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El Juzgado Federal N.º 3 de Córdoba, a cargo del juez Miguel Hugo Vaca Narvaja, informó este miércoles la identificación de 11 personas que permanecían desaparecidas desde la última dictadura cívico-militar tras el hallazgo de restos óseos en el predio donde funcionó el Centro Clandestino de Detención (CCD) La Perla.

El magistrado comunicó los nombres durante una conferencia de prensa y destacó la trascendencia del hecho para la Memoria, la Verdad y la Justicia. “Es un hecho trascendental para la historia de varias familias cordobesas”, afirmó antes de difundir el listado.

Los restos se localizaron en la zona conocida como “Loma del Torito”, una zona específica ubicada dentro del predio militar de la Guarnición La Calera, en Córdoba, que forma parte del terreno donde operó el Centro Clandestino de Detención (CCD) “La Perla”; un área señalada por sobrevivientes y testigos como sitio de enterramientos clandestinos.

Quiénes son las personas identificadas

Las víctimas eran militantes, estudiantes, técnicos y trabajadores secuestrados entre 1976 y 1977. Sus identidades son:

  • Carlos Alberto D’Ambra Villares: Nacido el 12 de agosto de 1953 en Córdoba, era profesor de educación física. Fue secuestrado el 20 de noviembre de 1976 en la Terminal de Ómnibus de Córdoba. Su hermana, Alicia Raquel, también fue desaparecida.
  • José Nicolás Brizuela: Nacido el 20 de febrero de 1927 en Córdoba, era casado y padre de dos hijos. Trabajaba en la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC), específicamente en el Taller Electromecánico de Villa Revol, y militaba en el Partido Comunista. Fue secuestrado de su casa el 24 de octubre de 1977.
  • Raúl Oscar Ceballos Canton: Conocido como “Tucho”, era cordobés, estudiaba ingeniería y trabajaba en la planta de la empresa automotriz FIAT. Fue una de las víctimas identificadas en el sector “Loma del Torito”.
  • Mario Alberto Nivoli Gauchat: Nacido el 25 de abril de 1948 en Ucacha, Córdoba. Era técnico electricista y estudió Ingeniería Química en la Universidad Nacional del Litoral. Militaba en la Juventud Universitaria Peronista–Montoneros y fue secuestrado en febrero de 1977 a los 28 años.
  • Ramiro Sergio Bustillo Rubio: Nacido el 7 de julio de 1950, era oriundo de San Rafael, Mendoza. Era casado, obrero y estudiante universitario. Militaba en el Partido Comunista y fue desaparecido en 1977.
  • Elsa Mónica O’Kelly Pardo: Nacida el 16 de julio de 1957 en Córdoba. Al momento de su desaparición era una joven militante; su hermano Horacio Víctor también figura en los registros de víctimas de la época.
  • Adriana Carranza Gamberale y Cecilia Carranza Gamberale: Hermanas que fueron secuestradas y desaparecidas durante el mismo periodo represivo en Córdoba. Sus restos fueron hallados e identificados de forma conjunta en las fosas del predio militar.
  • Alejandro Jorge Monjeau López: Nacido el 23 de octubre de 1955 en Mar del Plata, tenía 21 años al momento de su desaparición. Era estudiante universitario, trabajaba como vendedor y ya era padre de un hijo. Fue secuestrado el 14 de marzo de 1977 en la ciudad de Córdoba y visto por sobrevivientes en el centro clandestino “La Perla”.
  • Oscar Omar Reyes de Paniconi: Cordobés y padre de cinco hijos, era ingeniero mecánico y se desempeñaba como obrero en la planta de FIAT. Militaba en el peronismo de base y en el Partido Comunista. Fue secuestrado de su domicilio en el barrio Altamira el 26 de agosto de 1976 por un grupo de tareas vinculado al Tercer Cuerpo de Ejército.
  • Eduardo Jorge Valverde Suárez: Conocido como “Tero”, nació en Mendoza y tenía 36 años. Era abogado egresado de la Universidad Nacional de Córdoba y se destacó por su labor como defensor de presos políticos. Fue secuestrado el mismo día del golpe militar, el 24 de marzo de 1976, en la ciudad de Córdoba, dejando a su esposa y dos hijos.
  • Sergio Julio Tissera Pizzi: Nacido el 16 de septiembre de 1943 en La Para, Córdoba, tenía 32 años al momento de su secuestro. Trabajaba como empleado en la Compañía de Electrificación SADE y desarrollaba su militancia en el ámbito gremial. Fue capturado por las fuerzas represivas el 21 de abril de 1976 en Córdoba Capital.

Organismos de Derechos Humanos señalaron que cada identificación permite cerrar duelos de casi medio siglo y fortalece las investigaciones judiciales en curso por crímenes de lesa humanidad. El juez aclaró que se dieron a conocer 11 de los 12 identificados por pedido expreso de una de las familias que solicitó la reserva.

El rol decisivo del Equipo Argentino de Antropología Forense

La identificación resultó posible gracias a los análisis antropológicos y genéticos realizados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), en colaboración con el Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial de Córdoba.

Un anuncio histórico para las familias y los organismos de Derechos Humanos.

Los peritos trabajaron sobre restos recuperados durante excavaciones realizadas entre septiembre y noviembre de 2025, en el marco de una causa por homicidio agravado iniciada a partir de una denuncia del Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel.

Los estudios incluyeron cotejos de ADN con muestras de familiares, procedimientos que permitieron establecer filiaciones tras décadas de incertidumbre.

Excavaciones en un terreno marcado por el ocultamiento

Las tareas de campo se concentraron en un área de aproximadamente una hectárea dentro de una reserva militar de unas 14 mil hectáreas. Allí los investigadores documentaron restos óseos aislados y mezclados, además de alteraciones del suelo compatibles con movimientos de maquinaria pesada.

Especialistas sostienen que estos indicios confirman las llamadas “operaciones de limpieza”, mediante las cuales la dictadura removió cuerpos antes del retorno democrático para ocultar evidencias.

La investigación combinó testimonios, fotografías aéreas históricas, tecnología LiDAR y análisis geológicos para delimitar las zonas con mayor probabilidad de enterramientos clandestinos.

La Perla, el mayor centro clandestino del interior del país

El CCD La Perla funcionó entre 1976 y 1978 bajo el control del Tercer Cuerpo de Ejército. Se estima que por allí pasaron entre 2.000 y 2.500 personas, la mayoría de las cuales continúa desaparecida.

El hallazgo actual se inscribe en más de dos décadas de búsqueda sistemática en el predio, donde anteriormente se realizaron excavaciones sin resultados concluyentes. Investigaciones recientes permitieron acotar el área gracias a imágenes aéreas de 1979 que evidencian movimientos de tierra posteriores a los crímenes.

Inés Magdalena Uhalde sigue desaparecida

En el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio “La Perla” se la vio por última vez a Inés Magdalena Uhalde.

La joven, nacida en Puerto Deseado (Santa Cruz) en 1956, se había trasladado a Córdoba para estudiar Historia en la Universidad Nacional de Córdoba. El 12 de agosto de 1976 fue secuestrada en esa ciudad, cuando tenía 20 años, y posteriormente fue vista por sobrevivientes dentro de La Perla, uno de los principales centros de represión ilegal del país.

Ines Magdalena Uhalde nació e Puerto Deseado y desapareció durante la dictadura cívico militar a los 20 años en Córdoba.

Testimonios incorporados a investigaciones oficiales, como los reunidos por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), indican que allí fue sometida a torturas. Desde entonces permanece desaparecida.

Además de su condición de estudiante universitaria, Uhalde realizaba trabajos domésticos y tenía participación política vinculada a la Organización Comunista Poder Obrero (OCPO), una organización político-militar argentina de izquierda que actuó principalmente a mediados de la década de 1970 y dejó de operar a fines de esa década, aunque distintas fuentes señalan versiones dispares sobre el grado de su militancia.

Impacto judicial y humano del hallazgo

Además del valor simbólico y reparador, las identificaciones constituyen evidencia directa en procesos judiciales por delitos de lesa humanidad. La Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Córdoba interviene en la causa, que sigue abierta.

Las autoridades judiciales notifican primero a los familiares y, con su consentimiento, difunden la información pública. El proceso también incluye la restitución de restos para sepultura digna.

Desde los organismos de derechos humanos subrayan que el trabajo del EAAF continúa y que aún existen áreas por explorar dentro del predio militar.

Búsqueda que continúa

El equipo forense planea retomar las excavaciones durante 2026 para completar la prospección de sectores pendientes. Paralelamente, se solicita a familiares de desaparecidos que actualicen sus datos o aporten muestras genéticas para facilitar nuevas identificaciones.

A casi medio siglo del terrorismo de Estado, cada avance permite reconstruir lo ocurrido y sostener los procesos de memoria colectiva. La identificación de estas víctimas no solo restituye nombres y biografías, sino que reafirma la responsabilidad de investigar los crímenes y evitar su repetición.

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