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La mañana del lunes volvió a encontrar al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Río Gallegos sumergido en uno de los procesos judiciales más sensibles de la historia reciente argentina con una cobertura de La Opinión Austral a la altura de los acontecimientos. Cerca de las 9:30, jueces, fiscales, querellantes, defensores y familiares retomaron el debate oral que intenta esclarecer las responsabilidades detrás del hundimiento del ARA San Juan, la tragedia naval que en noviembre de 2017 terminó con la vida de 44 tripulantes y dejó una herida todavía abierta en la sociedad argentina.
La jornada correspondió a la vigésima segunda audiencia del proceso, contabilizando también la reciente inspección ocular realizada el pasado 8 de mayo en el ARA Santa Cruz, submarino gemelo del San Juan, una medida que continúa generando repercusiones dentro del expediente judicial.
En la sala estuvieron presentes los jueces Mario Gabriel Reynaldi y Luis Giménez, mientras que Enrique Baronetto y Rodolfo Quadrini siguieron el desarrollo del debate de manera remota, a través de Zoom. Desde el inicio se informó que Baronetto participaría virtualmente luego de haber sido padre el viernes anterior, noticia que distendió brevemente el clima de una causa atravesada por años de dolor, acusaciones y fuertes disputas técnicas.
Por parte del Ministerio Público Fiscal participaron Julio Zárate, Lucas Colla, Gastón Pruzan y María Garmendía. También estuvieron presentes los querellantes Valeria Carreras, Lorena Arias y Luis Tagliapietra. En el banquillo de los acusados permanecieron los ex oficiales Claudio Villamide, Luis Enrique López Mazzeo, Héctor Aníbal Alonso y Hugo Miguel Correa, imputados por incumplimiento de deberes de funcionario público, omisión de deberes de oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte.
Antes de ingresar de lleno en las declaraciones testimoniales, el abogado defensor de Villamide, Juan Pablo Vigliero, consultó sobre la situación de un testigo pendiente de comparecencia. Desde Secretaría se informó que el hombre ya había sido incorporado al Sistema Federal de Comunicaciones Policiales, aunque todavía no existían novedades sobre su ubicación o presentación.
El defensor también comunicó que desistía de un testimonio vinculado a la Armada al considerar que los puntos que pretendía abordar ya habían sido suficientemente tratados por otros declarantes durante audiencias anteriores.
La primera declaración de la jornada estuvo a cargo del comandante Pablo Manuel Garay, quien realizó un repaso de su extensa trayectoria dentro de la Armada Argentina antes de responder preguntas de la defensa.
Durante buena parte de su exposición, Garay se concentró en explicar normativas internas, protocolos técnicos y procedimientos vinculados al funcionamiento operativo de los submarinos. Uno de los puntos centrales giró alrededor de las denominadas “pruebas de 48 horas”, una serie de controles considerados esenciales antes de cualquier navegación. “Son básicas”, afirmó el comandante. Luego explicó que durante esas pruebas “cada tripulante verifica que los sistemas bajo su responsabilidad cumplan con sus funciones”.
Garay detalló además que el submarino es sometido a un cierre hermético al vacío y que, tras algunos minutos, se comprueba la estanqueidad general de la nave.
La audiencia volvió inevitablemente sobre uno de los elementos más discutidos del juicio: la válvula Eco19, señalada en distintas hipótesis como el punto de ingreso de agua hacia el sistema de baterías. Garay explicó que se trata de “la válvula perteneciente al sistema de ventilación del submarino y para la carga de baterías” y aclaró que “debe estar cerrada en navegación y abierta en puerto”.
Tras el cuarto intermedio, el fiscal avanzó sobre documentación vinculada a las pruebas de mar realizadas durante 2014 y algunos puntos pendientes de ejecución surgidos durante aquel período.
El comandante respondió que, luego de las tareas efectuadas en el astillero Tandanor, el submarino navegó en superficie hasta Mar del Plata y sostuvo que, según los informes que revisó, el ARA San Juan “estaba en condiciones para cumplir con todas las misiones que tenía asignadas”.
También aseguró que las refacciones realizadas “no implicaban riesgo a la seguridad”. Más adelante, la querella mayoritaria volvió sobre las pruebas de 48 horas y Garay insistió en que se trataba de controles exhaustivos y minuciosos destinados a determinar la operatividad real de cada sistema del submarino.
El segundo testigo de la jornada fue Adrián Colela, ex submarinista y compañero de promoción de Héctor Alonso, uno de los imputados. Colela ingresó a la Armada en 1985, realizó el curso de submarinos en 1992 y ocupó distintos cargos jerárquicos dentro de la fuerza hasta retirarse en octubre de 2017, apenas semanas antes de la tragedia.
Durante su carrera llegó incluso a comandar el ARA San Juan entre 2014 y 2015, lo que convirtió su declaración en una de las más esperadas de la audiencia. Desde el inicio, el ex comandante defendió el criterio operativo de la Armada y la autonomía de quienes conducen este tipo de embarcaciones.
“Ellos tienen que tener la mayor libertad de maniobra”, sostuvo al referirse a los comandantes. “A mí me dieron la libertad para que yo pueda desempeñarme”, agregó y en otro tramo remarcó: “Uno, si no tiene el buque seguro, no puede salir a operar”.
Colela explicó que las tripulaciones realizan múltiples verificaciones antes de cada misión y fue categórico respecto de las pruebas previas obligatorias.
“Un submarino no puede salir si no hizo las pruebas de 48 horas. Eso nunca pasó”, afirmó y luego revisó distintas novedades técnicas registradas sobre el ARA San Juan en septiembre de 2017 y sostuvo que no detectó cuestiones críticas que impidieran la navegación. “De esta observación no veo ninguna tarea que no sea crítica, nada que impida navegar. Esto no afecta a la navegación operativa de la nave”, aseguró e incluso fue más allá al afirmar: “El comandante estaba seguro que, mínimo hasta 200 metros, la nave era segura”.
La defensa le exhibió posteriormente índices de calificación técnica del submarino correspondientes a septiembre de 2017, donde figuraban habilitados los sistemas de navegación y comunicaciones.
En función de esos documentos, Colela sostuvo: “Veo que este buque tiene sus equipos en funcionamiento. El buque era seguro para operar”. Sin embargo, el tono de la audiencia se endureció cuando la fiscalía comenzó a interrogarlo sobre falencias detectadas durante las pruebas de mar realizadas mientras él mismo estaba al mando del submarino.
Colela reconoció algunos inconvenientes puntuales. “Con personal de Siemens fue cuando fallamos en la prueba de velocidad”, explicó, aunque insistió en que durante su período “el buque estaba operativo” y podía realizar “las pruebas clave como la de profundidad”.
La tensión escaló todavía más cuando intervino la querellante Valeria Carreras, quien avanzó con preguntas directas sobre el estado y ubicación del ARA San Juan. Según pudo percibirse en la sala, el ex comandante respondió con visible incomodidad y en tono más bajo que durante el resto de su exposición.
El cierre de la jornada quedó en manos de Carlos Alberto Clark, capitán de navío de superficie y especialista maquinista, también convocado por la defensa de Villamide.
Clark repasó su extensa carrera dentro de la Armada y recordó su paso por la base naval de Ushuaia durante 2017, cuando el ARA San Juan participó de una de sus últimas misiones antes del hundimiento.
Según relató, mantuvo conversaciones con Pedro Martín Fernández, comandante de la nave en aquellos días.“Hablamos con Pedro Martín Fernández y nos dijo que no le había pasado nada a la nave”, declaró. Clark aseguró además que consultó específicamente si existían reparaciones pendientes. “Le pregunté si tenía algo para reparar y me dijo que no tenía nada para reparar”, afirmó. La frase más contundente de su testimonio llegó sobre el final, cuando buscó defender el profesionalismo de la tripulación y de los mandos navales. “No hubo ningún comentario sobre algún problema de la nave. Nosotros no somos temerarios, nosotros somos profesionales”, expresó.
Con cada nueva audiencia, el juicio por el hundimiento del ARA San Juan sigue dejando al descubierto dos miradas completamente opuestas sobre lo ocurrido: por un lado, la postura de quienes sostienen que el submarino estaba operativo y apto para navegar; por el otro, la acusación de las querellas, que insiste en que la nave jamás debió haber salido al mar en esas condiciones. Este martes se retomará el debate.
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