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Las universidades argentinas se encuentran en alerta y movilización luego que en el Congreso no prosperara la insistencia de la Ley de Financiamiento Universitario. Se multiplican las tomas de las facultades y este jueves se declaró un paro total de actividades.
En Río Gallegos, la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA-UARG) se encuentra tomada desde el miércoles por la noche. En tanto que en Caleta Olivia, Claudio Fernández, decano de la UNPA-UACO, expresó a La Opinión Zona Norte su preocupación por lo que pasó: “El no haber logrado revertir el veto a la ley de financiamiento tiene consecuencias directas en nuestra capacidad de actualización de gastos y salarios. Ahora debemos poner foco en la Ley de Presupuesto 2025, ya que, de no obtener una solución, el próximo año se perfila como incierto para el sistema universitario”. Las carreras, como la Licenciatura en Comunicación Audiovisual y la Licenciatura en Trabajo Social, enfrentan mayores dificultades presupuestarias.
El malestar va más allá del veto presidencial; también recae sobre la figura del diputado José Luis Garrido, cuya postura ha sido calificada como “sesgada” y alejada de la realidad del sistema universitario. “Es preocupante que un político no dimensione el impacto de sus decisiones en el sistema en su totalidad”, subrayó Fernández, al tiempo que se programaba una asamblea estudiantil para el lunes, donde se definirán futuras acciones. Aunque no se avanzó en la toma esta semana, es muy probable que sí lo hagan a partir de lunes.
Las Heras
En tanto, en Las Heras se organizan reuniones y encuentros intercarreras, ya que no cuentan con un edificio propio de la universidad. Gabriela Romero, representante del Cibereducativo UNPA en Las Heras, en FM Las Heras 92,1, cuestionó el doble discurso de algunos legisladores, refiriéndose a Garrido, sobre quien dijo “tiene un doble discurso” y busca “debilitar la imagen de las universidades”.
“Las universidades son transparentes y cumplen con rigor los procesos de auditoría“, señaló Romero, al tiempo que defendía la importancia de los recursos destinados a la educación superior, que en muchos casos generan un impacto positivo significativamente superior a otras políticas públicas.
Existe una firme voluntad de la comunidad universitaria por visibilizar sus demandas. La lucha por mejores condiciones de financiamiento parece estar lejos de concluir y las universidades de Santa Cruz se suman a la ola nacional reclamando ser escuchadas por el Gobierno nacional.
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