La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) anunció un paro nacional docente para el próximo jueves 22 de junio, como respuesta a la violenta represión sufrida por comunidades originarias y docentes en la provincia de Jujuy. Estos hechos ocurrieron en Purmamarca, cuando efectivos de la policía provincial reprimieron a grupos que bloqueaban la ruta 9 y 51. Se reportaron ataques incluso contra menores de edad.
La decisión de convocar al paro fue tomada por la Junta Ejecutiva de CTERA, liderada por Sonia Alesso. En un comunicado difundido a través de Twitter, se expresaron tres puntos clave de rechazo: “Basta de represión al pueblo jujeño“, “aumento salarial” y “rechazo a la reforma“. También se responsabilizó al gobernador Gerardo Morales por la creciente conflictividad en la región, debido a su política de otorgar aumentos salariales por decreto, sin diálogo, y por impulsar una reforma constitucional considerada antidemocrática.
Desde ADOSAC, el gremio mayoritario de los docentes de Santa Cruz habían manifestado su repudio a la represión y a la reforma impuesta por el gobernador jujeño Gerardo Morales.
“Nos solidarizamos con la gran lucha que vienen realizando los docentes junto al pueblo de trabajadores. Manifestamos nuestra solidaridad y Repudio a la reforma constitucional, represiva antidemocrática, ilegal e ilegítima de Gerardo Morales. ¡Exigimos el cese de la represión y criminalización de la protesta social! ¡Libertad a todos/as los/as detenidos!”, escribieron desde las redes sociales del sindicato docente santacruceño.
Sin embargo, el gremio de la Asociación Docentes de Santa Cruz determinó, este domingo, extender una medida de fuerza hasta el 26 de junio y ya suma más de 51 días sin clases.
El conflicto se desencadenó en la intersección de las rutas 9 y 51, en Purmamarca, donde se llevaba a cabo un bloqueo. Imágenes y videos que circularon en redes sociales mostraron a varias personas heridas por balas de goma y gases lacrimógenos, resultado de la represión policial.
Asimismo, se ha difundido una lista con aproximadamente 30 detenidos, entre los cuales se encuentran Natalia Morales, dirigente del PTS-Frente de Izquierda, y Luciano Aguilar, editor general y periodista de La Izquierda Diario.
La situación se agrava con las denuncias de represión contra menores de edad durante las protestas en Jujuy. Marisa Graham, Defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, ha recibido múltiples denuncias al respecto.
El repudio a la represión también ha sido expresado por la Confederación General del Trabajo (CGT). Desde esta entidad sindical, se manifestó que es inadmisible que se recurra a la violencia contra organizaciones que expresan sus reclamos de manera pacífica. En un comunicado emitido por la Secretaría de Derechos Humanos de la CGT, se condenó enérgicamente los actos represivos llevados a cabo por las fuerzas de seguridad del gobernador Gerardo Morales en la provincia de Jujuy.
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