El PRO fue a la Justicia para frenar el acuerdo entre La Libertad Avanza y el kirchnerismo para designar a Juan Forlón en la AGN

El bloque de diputados nacionales del PRO formalizó una ofensiva judicial para frenar la designación de autoridades de la Auditoría General de la Nación (AGN), entre ellas la del abogado santacruceño Juan Ignacio Forlón. La acción fue presentada por el presidente del bloque, Cristian Ritondo, quien promovió un recurso de amparo contra el Congreso de la Nación para anular la resolución que aprobó los nombramientos durante la madrugada del 18 de diciembre.

La presentación apunta contra la resolución 7018-D-2025 de la Honorable Cámara de Diputados, mediante la cual se designó como auditores generales a Rita Mónica Almada, vinculada a La Libertad Avanza; Juan Ignacio Forlón, identificado con el kirchnerismo; y Cinthia Pamela Calletti, cercana políticamente al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz. Para el PRO, el procedimiento fue “abiertamente inconstitucional” y constituye un caso de extrema gravedad institucional.

El amparo presentado por Ritondo

En el escrito de 29 páginas presentado ante la Justicia, Ritondo actuó por su propio derecho en su carácter de diputado nacional y presidente del bloque PRO. Con el patrocinio letrado de la abogada Tiziana Díaz, solicitó que se declare la inconstitucionalidad y la nulidad absoluta de la resolución que designó a los auditores de la AGN.

Además, pidió el dictado de una medida precautelar urgente y, posteriormente, una medida cautelar de no innovar para que la Auditoría General de la Nación se abstenga de aceptar o ejecutar cualquier acto que implique la asunción o el ejercicio de funciones por parte de los auditores designados, hasta que exista una sentencia judicial firme.

Según el planteo, la Cámara de Diputados actuó sin competencia constitucional al incorporar un tema no habilitado en el temario de las sesiones extraordinarias convocadas por el Poder Ejecutivo.

La clave del planteo: sesiones extraordinarias

Uno de los ejes centrales del amparo es la presunta violación del artículo 63 de la Constitución Nacional. Ritondo sostuvo que el decreto presidencial que convocó al Congreso a sesiones extraordinarias en diciembre de 2025 no incluyó la designación de autoridades de la AGN entre los temas habilitados.

El decreto 865/2025 estableció un temario acotado que incluyó el Presupuesto 2026, la Inocencia Fiscal, el Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria y otros proyectos a enviar por el Ejecutivo, pero no contempló ninguna cuestión vinculada a la Auditoría General de la Nación.

Para el PRO, durante las sesiones extraordinarias el Congreso carece de facultades para incorporar temas por iniciativa propia, y cualquier actuación fuera de ese marco resulta nula por falta de competencia funcional.

La madrugada del 18 de diciembre bajo la lupa

El escrito judicial reconstruyó en detalle lo ocurrido entre el 17 y el 18 de diciembre en el recinto de Diputados. Según Ritondo, cerca de las 2:55 de la madrugada, cuando aún quedaba un proyecto del temario por tratar, el jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, formuló de manera sorpresiva una moción para designar a los auditores de la AGN.

El planteo se realizó, según el PRO, sin especificar el tipo de moción, sin pedir apartamiento del reglamento, sin dictamen de comisión, sin debate previo y sin acuerdo de Labor Parlamentaria. Además, se propuso votar la terna completa en una sola votación y tomar juramento inmediato a los designados.

Ritondo afirmó que objetó de inmediato la maniobra y advirtió en el recinto que se trataba de una violación flagrante de la Constitución Nacional. También recordó que la AGN es un órgano extrapoder de rango constitucional, creado por el artículo 85 de la Carta Magna, y que su integración no puede tratarse como un asunto administrativo interno.

Retiro de bloques y votación cuestionada

Ante la decisión de avanzar con la votación, el bloque PRO y otras bancadas opositoras se retiraron del recinto para no convalidar lo que consideraron un acto manifiestamente inconstitucional. Pese a ello, la Presidencia de la Cámara sometió la moción a votación a mano alzada.

El resultado fue de 186 votos afirmativos, ningún voto negativo y tres abstenciones. Minutos después, alrededor de las 3:08, se tomó juramento a los auditores designados, un hecho que, según el amparo, agrava la irregularidad del procedimiento y evidencia que la decisión ya estaba previamente acordada.

Violación del reglamento y del debido proceso legislativo

El PRO sostuvo que el procedimiento vulneró el Reglamento de la Cámara de Diputados, que exige una mayoría agravada de tres cuartas partes para tratar asuntos no incluidos en el temario de una sesión especial. Según el escrito, ese requisito nunca se cumplió de manera formal ni explícita.

En ese sentido, Ritondo argumentó que no se trató de una simple irregularidad formal, sino de una violación sustancial del debido proceso legislativo que lesionó los derechos de las minorías parlamentarias y quebró el equilibrio institucional del Congreso.

“El respeto de las reglas constitucionales y reglamentarias no es una exigencia ritual, sino una garantía esencial para que todos los diputados puedan ejercer la función representativa”, afirmó el escrito.

Derechos políticos y gravedad institucional

Otro de los puntos centrales del amparo es la supuesta violación de los derechos políticos de Ritondo y de los diputados de su bloque. Según la presentación, la maniobra les impidió participar de manera plena en un procedimiento deliberativo válido para la designación de autoridades de un órgano constitucional clave para el control del Estado.

El escrito advirtió que permitir la integración de la AGN mediante un procedimiento viciado implicaría desnaturalizar el sistema republicano, afectar la soberanía popular y sentar un precedente que habilite a las mayorías circunstanciales a actuar al margen de la Constitución.

Pedido de nulidad total

Finalmente, el PRO solicitó que la Justicia declare la nulidad absoluta de todo lo actuado y restituya el estado institucional previo a la resolución impugnada. También planteó expresamente el caso federal, al considerar que están en juego normas y principios de jerarquía constitucional, con el objetivo de dejar abierta la vía para llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.