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Una serie de procedimientos desplegados por la Policía de Santa Cruz durante octubre derivó en el secuestro de vehículos vinculados a causas judiciales, allanamientos con incautación de teléfonos celulares y otros elementos de interés, la detención de un hombre requerido por la Justicia y controles preventivos en rutas y terminales de ómnibus. Entre los hechos más relevantes se encuentran una investigación por presuntas estafas mediante la venta de muebles en redes sociales, las diligencias por un robo agravado a un comercio de Pico Truncado y un operativo en el que perros detectores permitieron localizar una sustancia que dio resultado positivo para clorhidrato de cocaína.
La actividad policial se extendió por distintas localidades de la provincia y contó con la intervención de divisiones de investigaciones, personal de Narcocriminalidad, efectivos especializados en trata de personas y guías de canes detectores. Las medidas se realizaron en el marco de distintas actuaciones judiciales y bajo directivas de los magistrados y las unidades fiscales correspondientes.
Los procedimientos, registrados entre el 7 y el 16 de octubre de 2026, dan cuenta de una agenda de trabajo que abarcó desde el cumplimiento de órdenes judiciales específicas hasta controles preventivos sobre vehículos, pasajeros y encomiendas que circulaban por Santa Cruz.
Secuestro de dos vehículos
En Río Gallegos, la División de Investigaciones intervino en dos procedimientos relacionados con vehículos que registraban medidas judiciales. Aunque se trató de actuaciones diferentes, ambos operativos tuvieron como objetivo dar cumplimiento a requerimientos emitidos por órganos judiciales.
El primero se llevó adelante el 7 de octubre, a partir de un oficio remitido por el Juzgado de Primera Instancia N.º 1 en lo Civil, Comercial, Laboral, de Minería y de Familia de Puerto San Julián, en el marco de una causa por un secuestro prendario solicitado por un banco. La medida judicial solicitaba localizar un automóvil Fiat Línea, y proceder a su secuestro una vez encontrado.
A partir de esa disposición, efectivos de la División de Investigaciones de Río Gallegos realizaron averiguaciones para determinar dónde se encontraba el rodado. Como resultado de las tareas, el personal se dirigió a una concesionaria, ubicada en la calle Hipólito Yrigoyen al 100 de la capital santacruceña.
En ese establecimiento se concretó el secuestro formal del vehículo, junto con la documentación correspondiente y la llave de encendido. Una vez cumplida la diligencia procesal, el automóvil fue trasladado mediante una grúa policial hasta las instalaciones de la División de Investigaciones, donde quedó provisoriamente bajo resguardo.
La actuación se enmarcó en un procedimiento de carácter judicial vinculado con un secuestro prendario. Este tipo de medidas suele relacionarse con garantías constituidas sobre un bien, como ocurre en determinadas operaciones de financiación vehicular. Sin embargo, el expediente y el oficio judicial son los instrumentos que permiten establecer los alcances específicos de cada caso.
Dos días después, el 9 de octubre, la misma dependencia policial concretó otro secuestro vehicular en Río Gallegos, esta vez relacionado con un requerimiento proveniente de la Justicia federal.
El procedimiento involucró a un Ford Mondeo Titanium 2.0 litros naftero, sobre el cual pesaba una medida cautelar. De acuerdo con la información oficial, la Policía tomó conocimiento de la situación a través de la superioridad y verificó los antecedentes del vehículo mediante el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP).
La consulta permitió establecer que el automóvil registraba un pedido de secuestro emitido mediante un oficio del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 10, con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Una vez corroborada la medida, los efectivos que realizaban tareas propias de su área detectaron el rodado en circulación y procedieron a demorarlo en la avenida Juan Domingo Perón al 500 de Río Gallegos.
La conductora fue identificada por el personal policial, que le informó los motivos de la intervención. Posteriormente, se formalizó el secuestro del vehículo mediante el acta correspondiente y el automóvil quedó bajo resguardo de la División de Investigaciones. En cuanto a la mujer, se confeccionó un acta de fijación de domicilio, según lo dispuesto en el procedimiento informado.
La presencia de una medida judicial sobre un vehículo no implica, por sí misma, que su conductor sea responsable de los hechos investigados en la causa de origen. En este caso, la intervención policial respondió al cumplimiento de un requerimiento judicial preexistente, cuya situación procesal corresponde determinar a las autoridades competentes.
Detuvieron en Río Gallegos a un hombre requerido por la Justicia
Otro de los procedimientos registrados en la capital santacruceña tuvo lugar el 16 de octubre y estuvo relacionado con una orden de detención emitida por el Juzgado de Instrucción N.º 1 en lo Criminal y Correccional.
La actuación se originó a partir de la recepción del oficio judicial, en una causa por abuso sexual. La disposición ordenaba detener a un hombre de 39 años que, según la información incorporada al requerimiento, residiría en la calle Rubén Darío al 1000. Con esos datos, efectivos de la División de Investigaciones realizaron las diligencias correspondientes para localizarlo. El hombre finalmente fue encontrado en un domicilio situado en Darwin al 700 de Río Gallegos.
Tras dar con el requerido, los policías lo trasladaron a la dependencia policial correspondiente a la jurisdicción, donde se formalizó el acta de detención en presencia de testigos hábiles. Posteriormente, tomó conocimiento la magistrada interviniente, quien dispuso que el detenido quedara alojado en la División Comisaría Segunda de Río Gallegos.
La medida se concretó en cumplimiento de una orden judicial y dentro del expediente mencionado. La información oficial no detalla los hechos específicos que dieron origen a la causa, por lo que no corresponde atribuir al detenido responsabilidades adicionales a las que surjan de las actuaciones judiciales.
Además, un episodio ocurrido durante la madrugada del 15 de octubre generó la intervención policial y de Bomberos en una vivienda ubicada sobre la avenida Almirante Brown al 1700, en Río Gallegos. Una pareja de adultos mayores, de 80 y 79 años, advirtió ruidos extraños en el exterior de su domicilio y, poco después, observó un foco ígneo en la parte superior de la puerta principal de acceso. No se registraron personas lesionadas y la Justicia tomó intervención para esclarecer las circunstancias del hecho.
De acuerdo con el informe de la División Comisaría Sexta, el procedimiento comenzó alrededor de las 00.20, luego de que personal del sistema de emergencias 911 alertara sobre un presunto hecho ilícito en el inmueble. Al llegar al lugar, los efectivos entrevistaron a un hombre de 80 años, quien relató que se encontraba mirando televisión junto con su esposa de 79, cuando ambos escucharon ruidos provenientes del exterior de la vivienda.
La situación tomó un giro preocupante cuando advirtieron que, en la parte superior de la puerta principal, se estaba produciendo un foco de incendio. Ante esa circunstancia, salieron de la casa para verificar lo que ocurría y se encontraron con un hombre de 36 años.
Según lo consignado en el parte policial, el hombre manifestó que su hermano habría provocado el foco ígneo. En su declaración inicial ante los efectivos, vinculó el episodio con la presunta presencia en el domicilio de un hombre de 41 años que estaría relacionado con actuaciones preventivas por una causa de abuso sexual con acceso carnal, tramitada ante la División Comisaría de la Mujer y la Familia.
Ese señalamiento forma parte de la información recogida durante la intervención policial y no constituye, por sí solo, una confirmación de los motivos del incendio ni de la participación de una persona determinada. Las circunstancias del episodio deberán ser establecidas mediante las diligencias investigativas correspondientes.
Cuando llegó el personal policial, el acusado no se encontraba en el lugar. Por ese motivo, las actuaciones quedaron orientadas a reconstruir lo sucedido, establecer cómo se inició el fuego e identificar las posibles responsabilidades que pudieran surgir de las pruebas reunidas.
Pico Truncado: allanamiento por una investigación de presuntas estafas
En el norte de Santa Cruz, uno de los procedimientos más significativos se desarrolló el 15 de octubre en Pico Truncado, donde personal de la División de Investigaciones realizó un allanamiento en una vivienda del barrio Cooperativa, en la manzana 58.
La diligencia se llevó adelante en el marco de una causa por estafas reiteradas, con intervención del Juzgado de Instrucción N.º 1 de Pico Truncado, a cargo del juez Leonardo Pablo Cimini.
La investigación se encuentra vinculada con una serie de presuntas maniobras de estafa que habrían tenido como mecanismo de captación de compradores las publicaciones de muebles en la red social Facebook.
Según la descripción incorporada al parte policial, la mujer investigada habría ofrecido amoblamientos, principalmente sillones, a través de esa plataforma. Las personas interesadas realizaban los pagos mediante transferencias bancarias, billeteras virtuales u otros medios electrónicos, pero posteriormente no recibían los productos adquiridos.
Durante el allanamiento, los efectivos secuestraron un teléfono celular y cuatro remitos correspondientes a una empresa de paquetería y transporte. Estos elementos quedaron incorporados a las actuaciones para su eventual análisis y valoración dentro de la investigación.
La documentación de transporte podría resultar de interés para reconstruir movimientos de mercadería o identificar operaciones comerciales, aunque el parte no precisa qué información contienen los remitos ni qué conclusiones se obtuvieron a partir de su secuestro.
Como parte de las medidas dispuestas por la sede judicial, una mujer de 40 años, estableció domicilio a disposición del juzgado interviniente.
El procedimiento se desarrolló sin que la información oficial consignara otras medidas de coerción contra la mujer. La causa continúa bajo la órbita judicial y será el avance de la investigación el que permita determinar las responsabilidades que pudieran corresponder.
Robo agravado en Pico Truncado
También durante la mañana del 15 de octubre, efectivos de la División de Investigaciones de Pico Truncado concretaron dos allanamientos en el marco de una causa por robo calificado.
Las diligencias se realizaron en viviendas ubicadas en la calle España al 100 y en la calle Mitre al 2000, ambas de esa localidad. Las medidas respondieron a órdenes judiciales identificadas con el número 118/26 y estuvieron vinculadas con un robo calificado.
La investigación se originó en un hecho ocurrido el 29 de septiembre, entre las 21 y las 21.30 aproximadamente, en el comercio Especias Agustín, ubicado en el barrio Gobernador Gregores, sobre la calle Perito Moreno, entre San Martín y Belgrano.
De acuerdo con el relato incorporado a las actuaciones policiales, cuatro hombres con sus rostros cubiertos habrían ingresado al local comercial y amenazado con armas de fuego a las personas que se encontraban en el establecimiento.
Los asaltantes se habrían apoderado de 1.800 dólares, 200.000 pesos argentinos y 80 pesos chilenos, para luego retirarse del lugar.
La presencia de armas de fuego y la intimidación ejercida contra los ocupantes del comercio forman parte de los elementos que enmarcan la investigación por robo calificado. La reconstrucción del episodio, la identificación de los posibles participantes y la determinación del grado de intervención de cada uno constituyen aspectos centrales para el esclarecimiento del hecho.
En los allanamientos del 15 de octubre, los investigadores secuestraron siete teléfonos celulares y distintas prendas de vestir. Entre ellas se encontraban un par de zapatillas negras con suela blanca y franjas laterales del mismo color, una campera gris, un chaleco negro, un buzo negro con capucha y el logotipo de Nike, y otro buzo verde oscuro con capucha. Además, se incautó una moto marca Motomel de 110 centímetros cúbicos, de color negro, que, según el informe policial, presentaba adulteraciones.
Los teléfonos y las prendas podrían aportar elementos para contrastar testimonios, comunicaciones y otros datos reunidos durante la investigación. La motocicleta, por su parte, quedó comprendida dentro de los elementos secuestrados, aunque el parte no especifica la naturaleza concreta de las adulteraciones detectadas ni si el rodado habría sido utilizado durante el robo.
En el marco de las medidas judiciales, un hombre estableció domicilio a disposición del Juzgado de Instrucción N.º 1 de Pico Truncado.
El operativo fue supervisado por autoridades del Ministerio de Seguridad de Santa Cruz y de la estructura provincial de investigación del delito organizado. También participaron efectivos de las divisiones de Investigaciones de Caleta Olivia, Narcocriminalidad, Fuerzas Especiales Zona Norte, Infantería de Pico Truncado y Comisaría Segunda de esa localidad.
La intervención de distintas unidades permitió concretar las medidas previstas en dos domicilios y reunir nuevos elementos para una causa que busca esclarecer un episodio de violencia contra un comercio de la ciudad.
Disparos contra una vivienda
Otro despliegue de importancia tuvo lugar ese mismo día, también en el norte provincial, en el marco de una investigación por un hecho con armas de fuego ocurrido en Pico Truncado.
En este caso, las órdenes judiciales fueron tres y se ejecutaron en dos viviendas del barrio Perón de Pico Truncado y en un inmueble situado sobre la calle Magnus Fratzscher al 1200, en el barrio Miramar de Caleta Olivia.
El hecho que dio origen a la investigación habría ocurrido el 1 de octubre, alrededor de las 2 de la madrugada, en una vivienda del barrio 32 Viviendas. Según el informe policial, dos personas que se desplazaban en una motocicleta habrían efectuado disparos contra el domicilio. A partir de ese episodio, los investigadores desarrollaron diversas tareas para avanzar en la identificación de los involucrados y reunir elementos que permitieran reconstruir lo sucedido.
Como resultado de los allanamientos, se secuestraron teléfonos celulares y un dispositivo de grabación de video digital, conocido como DVR, que puede almacenar imágenes provenientes de cámaras de seguridad.
El parte presenta una inconsistencia en la cantidad de teléfonos incautados: menciona “ocho (8) teléfonos celulares”. Por ese motivo, no es posible establecer con certeza el número exacto a partir de la información disponible. Sí se confirmó el secuestro de un DVR.
El eventual análisis de los dispositivos electrónicos y de las imágenes almacenadas podría aportar información relevante para reconstruir movimientos, establecer comunicaciones o identificar personas, siempre de acuerdo con el contenido que efectivamente surja de las pericias. En relación con las directivas judiciales, dos hombres establecieron domicilio a disposición del juzgado interviniente.
Controles a colectivos y vehículos
En El Calafate, las tareas preventivas se concentraron el 15 de octubre en el acceso a la localidad, donde personal de la División de Investigaciones trabajó junto con la sección Canes para controlar el tránsito y detectar posibles situaciones de interés policial.
El operativo comenzó a las 9.40 y se extendió hasta las 13, con controles sobre vehículos particulares y unidades de transporte de pasajeros. Durante ese período, los efectivos inspeccionaron diez colectivos y 56 vehículos.
Las verificaciones incluyeron consultas en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales, utilizado para comprobar si las personas identificadas registran medidas judiciales u otros requerimientos vigentes. A su vez, se realizaron pasajes con perros especializados en la detección de sustancias estupefacientes.
Durante el procedimiento, el can antinarcóticos Vogel realizó una marcación pasiva en un colectivo de la empresa Marga Taqsa, interno 2370, que tenía como destino Río Gallegos.
Ante la intervención de los efectivos, dos personas manifestaron que llevaban sustancias de origen vegetal y que contaban con credenciales del programa Reprocann, el registro nacional relacionado con el acceso al cannabis con fines medicinales.
Según el informe, se verificó la vigencia de la documentación y se realizó el pesaje de las sustancias. El parte policial indicó que el procedimiento finalizó sin otras novedades. La unidad fiscal de Río Gallegos tomó conocimiento de lo actuado.
180 personas identificadas y un hombre con pedido de captura
Los operativos de prevención también alcanzaron la Ruta Nacional N.º 3, donde el 14 de octubre se desarrolló un control vehicular e identificación de personas entre las 10 y las 15, en el tramo de circulación de norte a sur.
Participaron efectivos del Departamento de Investigación del Delito Organizado Zona Centro, la División de Investigaciones, la División Narcocriminalidad y personal de las secciones de Canes y Trata de Personas Zona Centro.
De acuerdo con el balance policial, durante las cinco horas de trabajo se controlaron 125 vehículos, una unidad tipo trafic con pasajeros y un total de 180 personas. Las identificaciones fueron verificadas a través del SIFCOP.
Como resultado de las consultas, cinco personas registraron medidas judiciales. De ese grupo, una tenía una medida vigente: un hombre de apellido Gómez, sobre quien pesaba un pedido de rebeldía y captura emitido por el Tribunal Oral Federal de General Roca.
La rebeldía judicial se vincula con una situación procesal en la que una persona es declarada rebelde por la autoridad competente, mientras que la orden de captura habilita su localización y puesta a disposición de la Justicia. Los alcances de cada medida dependen de la resolución judicial correspondiente.
Tras consultar con el magistrado interviniente, se dispuso que se realizara la constatación y fijación de domicilio del hombre y que se coordinara una audiencia para el 15 de octubre mediante la plataforma Zoom, en las instalaciones de la División de Investigaciones.
El informe no precisa el motivo de la causa de origen ni permite determinar el resultado posterior de esa audiencia. Por lo tanto, la información disponible se limita a la detección del requerimiento y a las medidas ordenadas por la autoridad judicial.
El procedimiento volvió a poner de relieve la importancia de las consultas a bases de datos durante los controles viales. La identificación de una persona puede permitir advertir la existencia de requerimientos emitidos en otras jurisdicciones, incluso cuando el control se desarrolla lejos del lugar donde tramita la causa.
Controles en la terminal de San Julián
En Puerto San Julián, los controles se trasladaron a la terminal de ómnibus durante la noche del 14 de octubre y la madrugada del día siguiente. El operativo comenzó a las 23 y se extendió hasta las 4, con participación de personal del Departamento de Investigación del Delito Organizado Zona Centro, la División Trata de Personas Zona Centro, la División de Investigaciones de Puerto San Julián y la División Narcocriminalidad local.
Los efectivos trabajaron con los perros biodetectores Enzo, Anubis y Luca para realizar tareas preventivas sobre pasajeros y equipajes de colectivos de corta y larga distancia.
Durante el procedimiento se identificó a 215 pasajeros y se consultaron sus datos en el SIFCOP. Como resultado, se detectó una persona con una medida judicial que, según el informe, ya había sido notificada anteriormente por personal policial.
Uno de los episodios destacados ocurrió cuando el can Enzo realizó una marcación pasiva sobre una encomienda que viajaba en la baulera de un colectivo de la empresa Andesmar. El paquete había salido de Río Gallegos y tenía como destino la provincia de Córdoba.
Ante la señal del perro, los efectivos dieron intervención a la unidad fiscal con asiento en Caleta Olivia. Desde allí se dispuso la apertura de la encomienda mediante el acta correspondiente.
Al revisar su contenido, los agentes encontraron tres cajas con distintos medicamentos. De acuerdo con las directivas impartidas por la autoridad judicial, se ordenó que la encomienda continuara su recorrido habitual.
El informe no identifica los medicamentos, sus cantidades ni la existencia de alguna irregularidad en su tenencia o traslado. Por lo tanto, el hallazgo no debe interpretarse como una infracción por sí mismo. La intervención respondió a un procedimiento preventivo y a la necesidad de verificar el contenido del paquete ante la marcación del can.
Un segundo procedimiento en la terminal terminó con el secuestro de cocaína
Durante el mismo operativo nocturno en Puerto San Julián se produjo otro episodio que derivó en una intervención judicial y el secuestro de una sustancia estupefaciente.
Según el parte policial, cuando llegó un colectivo de la empresa Sportman, el perro Anubis realizó una marcación pasiva en el sector destinado a los residuos del baño de la unidad.
Al inspeccionar el lugar, el personal encontró una bolsa de nailon negra. La situación fue comunicada a la Unidad Fiscal de Caleta Olivia, que dispuso el secuestro del envoltorio para realizar las diligencias correspondientes.
El pesaje arrojó un total de ocho gramos. Posteriormente, se efectuó un test orientativo de campo que dio resultado positivo para clorhidrato de cocaína.
A partir de ese resultado, se labraron las actuaciones procesales de rigor y se incautó tanto la sustancia como los elementos vinculados con la prueba realizada.
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