Suprema. El 4 de junio de ese año, Kirchner había reclamado públicamente que el Congreso avanzara con la remoción de integrantes del máximo tribunal.

El caso Meller pasó a ocupar un lugar central en ese proceso y se convirtió en uno de los fundamentos del juicio político contra Moliné O’Connor.

Por qué destituyeron a Eduardo Moliné O’Connor

La Cámara de Diputados formuló nueve cargos contra el magistrado, relacionados con tres expedientes: Meller S.A., Magariños y Macri. Sin embargo, la destitución se apoyó en dos acusaciones vinculadas exclusivamente con el caso de las guías telefónicas.

El 3 de diciembre de 2003, el Senado, constituido en tribunal de juicio político, resolvió removerlo por 45 votos contra 19. Los legisladores consideraron que el magistrado había legitimado judicialmente un procedimiento administrativo fraudulento y que había abandonado arbitrariamente su responsabilidad de ejercer el control de constitucionalidad.

Moliné O’Connor había ingresado a la Corte Suprema en agosto de 1990, durante la presidencia de Carlos Menem. Formó parte de la denominada «mayoría automática», junto con otros magistrados cuyos fallos acompañaron decisiones centrales del gobierno menemista.

La acusación parlamentaria sostuvo que su intervención en el expediente Meller había comprometido al Estado en un reclamo millonario. La Corte Interamericana, en cambio, concluyó que el Congreso utilizó el contenido de las decisiones judiciales como fundamento para apartarlo de su cargo.

En ese sentido, el tribunal internacional estableció que la independencia judicial impide que un magistrado sea removido por las interpretaciones jurídicas que adopta al resolver causas. La posibilidad de un juicio político no está prohibida, pero debe respetar las garantías del debido proceso y no convertirse en un mecanismo de presión sobre los jueces.

Qué irregularidades encontró la Corte Interamericana

La sentencia del caso Moliné O’Connor vs. Argentina, firmada el 20 de agosto de 2026 y notificada el 12 de noviembre, examinó tanto los fundamentos de la destitución como el procedimiento parlamentario y las posteriores actuaciones judiciales.

Uno de los cuestionamientos estuvo relacionado con las recusaciones que había presentado la defensa contra distintos senadores, entre ellos Cristina Fernández de Kirchner, Jorge Yoma, Miguel Pichetto y Jorge Capitanich. La Corte observó que el Senado rechazó esos planteos sin explicar suficientemente los motivos de sus decisiones.

También cuestionó la suspensión preventiva del magistrado, dispuesta el 8 de octubre de 2003 sin goce de haberes. Según el fallo, el Senado no fundamentó la necesidad de aplicar esa medida ni realizó un análisis de proporcionalidad sobre sus consecuencias.

Otro aspecto examinado fue la respuesta de la Justicia argentina a los recursos presentados por Moliné O’Connor para impugnar su destitución. En junio de 2004, la Corte Suprema, integrada por conjueces, rechazó su planteo sin realizar un control adecuado de los cuestionamientos sobre la independencia judicial.

Al respecto, el tribunal interamericano sostuvo que los fundamentos de una destitución deben poder ser revisados cuando se denuncia una vulneración de las garantías judiciales. Esa revisión no implica reemplazar las decisiones políticas del Congreso, sino verificar que respeten los límites establecidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La pensión vitalicia y las indemnizaciones para la familia

La condena internacional también contempló las consecuencias previsionales de la destitución. Después de su remoción, a Moliné O’Connor le revocaron la pensión vitalicia que le correspondía como exintegrante de la Corte Suprema, conforme a la Ley 24.018.

El reclamo judicial para revertir esa decisión se extendió durante más de una década. El exmagistrado falleció el 20 de agosto de 2014, a los 76 años, sin obtener una resolución favorable en vida.

La Corte IDH consideró que la revocación del beneficio vulneró sus derechos a la propiedad privada y a la seguridad social. También determinó que el tiempo que demoró la Justicia argentina en resolver el planteo constituyó una violación de la garantía del plazo razonable.

En materia económica, el fallo estableció que el Estado deberá pagar un total de 655.000 dólares, distribuidos de la siguiente manera:

Además, ordenó regularizar el régimen de pensión que le correspondía al exjuez, incluidos los eventuales derechos de sus beneficiarios, con efectos retroactivos al 20 de agosto de 2014, fecha de su fallecimiento.

Qué deberá hacer ahora el Estado argentino

La Corte Interamericana dispuso que la sentencia constituye por sí misma una forma de reparación, pero estableció otras obligaciones para el Estado.

Entre ellas, ordenó publicar y difundir el fallo y su resumen oficial en medios de comunicación y sitios institucionales, incluidos los de la Corte Suprema, el Congreso de la Nación, el Ministerio de Justicia y la ANSES.

También estableció que las autoridades argentinas deberán interpretar y aplicar el artículo 53 de la Constitución Nacional, que contempla las causales de juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema, de acuerdo con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los estándares internacionales de independencia judicial.

El Estado deberá presentar ante el tribunal un informe sobre las medidas adoptadas para cumplir con la sentencia dentro del plazo de un año desde su notificación.

De esta manera, más de dos décadas después del juicio político que terminó con la salida de Moliné O’Connor del máximo tribunal, la Corte Interamericana responsabilizó internacionalmente a la Argentina por haber utilizado sus decisiones jurisdiccionales como fundamento de su destitución.