La coordinación de la Oficina de Violencia Doméstica dependiente del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, elaboró un minucioso informe con datos generados desde la apertura de las OVD de Caleta Olivia.
De ellos se desprende que la inmensa mayoría de las víctimas son mujeres, los perpetradores exparejas, y que pese a las restricciones a la circulación del año pasado, las denuncias se mantienen.
En el mes de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, se realizó un informe estadístico de los casos trabajados en la Oficina inaugurada el 2 de noviembre del año 2015.
El informe permite conocer que, durante el tiempo que el sitio lleva abierto a la comunidad, se atendió a 2.869 personas con diferentes problemáticas y consultas.
De ese total, 1.685 realizaron una denuncia por violencia doméstica, 1.129 se acercaron con el fin de hacer una consulta informativa y las otras 55 restantes hicieron una consulta extrajurisdiccional.
Cabe resaltar, que en el informe es evidente que hay un claro patrón de violencia hacia las mujeres. Ellas representan el 93,71%. En este punto, un dato a tener en cuenta es que el grueso del grupo etario más afectado va de los 22 a los 39 años.
Agresores
En el sentido de las personas que ejercen la violencia, el informe presentado explica que las exparejas ocupan el primer lugar como perpetradores de distintos tipos de violencias, promediando el 60,89% de los casos, seguidos -aunque muy por detrás- por parejas convivientes (con un 14,43%) y familiares (con el 9,27%).
Si bien la violencia doméstica es aquella que sucede entre personas con un vínculo familiar, los denunciados son en su inmensa mayoría varones (86.9%), en edades que van de los 30 a 39 años. Está claro que prevalecen las desigualdades y discriminación por razones de género.
Por otro lado, los casos de violencias que se llevaron hasta la oficina muestra el impacto que las mismas tuvieron sobre niños y niñas entre los 0 y cinco años. El escrito revela que son muchos los menores que presenciaron escenas de agresión.
Comprometerse
La OVD contempla la figura del “tercero denunciante”, para que personas que conocen de la existencia de vulneración de derechos en un hogar, puedan contarlo y poner en conocimiento a las autoridades, sin que esto signifique que queden expuestas. Por el contrario, pueden colaborar de forma anónima.
En este punto, en las OVD denunciaron hechos de violencia doméstica sufridos por otra persona, un total de 174 personas, en su mayoría familiares, amistades y hasta instituciones educativas.
2019 – 2020
Capítulo aparte, el informe estadístico evaluó la relación entre las denuncias recibidas en 2019 y 2020. El impacto que tuvieron las medidas de restricción de la circulación durante el año que pasó, por la pandemia del COVID-19, en el marco del “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio”, hizo que se prorroguen las medidas de protección dispuestas para que las personas afectadas no tuviesen que acudir a tramitar su reanudación.
Aún así, los datos muestran que la pandemia no evitó que se presentaran denuncias. En 2019, se recibieron 766 denuncias y 567 el año pasado. Es decir que, durante el 2020, fueron en promedio 4,5 denuncias diarias.
Así, la conclusión fue que “si bien el número es menor -comparativamente hablando- debe tenerse en cuenta que durante el año 2019 no había ninguna disposición que restringiera a las personas que sufren violencia, la concurrencia -las veces que deseaban y cuando quisieran- al órgano judicial.
En cambio en el año 2020, pese a las resoluciones restrictivas dispuestas por motivos de salud pública, “los números son casi similares al año anterior”, indica el informe. La diferencia de año a año en Caleta Olivia es de 25,97%.
Protección
Siguiendo con el año 2020, los diferentes juzgados ordenaron un total de 394 medidas de resguardo, que componen una lista de acciones encabezadas por prohibición de acercamiento a la persona afectada, extendida a hijos; siguiendo por prohibición de comunicación, prohibición de ingreso al domicilio de la persona denunciada y exclusión de hogar.
Además, del reintegro al domicilio de la persona afectada, consigna policial, custodia sobre la persona denunciada, rondas policiales y la obligación para los denunciados que infringen estas medidas de mantener entrevistas con la autoridad policial, fijación de cuotas alimentarias provisorias, entre otros.
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