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El canciller argentino Pablo Quirno sostuvo que el Gobierno de Javier Milei informó a 180 empresas vinculadas con actividades hidrocarburíferas en el territorio de las Islas Malvinas sobre la necesidad de elegir entre continuar con sus operaciones o afrontar sanciones por parte de Argentina.

Durante su exposición ante empresarios en la 47ª Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), realizada en Puerto Iguazú, Misiones, Quirno dijo que la medida forma parte de la estrategia oficial para sancionar a compañías que desarrollan actividades en las Islas Malvinas y también a sus proveedores.

“La ley 26.659, que ahora va a ser un poquito más famosa a partir de anoche, lo que hacía era sancionar a las empresas petroleras que operen en Malvinas, prohibiéndoles operar en la Argentina”, afirmó el canciller argentino, en referencia al discurso que el presidente brindó el jueves por la noche. Luego explicó que los cambios responden a que “cuando se dictó la ley en 2011, 2013, no existía Vaca Muerta, entonces no tenía ningún incentivo para decidir”.

En esa línea, Quirno indicó que “hoy lo que estamos haciendo es justamente generar ese desincentivo, que tengan que elegir entre invertir en un terreno disputado con licencias ilegales o que vengan a Argentina con la seguridad jurídica y con mayor potencialidad de negocios”, por lo que reafirmó: “Van a tener que elegir, lo mismo que nuestros países y nuestros vecinos”.

Además, el funcionario señaló que el decreto reglamentario apunta tanto a ampliar el alcance sobre las compañías vinculadas con la actividad petrolera como a agilizar el procedimiento para aplicar sanciones.

En ese sentido, comentó: “Un decreto reglamentario para darle celeridad a las sanciones a las compañías que operen en Malvinas, las compañías que operen en Malvinas más sus proveedores de servicios petroleros, de servicios financieros, de servicio de seguro, etcétera”. En este punto, precisó que se contempla “todo un universo de hoy 180 compañías”.

Según explicó, esas empresas “ya fueron anoticiadas la semana pasada de que cuidado, van a tener que elegir o van a ser sancionadas acá y van a tener que tener un proceso bastante complicado”.

Como parte de esta estrategia, el Gobierno enviará al Congreso un proyecto para modificar la Ley 26.659, con el objetivo de ampliar el alcance de las sanciones y establecer mecanismos que permitan a las empresas dejar de operar en Malvinas sin perder la posibilidad de desarrollar actividades en Argentina. Al respecto, Quirno recalcó que “hoy, cuando las sancionamos, quedaste encerrada, ya no tenés manera de volver al sistema normal”.

Asimismo, agregó: “Hemos incluido en el decreto reglamentario que salió hoy justamente una declaración jurada de los aspirantes a los beneficios del RIGI, que tengan que decir ellos que no están en violación de la Ley 26.659”. También señaló que esta condición quedará sujeta a lo que determine la normativa que eventualmente apruebe el Congreso.

Por último, manifestó que “esta valorización de los activos estratégicos que nos hace parar de manera diferente ante el mundo es clave en lo que estamos haciendo, porque nos permite poder cubrir nuestros intereses vis-à-vis el Reino Unido y las protestas y las acciones que estábamos tomando”.

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