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Luego de que la ANSES comunicara que Cristina Fernández de Kirchner comenzará a percibir desde agosto una pensión mensual bruta de $15.683.154,06, el Gobierno nacional resolvió aplicar dos descuentos sobre ese monto, en cumplimiento de una medida cautelar dictada por la Justicia.
Los descuentos aplicados
Días atrás, el organismo previsional notificó a la Justicia que restituirá de manera provisoria uno de los beneficios que la expresidenta percibió hasta noviembre de 2024, y que fueron suspendidos tras la condena en la causa Vialidad.
A partir de esta situación, sobre la asignación comenzaron a aplicarse descuentos correspondientes a las contribuciones a la obra social y al impuesto a las ganancias.
Como consecuencia de la resolución judicial, el Gobierno determinó que dejará de pagarle a la exmandataria”el pago del adicional por zona austral“, bajo el argumento de que actualmente cumple prisión domiciliaria en la Capital Federal.
Además, se efectuará una retención mensual de $3.136.630,81 hasta completar una suma total de $660.052.338,87, cifra que el Ejecutivo considera cobrada de manera indebida durante varios años.
La disputa judicial continúa
Hasta noviembre de 2024, CFK percibió dos asignaciones contempladas en la Ley 24.018, normativa que establece los beneficios previsionales para expresidentes y exvicepresidentes.
Una de esas prestaciones correspondía a su jubilación como exjefa de Estado, mientras que la otra era una pensión derivada por el fallecimiento de su esposo, el expresidente Néstor Kirchner.
Ambos beneficios fueron suspendidos luego de que recibiera una condena a seis años de prisión por administración fraudulenta en la causa Vialidad.
Respecto de los fundamentos del Gobierno y la disputa judicial que continúa en la Corte Suprema, la ANSES informó que acatará la medida cautelar que ordena restablecer la prestación, aunque ratificó que continúa vigente el recurso de queja presentado ante el máximo tribunal con el objetivo de revertir esa decisión.
El organismo previsional sostiene que Cristina Kirchner no debería acceder a un régimen especial debido a la condena firme por delitos contra la administración pública.
En esa línea, el Ministerio de Capital Humano mantiene activa la apelación ante la Corte Suprema para dejar sin efecto la medida cautelar.
Desde el Gobierno sostienen que recurrirán a todas las instancias judiciales disponibles para impedir que la expresidenta perciba una asignación excepcional, al considerar que la Ley 24.018 establece este beneficio como un reconocimiento al “honor, mérito y buen desempeño en el cargo”, requisitos que, según su postura, resultan incompatibles con una condena firme por corrupción.
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