El diputado nacional José Luis Garrido, referente político del gobernador Claudio Vidal, presentó un proyecto de ley que propone la intervención federal del Poder Judicial de Santa Cruz. La iniciativa, ingresada este miércoles al Congreso Nacional, apunta a “garantizar la forma republicana de gobierno y la independencia de los jueces”, en un contexto de máxima tensión dentro del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
El texto, al que accedió La Opinión Austral, prevé que el Poder Ejecutivo Nacional encabezado por el presidente Javier Milei tenga la potestad de designar un interventor federal con autoridad para revisar, suspender o ratificar a jueces y funcionarios judiciales de toda la provincia.
Según el artículo 1° del proyecto, la medida tendría como objetivo “restablecer el normal funcionamiento institucional” del Poder Judicial santacruceño, que atraviesa una crisis política sin precedentes.
Qué plantea el proyecto
El documento presentado por Garrido consta de 11 artículos y declara la intervención federal del Poder Judicial de la Provincia de Santa Cruz por un plazo inicial de 180 días, prorrogable por igual término.
Durante ese período, todos los magistrados y funcionarios quedarán en comisión, y el interventor —nombrado por el presidente— podrá dictar reglamentos, revisar nombramientos y remover o suspender jueces si lo considera necesario para garantizar la independencia judicial.
El texto especifica que el interventor no podrá ejercer funciones jurisdiccionales, pero sí tendrá facultades administrativas amplias para reorganizar el sistema judicial, garantizar la transparencia y “restaurar la legalidad institucional”.
Además, instruye al Ministerio de Justicia de la Nación para supervisar el proceso y al Ministerio de Seguridad para garantizar el cumplimiento de la intervención mediante el uso de fuerzas federales, si fuera necesario.
Un conflicto judicial que se nacionaliza
La propuesta llega en medio de una crisis sin precedentes en la Justicia santacruceña, que comenzó cuando el gobernador Claudio Vidal impulsó la reforma de la composición del TSJ ampliándolo de cinco a nueve miembros, en el marco de una serie de cambios en la Justicia. Eso generó una disputa interna en la cúpula del POder Judicial que derivó en la remoción de Daniel Mariani como presidente del Tribunal Superior de Justicia y la designación de Reneé Fernández en su reemplazo por parte de los vocales Fernando Basanta, Paula Ludueña y Alicia Mercau, en una resolución polémica.
El conflicto escaló cuando Mariani denunció un “golpe de Estado palaciego” dentro del Poder Judicial y advirtió la posibilidad de juicio político contra sus pares por “mal desempeño y abuso de autoridad”. En una carta formal dirigida a los demás jueces, Mariani sostuvo que los nuevos vocales Sergio Acevedo y José González Nora designados por la Legislatura se encuentran “legalmente en funciones” y que la ley que amplió el número de miembros del TSJ de cinco a nueve sigue plenamente vigente, por lo que su remoción con la firma de cuatro vocales no era válida.
Los cuatro vocales consideraron esa nota una “amenaza velada”, interpretando que Mariani estaba preparando una denuncia formal contra ellos. El enfrentamiento institucional se profundizó cuando el dirigente removido insistió en que aún “legalmente” seguía siendo el presidente del cuerpo y este mismo miércoles le tomó juramento a los restantes vocales designados por la Legislatura y el gobernador, Gabriel Contreras y Lucio De La Vega.
Argumentos constitucionales y alcance político
El proyecto de Garrido se apoya en los artículos 5, 6 y 75 inciso 31 de la Constitución Nacional, que facultan al Congreso a intervenir una provincia cuando está en riesgo la forma republicana de gobierno o la independencia de sus poderes.
Desde la Cámara de Diputados de la Nación, el diputado nacional Jose Luis Garrido utilizó la cuestión de privilegio para exponer la situación del Poder Judicial en Santa Cruz y asegurar que hay un conflicto de poderes en la provincia.
Garrido afirmó que la provincia está “devastada económica y socialmente, con procesos judiciales eternos y detención de ex funcionarios nacionales por malversación de fondos, replicando modelos de partidos judiciales”.
El diputado explicó que, tras décadas de gobiernos kirchneristas, ciertos sectores se atrincheraron en el Tribunal de Cuentas y en el Tribunal Superior de Justicia, bloqueando el avance de denuncias penales impulsadas por el actual gobierno provincial a cargo del gobernador Claudio Vidal.
El legislador explicó que “el Tribunal de Cuentas, donde hay mayoría kirchnerista que impide avanzar con todas las certificaciones y los procedimientos administrativos para para avalar y darle lugar a la justicia para que lleve adelante distintos hechos de corrupción
que han sucedido en la provincia de Santa Cruz”.
Antes de adelantar que iba a pedir la intervención federal, Garrido explicó que una vez que el kirchnerismo perdió el Gobierno en Santa Cruz y el poder político “se atrincheraron en el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Santa Cruz, donde parientes, amigos; la ex funcionaria de Alicia Kirchner, que hacía de su vez de asesora letrada de la ex gobernadora, de la Legal y Técnica; como el exministro de Gobierno, designado como vocal en el Superior Tribunal de Justicia, sin ni siquiera respetar un mandato Constitucional que habla de los 6 años en el ejercicio de la profesión. Yo participé en esa Legislatura cuando se lo nombró a Fernando Basanta, cuestión que ahora tiene que resolver la Corte Suprema de Justicia y lamentablemente en esa ocasión también
se cerró el debate”.
El diputado que responde al gobernador Claudio Vidal recordó que el kirchnerismo “se quejaba del Partido Judicial cuando la procesaban a Cristina y la terminaron metiendo presa. Les quiero avisar que que en Santa Cruz también copiaron ese modelo. También se organizaron su partido político judicial, atrincherando a la gran mayoría de los dirigentes del kirchnerismo y de La
Cámpora en el Poder Judicial”, agregó.
Para Garrido la intervención federal “es la única forma de poder terminar este uso y abuso de adoctrinamiento político en la
justicia, por una cuestión democrática y respeto de poderes”.
De aprobarse la norma, el presidente Javier Milei tendría la potestad de designar a un interventor federal con control directo sobre la Justicia provincial, una medida de alto impacto político que abriría un nuevo capítulo en la relación entre el Gobierno nacional y la administración de Claudio Vidal y el espacio opositor del kirchnerismo.
Qué establece el proyecto de Garrido
El documento legislativo, titulado “Intervención Federal del Poder Judicial de la Provincia de Santa Cruz”, consta de 11 artículos. Entre los puntos principales, se destaca que:
- Se declara la intervención federal del Poder Judicial santacruceño (artículo 1).
- Los miembros del Tribunal Superior de Justicia y demás integrantes del sistema judicial quedarán en comisión (artículo 3).
- El Ejecutivo Nacional designará un interventor federal, aunque éste “no podrá ejercer por sí la función judicial” (artículo 4).
- El interventor tendrá amplias facultades, incluyendo la posibilidad de remover, ratificar o suspender jueces y funcionarios, así como dictar los reglamentos necesarios para reorganizar la Justicia provincial (artículo 5).
- La intervención tendrá un plazo de 180 días, prorrogables por igual término (artículo 9).
Además, el Ministerio de Justicia de la Nación será el encargado de impartir las instrucciones para garantizar “la independencia, transparencia y eficacia del Poder Judicial”, y el Ministerio de Seguridad deberá poner a disposición fuerzas federales para resguardar la intervención.
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