La jueza penal, contravencional y de faltas de la Ciudad de Buenos Aires, Karina Andrade, defendió su decisión de liberar a los 114 detenidos por los incidentes en el Congreso durante la movilización en defensa de los jubilados. En diálogo con la periodista María O’Donnell en Urbana Play, afirmó: “No fue una decisión trasnochada, fue una decisión en el marco de priorización de derechos; el derecho a manifestarse”.
La resolución de Andrade generó fuertes críticas por parte del gobierno nacional y del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien aseguró que “más de la mitad de los detenidos tenían antecedentes penales graves”. Sin embargo, la jueza insistió en que no analizó esos antecedentes porque en esa instancia solo correspondía verificar si los detenidos tenían un pedido de captura activo. “No me fue traído ningún contexto delictivo”, subrayó.
Críticas del gobierno y la falta de pruebas
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anunció que el gobierno presentará una denuncia contra Andrade ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires por “posible incumplimiento de funciones”. En la misma línea, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, cuestionó la decisión judicial y lamentó que “la Justicia haya liberado en tiempo récord a la mayoría de las personas”.
Por su parte, Andrade señaló que ni la Policía ni la Fiscalía aportaron pruebas concretas para justificar las detenciones. “Esto merecía una respuesta rápida con los elementos que tenía, y no se cumplían los requisitos básicos de información al juez“, indicó. Además, aclaró que aquellos manifestantes que portaban armas no fueron liberados, ya que quedaron bajo una investigación aparte.
“La investigación sigue”
En su fallo, Andrade destacó que el derecho a la protesta está protegido por la Constitución Nacional y que “desde el Poder Judicial corresponde atender a ello especialmente”. También respondió a las críticas que la vinculan con el kirchnerismo y afirmó: “Soy una persona técnica, más allá de los lugares en los que me ha tocado estar”.
Sobre la causa, señaló que su decisión no significa que no pueda haber sanciones en el futuro. “Soy la jueza de la causa. La investigación puede seguir. La sentencia dejó en claro cuál es el ABC del control de la detención de una persona en este país”, concluyó.
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