La candidata a vicepresidenta por La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, dijo este martes en Crónica HD que “la política de seguridad tiene que abarcar las cuatro fases: anticipación, prevención, contención y rehabilitación“. Prometió que va a “asesorar y apoyar” los ministerios de Seguridad y Defensa en caso de llegar al Gobierno en las elecciones 2023.
En un mano a mano con Chiche Gelblung, Villarruel afirmó que la seguridad es “una de las mayores preocupaciones que tienen hoy los argentinos y los extranjeros que viven en este país”. “Definitivamente, el Estado dejó el monopolio de la fuerza“, dijo.
Así como Javier Milei, economista, estará a cargo de la política económica, su vicepresidenta, que es abogada, abarcará la problemática de la inseguridad, en caso de que la fórmula resulte electa.
Villarruel explicó que la política de seguridad que planea implementar se basa en un programa de “inteligencia criminal para detener a quienes son cabecillas de este tipo de movimientos que cuando son cometidos en flagrancia (cuando una persona es sorprendida al intentar cometer un delito), deben ser reprimidos ahí mismo”.
“La primera cuestión que hay que resolver es esa”, dijo y continuó: “Tenemos cuatro fuerzas que son federales: la Prefectura, la Gendarmería, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la Policía Federal y ninguna de las cuatro trabaja coordinadas“.
En este sentido, argumentó que, si bien “hay buenos recursos en cada una de las fuerzas, tanto humanos como materiales”, estos “no se están llevando adelante” de forma eficiente porque “no están coordinados”. “El Estado lo que hizo fue demonizar a quien tiene un uniforme y con nosotros eso se va a terminar“, prometió.
“Si hay un delito flagrante con armas de fuego y un policía tiene que ejercer la legítima defensa, no podemos estar cuestionando eso” aseguró y continuó: “Si lo cuestionamos, no mandemos a la policía a poner el cuerpo porque después es el Estado mismo el que le va a correr la alfombra roja debajo de los pies”. “Lo que yo quiero es que se respete la Ley“, dijo contundente.
La propuesta antipiquetes
Para Villarruel, “la Ciudad de Buenos Aires está literalmente sitiada” y que la calidad de vida de las personas que viven allí o los que tienen que ingresar a trabajar todos los días “es la peor de todas en todo el país porque realmente se vive muy mal”.
En caso de que haya corte en los accesos a la Ciudad, Villarruel aseguró que lo primero que hará es “disponer que estén libres”, lo cual implica que el “Estado va a tener que tomar decisiones que son antipáticas para un sector de la sociedad“.
“La palabra represión tiene una connotación negativa, pero es el monopolio de la fuerza que el Estado tiene que ejercer para defender al resto de los ciudadanos”, dijo y explicó que, de lo contrario, “vivimos en una ley de la selva y entonces vamos cada uno con la fuerza que tiene a luchar contra los demás”.
En este sentido, adelantó que “la 9 de Julio no se corta, las rutas provinciales no se pueden cortar” y dio el ejemplo de la Ruta 40, en tanto “columna vertebral” del país que es cortada en la Patagonia por “supuestos” pueblos originarios. “El Estado debe intervenir”.
“Los responsables son los gobernadores en primer término, por eso es importante cuando un ciudadano vota a un gobernador porque es el que le va a brindar seguridad en primer término, después vienen los delitos federales como el narcotráfico, los cortes de ruta, etc”, continuó.
Bajar la edad de imputabilidad
Junto a Chiche Gelblung, Villarruel dijo que se va a proponer en el congreso bajar la edad de imputabilidad a los 14 años y puso el foco en los institutos de menores “porque es un lugar que termina siendo un molinete de subte en el que el chico ingresa y vuelve a salir, encima aprendiendo todas las mañas para seguir en la delincuencia”
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