La Legislatura unicameral de Córdoba suspendió por seis meses a la diputada provincial del radicalismo e integrante del bloque Juntos por el Cambio, Patricia De Ferrari Rueda, luego de aprobar una cuestión de privilegio por la evocación de los “Falcón verde” de la dictadura, que hizo la parlamentaria en una red social, para “impartir justicia” en la toma de tierras, que vinculó con el dirigente social Juan Grabois.
“Falta mucho para que aparezcan los falcon verde para impartir la justicia a la medida ideológica de Grabois y compañía?”, se había planteado De Ferrari en su cuenta de Twitter el 22 de octubre.
La cuestión de privilegio fue promovida por 11 parlamentarios y aprobada este miércoles por 51 votos afirmativos, del total de 70 legisladores que conforman el cuerpo deliberativo provincial.
La petición se apoya en el artículo 129 del Reglamento Interno de la Legislatura, cuando señala en su inciso 1º que “se consideran Cuestiones de Privilegio” a “las que afectan los derechos de la Legislatura colectivamente, su seguridad, dignidad y la integridad de su actuación y sus procedimientos, considerados desde la perspectiva de órgano representativo de los ciudadanos”.
También halla fundamento en el artículo 99 de la Constitución de la Provincia de Córdoba, que afirma que “la Legislatura dicta su reglamento y puede, con el voto de los dos tercios de la totalidad de sus miembros, corregir, excluir de su seno a cualquiera de ellos por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones o por indignidad, y removerlo por inhabilidad física o psíquica sobreviniente a su incorporación”.
FOTO: LEGISLATURA DE CÓRDOBA
La fundamentación estuvo a cargo de la legisladora Nadia Fernández, quien dijo que “lejos de honrar la democracia, estas aseveraciones y las inadmisibles justificaciones que pretendió instalar la legisladora De Ferrari son una afrenta a esta casa, una afrenta a los legisladores y legisladoras que la integramos y representamos al pueblo cordobés, a esta provincia que está en los 200 años de que asumió su primer Gobernador constitucional”.
Fernández consideró además que “la legisladora De Ferrari ha incurrido en la causal de indignidad contemplada en al artículo 99 de la Constitución Provincial, ya que sus dichos son impropios de una representante legítimamente elegida por el voto popular”.
FOTO: LEGISLATURA DE CÓRDOBA
Sin goce de haberes
Durante los seis meses de suspensión De Ferrari Rueda quedará excluida del goce de sus haberes y tampoco podrá ser autoridad de la Legislatura ni de ninguna de las comisiones conformadas o que puedan conformarse, por lo que reste de su mandato.
También quedará excluida de representar al cuerpo en todo acto institucional.
La legisladora peronista del oficialismo de Hacemos por Córdoba, Nadia Fernández, fundó el proyecto sancionatorio al sostener que “lejos de honrar la democracia, estas aseveraciones y las inadmisibles justificaciones que pretendió instalar la legisladora De Ferrari son una afrenta a esta casa, una afrenta a los legisladores y legisladoras que la integramos y representamos al pueblo cordobés”.
Por su parte, De Ferrari Rueda hizo el descargo y manifestó que su tweet “resultó en una desafortunada analogía que fue interpretada en una manera que ofendió a muchos. Por esa razón pedí disculpas. Entiendo que se pueden sentir sinceramente ofendidos por esa desafortunada expresión”. Y agregó: “Si hay alguien a quien tengo que pedirle disculpas, no es solamente a la Cámara: es a quien puedo haber ofendido, sabiendo que no es lo que pienso, pero que le molestó mi expresión”.
Denuncia penal
El lunes, el espacio político del Frente Grande de Córdoba había presentado una denuncia penal contra la legisladora, por considerar que sus expresiones representaban una “clara instigación a la comisión de delitos o apología del crimen y falta de respeto a las víctimas del terrorismo de Estado”.
También los abogados nucleados en la Agrupación Dr. Julio Maier habían realizado la denuncia ante la Justicia provincial por los presuntos delitos de apología del crimen e instigación para cometer delitos, previstos en los artículos 209 y 213 del Código Penal “por sus expresiones vertidas en redes sociales en las que promueve el uso de la metodología de los “Falcon verdes para “impartir” la justicia”, señaló el abogado Enrique Fernández Quintana, uno de los promotores de la acción penal.
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