Memoria, verdad y justicia

Por Jorge Cicuttin

La Argentina no da respiro. La actualidad nos atropella. Lidiamos con una guerra en Medio Oriente a la que nos sumó el presidente Javier Milei, con los escándalos de Manuel Adorni, con una inflación que no tiene freno y bolsillos cada vez más flacos, con una imagen presidencial que se desbarranca y un mandatario que volvió a la senda de las agresiones e insultos.

Pero este martes nos convoca una fecha que nos debe llevar a reflexionar sobre el pasado y nuestro futuro. Se cumplen medio siglo del golpe cívico-militar que provocó una de las etapas más sangrientas de nuestra historia y que fue el inicio de cambios en nuestra estructura social y la economía del país.

Así como la CONADEP y el juicio a las juntas militares nos dejó la extraordinaria frase de “Nunca más”, las décadas de lucha de los organismos de derechos humanos en el país nos dejaron otra no menos importante: “Memoria, verdad y justicia”.

A 50 años del último golpe cívico-militar, estas últimas palabras nos enseñan momentos claves de la dictadura y de los años posteriores.

La “verdad” fue el primer reclamo, especialmente de las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo, ante los miles de desaparecidos. Las familias exigían saber qué había pasado. La frase inicial fue “Aparición con vida”. Ante la confirmación de cada asesinato, el reclamo mutó hacia la verdad sobre el destino de las víctimas y el paradero de los nietos apropiados.

La “justicia” se reclamó con el fin de la dictadura en 1983 y el posterior Juicio a las Juntas de 1985: Allí, el foco se puso en que los responsables fueran juzgados por tribunales ordinarios, rechazando la impunidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.

Y llegamos al concepto de “memoria”, que tomó fuerza especialmente en los años 90. Ante el intento de “olvido institucional” que fueron los indultos de Carlos Saúl Menem y las políticas oficiales de “borrón y cuenta nueva”, la sociedad civil respondió con la construcción de espacios de memoria para que la historia no se repitiera.

Es “Memoria” para no olvidar el pasado. “Verdad” para conocer los hechos sin distorsiones y lo que ocurrió con las víctimas de la dictadura. Y “Justicia” como el acto final de reparación social.

A medio siglo del golpe se hace necesario mantener los reclamos.

Ocurre que la cantidad de personas menores de 50 años en Argentina es de aproximadamente 34,5 millones, según el último censo. Significa que el 74% del total del país no estaba vivo en aquel 24 de marzo de 1976.

También es una minoría quienes tienen conciencia de aquel diciembre de 1983, del regreso de la democracia. La cantidad de personas en Argentina nacidas después de 1983 es de aproximadamente 30,1 millones. Este grupo representa aproximadamente el 65% de la población total de Argentina.

El pasado debe estar siempre presente para no repetir sus errores.

Para ser mejores. Para buscar un mejor país.

Y estos reclamos de mantener viva la memoria se hacen más necesarios en estos momentos.

Lo dijo con claridad la Iglesia católica argentina.

En un documento por el 24 de marzo, el Episcopado dejó en claro que “Nunca más” a la violencia de la dictadura y “siempre más” a una democracia justa. Así, cuestionó el estado general de la política, la polarización y la exclusión social. El pasado y el presente.

“Vivimos una época con una tendencia creciente al autoritarismo; un tiempo en que los populismos de distinto signo explotan la angustia de los ciudadanos, pero no representan el remedio de una vida buena. Un tiempo en que va predominando una ideología de la supervivencia del más fuerte sobre el más débil, cuando la fortaleza de la democracia debería manifestarse en el cuidado a los más frágiles”, advierte el comunicado.

El mensaje, firmado por la Comisión Permanente del Episcopado, señala cómo debe pensarse el pasado y, especialmente, cómo debe transitarse el presente.

La dictadura es descripta como “una oscura noche” atravesada por el terrorismo de Estado. Y señala: “La gravedad de lo acontecido en esos años violentos” y “la memoria exige una autocrítica, de la sociedad y la Iglesia presente en ella”.

Remarca la necesidad de “mantener viva la llama de la conciencia colectiva, testificando a las generaciones venideras el horror de lo que sucedió”.

“Hacer memoria, en cambio, nos permite comprometernos con los desafíos del presente y orientarnos hacia un futuro mejor”, sostiene el texto, porque “la democracia se envilece cuando deja a alguien afuera”.

El documento introduce también una defensa explícita del rol del Estado. Sostiene la necesidad de una “presencia inteligente y eficiente del Estado que vele por la dignidad de las personas”. Esta definición resulta relevante en el contexto actual, donde el Gobierno impulsa una reducción del Estado como eje central de su programa. Sin confrontar abiertamente, la Iglesia fija un criterio: sin Estado, no hay garantía efectiva de derechos.

En el cierre del documento se retoma la consigna de “Nunca más” para convertirla en un principio para el presenta: “La democracia prohíbe rotundamente la eliminación del adversario, no admite el derramamiento de sangre y sustituye la lucha cuerpo a cuerpo por el debate cívico”, afirma el texto.

Por eso, más vigente que nuca el grito de “Nunca más” y el reclamo de “Memoria, Verdad y Justicia”.