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Las exportaciones mineras argentinas podrían alcanzar los USD 9.000 millones en 2026, impulsadas principalmente por la suba de los precios internacionales del oro y el crecimiento sostenido del litio. La estimación, difundida por la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), representa un incremento cercano al 49% respecto a 2025, cuando el sector cerró con USD 6.056 millones.

El dato posiciona a la minería como uno de los principales motores de ingreso de divisas en el corto plazo. Sin embargo, desde la propia industria advierten que el crecimiento no debe medirse únicamente en volumen exportador, sino también en su impacto real sobre la economía local, el empleo y la cadena de valor.

Precios altos y producción desigual

El crecimiento proyectado responde a dos dinámicas diferenciadas dentro del sector. Por un lado, el fuerte desarrollo del litio, que mostró un incremento significativo tanto en producción como en exportaciones. La producción pasó de 35.000 toneladas de carbonato equivalente en 2022 a 116.100 en 2025, lo que implica un aumento del 241%. Para 2026, las ventas externas podrían superar los USD 1.400 millones.

Por otro lado, el salto en las exportaciones de oro y plata se explica principalmente por la mejora de los precios internacionales. En el caso del oro, el incremento en el valor exportado se produjo incluso con una caída en los volúmenes de producción, lo que evidencia una fuerte dependencia del sector respecto del contexto global.

El presidente de la CAEM, Roberto Cacciola, advirtió sobre esta situación: “Si los precios regresaran a los niveles de 2022, ninguna mina de oro y plata podría sostener sus operaciones en la Argentina a causa de los altos costos actuales”.

Esta afirmación pone de relieve una limitación estructural: la competitividad del sector sigue atada a factores externos más que a mejoras internas en productividad.

Roberto Cacciola, presidente de la CAEM.

Peso territorial y dependencia provincial

La minería tiene un impacto particularmente fuerte en un grupo reducido de provincias, donde representa un componente central de la economía. Según datos del sector, la actividad explica el 93,2% de las exportaciones de Catamarca, el 85,5% de Santa Cruz, el 85,4% de San Juan, el 80,6% de Jujuy y el 44,2% de Salta.

En términos generales, la minería equivale a cerca del 20% del volumen económico del agro, lo que permite dimensionar su peso relativo dentro de la estructura productiva nacional.

Este nivel de concentración territorial también expone la dependencia de ciertas economías regionales respecto del desempeño del sector minero.

RIGI, inversiones y tensión por proveedores

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) aparece como una herramienta clave para el crecimiento futuro de la minería. Actualmente, existen 13 proyectos presentados, de los cuales siete ya fueron aprobados.

De concretarse en su totalidad, estos proyectos podrían generar exportaciones adicionales por USD 22.000 millones hacia 2035, con foco en el desarrollo de cobre y litio.

No obstante, el esquema también genera tensiones en torno al desarrollo de proveedores locales. Bajo las condiciones actuales, hasta el 80% de los bienes y servicios podrían ser importados.

Cacciola advirtió sobre este punto: “Eso resultaría contraproducente para el país. Tan malo es un compre local indiscriminado como permitir que cualquier insumo pueda ser importado sin discusión. El desarrollo minero debe crear un efecto derrame positivo en Argentina”.

El debate gira en torno a cómo equilibrar la atracción de inversiones con el fortalecimiento del entramado productivo nacional.

Empleo y estructura productiva

La minería genera actualmente más de 100.000 empleos directos en Argentina, con un efecto multiplicador de dos puestos indirectos por cada trabajador formal. Además, el salario promedio del sector supera en 2,5 veces el nivel nacional, mientras que la informalidad se mantiene en niveles bajos, en torno al 1,3%.

El sector también cuenta con una amplia red de proveedores: alrededor de 800 empresas vinculadas a proyectos en desarrollo y unas 550 en operación.

Sin embargo, la expansión del empleo está directamente ligada a la concreción de nuevas inversiones y a la capacidad de formar mano de obra calificada, lo que representa otro de los desafíos estructurales.

Obstáculos estructurales y marco regulatorio

A pesar del escenario favorable en términos de precios, el crecimiento del sector enfrenta limitaciones vinculadas a infraestructura, normativa y coordinación política.

Uno de los puntos críticos es la situación de la Ley de Glaciares, que continúa judicializada y condiciona el avance de proyectos estratégicos. Según indicó Cacciola, entre 100 y 200 áreas del inventario del IANIGLA se encuentran bajo revisión, lo que podría definir el ritmo de expansión de la actividad.

A esto se suma la falta de infraestructura logística adecuada. Desde el sector plantean la necesidad de desarrollar corredores que conecten con el Atlántico y el Pacífico, incluso contemplando salidas a través de puertos chilenos, en el marco de una planificación a largo plazo.

Un consenso político con condiciones

Desde la industria destacan un cambio en el escenario político, con mayor alineamiento entre el Gobierno nacional y las provincias en apoyo a la minería como política productiva.

Gobernadores de distintos espacios políticos han manifestado su respaldo al desarrollo del sector, lo que representa una oportunidad en comparación con etapas anteriores.

Sin embargo, este consenso convive con desafíos regulatorios y judiciales que aún generan incertidumbre sobre el futuro de las inversiones.

“Si no logramos consenso, no nos va a ir bien”, concluyó Cacciola.

La proyección de exportaciones para 2026 se apoya en un contexto internacional favorable y en proyectos en marcha. No obstante, el crecimiento sostenido dependerá de decisiones clave aún en discusión: reglas de juego claras, infraestructura adecuada y la capacidad de traducir la expansión en empleo y desarrollo local.

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