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La octava jornada del juicio por el hundimiento del ARA San Juan volvió a poner en primer plano una de las causas más sensibles de la historia reciente argentina. En el Tribunal Oral Federal de Río Gallegos, el debate avanzó este jueves con una serie de testimonios técnicos que buscaron reconstruir el estado operativo del submarino, el esquema de mantenimiento, la disponibilidad presupuestaria y la capacidad real de la nave antes de su última misión. Pero la audiencia también dejó una fuerte polémica política y ética, luego de que una de las querellas repudiara con dureza una frase del comodoro Gabriel Attis sobre la labor de los tripulantes fallecidos.

El proceso judicial, que investiga las responsabilidades por el hundimiento e implosión del submarino el 15 de noviembre de 2017, se desarrolla con una dinámica mixta que refleja tanto la complejidad del caso como la dispersión geográfica de sus protagonistas. En esta segunda etapa de audiencias, el juez Guillermo Adolfo Quadrini sigue el debate de manera remota desde Tierra del Fuego, mientras que Enrique Baronetto hace lo propio desde Chubut. La misma modalidad aplica para los imputados Héctor Alonso y Hugo Correa, que participan desde Buenos Aires. En la sala de Río Gallegos estuvieron presentes Luis Enrique López Mazzeo y Claudio Villamide, este último junto a su defensor particular, Juan Pablo Vigliero.

El contralmirante Mario Alessio de espaldas antes de comenzar su testimonio. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

En representación del Ministerio Público Fiscal interviene un equipo encabezado por Gastón Franco Pruzan, acompañado por María Andrea Garmendia Orueta, Lucas Colla y Julio Zárate, fiscal general interino a cargo de la unidad fiscal de Río Gallegos. También participan las querellas, representadas por Valeria Carreras y Luis Tagliapietra, padre de uno de los tripulantes fallecidos. La jornada comenzó cerca de las nueve de la mañana y estuvo marcada por una serie de testimonios que apuntaron a reconstruir, desde el interior de la Armada, qué recursos había disponibles, cómo se gestionaban los trabajos técnicos y cuál era el nivel de preparación del submarino.

El primer testigo en hablar fue el contralmirante Mario Claudio Alessio, un hombre con formación en máquinas que se retiró con 40 años de actividad. Alessio explicó que en 2016 había sido jefe del arsenal naval del ARA Belgrano y que estaba a cargo de tareas de mantenimiento de las naves. Describió un esquema de trabajo en el que cada área contaba con equipos propios, con partidas contables, presupuesto y suministros para llevar adelante las tareas encomendadas.

La sala de juicio este jueves. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

“Mi superior era el jefe de mantenimiento”, indicó, y precisó que en aquella etapa el COA estaba bajo la órbita de López Mazzeo. Su testimonio se enfocó luego en el paso del ARA San Juan por el arsenal en 2017, a mitad de año, cuando trabajó con el capitán Fernández. Según relató, la nave tenía “un problema de periscopio, no mucho más”. También explicó que no recordaba con precisión cuándo se realizaron esos trabajos, aunque sí afirmó que efectivamente se llevaron a cabo.

El segundo testigo fue Francisco Javier Medrano, vicealmirante electricista con 42 años de servicio en la Armada, retirado en 2019. Medrano fue director general de material en 2016 y director general de presupuesto en 2017. Su exposición se centró en la estructura logística y en la cadena de responsabilidades sobre los recursos materiales de la fuerza.

“La principal responsabilidad del director general de material lo logístico respecto del material de la Armada, desde la planificación, después la adquisición y luego la disposición final”, explicó. En cuanto al manejo de los recursos presupuestarios, señaló que el responsable quedaba a cargo de Luis López Mazzeo, quien por entonces era su superior. Respecto del ARA San Juan, Medrano sostuvo que el submarino venía de un trabajo de media vida y que “se estaba llevando a un estado ideal”. También subrayó que, al tratarse de un buque del año 85, “desde mi criterio tenía que ser mejor que el del resto de las unidades”.

Francisco Medrano este jueves frente al tribunal. FOTO: TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE SANTA CRUZ

La tercera declaración de la jornada estuvo a cargo del comodoro Gabriel Attis, submarinista de la Armada retirado en 2021 y expresidente del Consejo del Arma por autorización de Marcelo Srur. Attis aportó datos sobre la capacidad del submarino y el número de tripulantes al momento de la última navegación. Indicó que había 44 personas a bordo y 37 camas, y remarcó que el submarino transportaba más personas de las que podía alojar en condiciones de descanso, aunque también señaló que tenía capacidad para trasladar mucha más gente.

Un momento destacado de la intervención de Attis fue al recordar al Capitán de Fragata Pedro Martín Fernández quien fue el comandante del submarino ARA San Juan al momento de la tragedia: “fue alumno mío, yo daba la materia comunicaciones y era mi área. Era un excelente oficial, un excelente comandante, un oficial de quien uno se saca el sombrero, me costó hacer el duelo” dijo con los ojos vidriosos.

Sin embargo, el cierre de su testimonio desató una fuerte reacción. Attis quiso concluir con una frase que generó malestar inmediato en la sala: “Que los tripulantes eran marinos de guerra entrenados en el peligro y que encima les pagaban un adicional en el sueldo por tarea riesgosa”.

El Ara San Juan llega a Mar del Plata en 2014 para las pruebas de mar e inmersión en la etapa final de alistamiento en 2014. Fue escoltado por los submarinos ARA “Salta” y ARA “Santa Cruz”.

La querella mayoritaria, encabezada por Valeria Carreras, salió al cruce de esas palabras y cuestionó con dureza la forma en que se intentó enmarcar el trabajo de los 44 tripulantes. Carreras consideró que esa expresión desnaturaliza la situación real que atravesaban los submarinistas y minimiza la gravedad de lo ocurrido. “Rechazamos enérgicamente las palabras de Attis. Porque los tripulantes cumplían tareas en tiempos de paz, y de ninguna manera nadie tenía derecho a ponerlos en peligro. La pérdida de su vida no fue por una guerra fue por falta de arreglos del submarino falta de presupuesto y naturalización de las reiteradas irregularidades”, afirmó.

La frase encendió aún más el clima de una audiencia que ya venía cargada por la necesidad de reconstruir, con precisión técnica y judicial, qué condiciones reales tenía la nave antes de zarpar
Lorena Arias, querellante junto a Valeria Carreras cerró: “No puedo dejar de pasar que el compromiso de nuestros 44 no puede ser usado para justificar negligencias, dar la vida por la Patria no puede significar perderla sin sentido”.

Daniel Chaluleu cuando era consultado por una de las partes. FOTO: TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE SANTA CRUZ

Luego llegó el turno del Capitán de Navío Daniel Chaluleu, quien hasta el 2016 fue parte de la tripulación del ARA San Juan y llegó a ser segundo Comandante. Él dijo que era frecuente que hayan anomalías menores, “recuerdo cuando hubo un ingreso de agua en uno de los circuitos hidráulcos, hubo que tomar las medidas que se aconsejan para ese caso” expresó al ser consultado por el fiscal Pruzan.

Chaluleu explicó que en el 2017, fue como invitado de una salida y vuelta por Mar del Plata a bordo del ARA San Juan con Pedro Fernández a cargo. “Fueron unas ocho horas, llegamos hasta el punto de inmersión (una profundidad de 50 metros), en el año que ya estaba retirado, ese viaje fui como invitado”.

El suboficial César Figueroa, quien estuvo en el ARA San Juan entre 2016 2017. Figueroa, de profesión electricista, unos meses antes de la tragedia había sido destinado a realizar una campaña antártica, y tuvo que trasladarse un mes antes del hundimiento del submarino. “Es un premio ir a la Antártida y me fue otorgado”.

El testigo César Figueroa este jueves en las instalaciones del Tribunal. FOTO: TRIBUNAL ORAL FEDERAL SANTA CRUZ

Respecto del último viaje que hizo en el ARA San Juan dijo que: “fue una navegación tranquila, tuvimos una emergencia con un ingreso de agua, se me fue informado, una válvula tenía una pequeña abertura,  faltó poco para que se cierre. Ya no pasaba agua. Esa válvula tiene que estar cerrada durante todo el viaje, se abre en el muelle. En la zarpada hacemos la verificación de las válvulas. Gente del cargo la había verificado y estaba cerrada“.

Hubo una maniobra que realizó Figueroa que no fue informada en su momento al cambio de guardia. “Es un tema de comunicación para cuando tengamos que hacer algún cambio, conocer el estado de la válvula para dejar pasar el aire. Cuando regresamos, no recuerdo si hubo un informe pero si comunicación con otros electricistas sobre esta situación.

Lo que viene

De esta manera concluyó la segunda semana de audiencias en Río Gallegos con una serie de testimonios que permitieron avanzar en la búsqueda de verdad y justicia. Durante estos últimos días surgieron datos claves como la ausencia de dos pruebas clave que debería haber superado el ARA San Juan pero que no se realizaron. Tal como lo informó La Opinión Austral, se trataba de las pruebas de mar de máxima velocidad y máxima profundidad a las que la nave no había sido sometida.

Claudio Villamide pidió ampliar su declaración.

Otro de los puntos clave que se registraron en la sala de juicio fue la denuncia por presunto falso testimonio a un contralmirante. Como informó este diario, ocurrió el martes pasado y se trataba del capitán de navío Ernesto Horacio Blanco. “No recuerdo” y “no sabría decirle” fueron algunas de las respuestas que Blanco dio a alrededor de 25 preguntas que le realizaron y, si bien no constituye un falso testimonio como es conocido habitualmente, podría incurrir como falso testimonio reticente.

¿Cuándo ocurre el falso testimonio reticente? El mismo ocurre cuando un testigo, perito o intérprete, sin mentir explícitamente, calla, oculta o silencia datos, hechos o información relevante que conoce, alterando sustancialmente la verdad en un proceso judicial. Esta conducta dolosa es punible como delito contra la administración de justicia.

Más cerca en el tiempo, uno de los momentos más relevantes se dio con la intervención del contralmirante Eduardo Alfredo Pérez Bacchi, quien integró la Inspección General de la Armada Argentina entre 2016 y 2020 al que le ordenaron hacer una inspección del ARA San Juan. Él remarcó diversas anomalías detectadas en la nave. “Está en resolución, pero se mantiene como observación vigente”, explicó en relación con uno de los puntos señalados. Según el auditor, se había determinado que el ARA San Juan presentaba “deficiencias” que “dificultaban” su alistamiento para cumplir con los planes en vigor.

El contralmirante Eduardo Pérez Bacchi, durante su intervención. FOTO: TRIBUNAL FEDERAL DE SANTA CRUZ

El informe también destacó que, en 2016, el submarino navegó menos de la mitad de las millas, días y horas de inmersión que en 2017. “Entre las conclusiones se menciona al ARA Salta, un submarino que permanece inactivo desde hace años en el puerto de Mar del Plata, y se indica que se encontraba en condiciones similares al ARA San Juan, por lo que esta última unidad no debería haber zarpado”, señalaron fuentes consultadas por este diario.

El Comando de la Fuerza de Submarinos (COF), responsable de elaborar los programas de mantenimiento a través del área de mantenimiento y arsenal, estaba a cargo de Claudio Villamide al momento de los hechos. Ante esta situación, y tras las preguntas de las partes, Juan Pablo Vigliero, defensor de Villamide, adelantó: “Con la cantidad de inexactitudes que se dijeron, vamos a solicitar una ampliación de la indagatoria”.

El debate pasó a cuarto a cuarto intermedio como se había diagramado desde la previa al juicio. Se espera que las partes vuelvan a ser convocadas el próximo 6 de abril en las instalaciones que la Justicia Federal tiene en el primer piso de Kirchner y San Martín. Además de otra batería de testigos, este diario pudo saber que se esta barajando la posibilidad de que Villamide amplíe su declaración ante el tribunal.

Respecto de la denuncia de falso testimonio contra el contralmirante Blanco cabe remarcar que la denuncia fue pasada a la Fiscalía y ahora deberá determinar que resuelve el Ministerio Público y el tribunal. Se espera que para abril lleguen testigos técnicos y familiares de las víctimas.

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