Luego de la recuperación de la democracia en Bolivia con la asunción de Luis Arce, se retomaron las relaciones diplomáticas con el país del altiplano, en pos de un camino de diálogo y colaboración.
Sobre la actualidad del vínculo entre los gobiernos de Alberto Fernández y Arce, el embajador boliviano ante la ONU, Diego Pary, afirmó a Télam que el actual mandatario de su país “está interesado en fortalecer las relaciones diplomáticas con la Argentina“.
Alberto Fernández junto al primer mandatario boliviano, Luis Arce. (FOTO: TÉLAM)
Sin embargo, una serie de problemas en los intercambios comerciales se presentan como situaciones que incomodan en las relaciones y que necesitan una rápida solución para fortalecer las interacciones diplomáticas y empresariales.
Entre los obstáculos se plantean cuestiones como las trabas sanitarias para la exportación de ganado y otros productos primarios, inhabilitación para el ingreso de empresas argentinas del sector lácteo y, sobre todo, ejecuciones del Estado boliviano en contra de empresas argentinas del rubro infraestructura.
Problemas en el rubro de construcción
Uno de los casos más preocupantes es el de la empresa mendocina Cartellone S.A. Esta compañía con más de 100 años de historia es una de las líderes de la construcción en Argentina. No obstante, a principios de julio de este año presentó su concurso preventivo de quiebra con el objetivo de reorganizar forzosamente su pasivo para seguir operando.
Según comunicó la propia empresa, uno de los principales motivos de esta determinación es la no resolución de litigios por obras ejecutadas en Bolivia.
Se trata de los proyectos de construcción del Túnel de Incahuasi y de dos tramos de la ruta Ipati-Monteagudo en el límite de los departamentos de Chuquisaca y Santa Cruz. Las obras comenzaron los primeros meses del 2015 y fueron suspendidas a principio del 2019 debido a la falta de recursos económicos para poder continuar los trabajos.
Obra de construcción del Túnel de Incahuasi, Bolivia.
La compañía cuyana, advirtió a la Administración Boliviana de Carreteras (ABC) que el presupuesto aprobado no contemplaba las particularidades geológicas del terreno y tampoco los acuíferos internos que corrían por el cerro Incahuasi. Esas características del terreno exigían mayores cantidades de material y de trabajo por lo que no se podía avanzar sino se aumentaba en más de un 25% el presupuesto.
Las obras ya tenían un avance del 85% al momento de la suspensión. A pesar de esto, las autoridades bolivianas decidieron rescindir los contratos, ejecutar garantías millonarias y relicitar las obras.
La misma suerte corrió un proyecto de construcción de carretera adjudicado a las empresas argentinas Electroingenieria, Boetto Butigliengo, Vialco y otras.
Se trata de la carretera de la Ruta 3 Santa Bárbara-Caranavi-Quiquibey de 180 km situada en la zona selvática de los Yungas. Como en las obras adjudicadas a Cartellone, el proyecto ejecutivo fue desarrollado por una consultora externa al consorcio constructor y supervisado por la ABC.
En el desarrollo de los trabajos las empresas argentinas advirtieron a las autoridades bolivianas de las complicaciones técnicas, geográficas, geológicas y climáticas de esta carretera, no contempladas en el proyecto y en el presupuesto del mismo.
Otra vez, el proyecto tenía un grado considerado de avance pero la administradora estatal decidió de forma unilateral y sin observar las alternativas presentadas, rescindir el contrato ejecutando las millonarias garantías.
Diego Pary, embajador boliviano ante la ONU.
Al respecto de este tema, el embajador Diego Pary sostuvo que en los últimos años en la región “se han interrumpido diferentes dinámicas comerciales“, lo que derivó en “temas económicos que están siendo retrasados” y que “están siendo conflictuados”, pero agregó que “va a ser posible resolverlos a partir de la buena relación bilateral que existe entre los países“.
En tanto, las empresas argentinas siguen reiterando sus quejas por la “acción arbitraria” del Estado boliviano y su preocupación por la “inseguridad jurídica” que viven al presentar sus reclamos en la justicia de ese país. Y no descartan elevar los reclamos a tribunales internacionales.
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