Los fiscales Carlos Rearte y Ariel Candia solicitaron prisión perpetua para Cipriano “Chipi” Alarcón Hernández por el asesinato de Nicolás Antonio “Toño” Tula, ocurrido en mayo de 2023 en Las Heras.
El pedido se realizó este viernes, durante la jornada de alegatos de la Fiscalía y la Defensa ante la Cámara Criminal de Caleta Olivia, en el marco del juicio iniciado el 26 de agosto.
En diálogo con La Opinión Austral y otros medios, Candia sostuvo que la modalidad del ataque permite aplicar las agravantes de ensañamiento y alevosía.
“No había necesidad de tanta saña para matar a una persona”, afirmó. Según explicó, el primer agravante refiere al sufrimiento innecesario provocado a la víctima, mientras que el segundo contempla una situación en la que el agresor actúa sin exponerse a riesgos.
El fiscal fue contundente al referirse a la pena pretendida: “La ley en eso es concreta y establece que para esos casos de delitos agravados se aplica la prisión perpetua y por eso es que nosotros hemos solicitado”.
La acusación considera que Hernández cometió un homicidio doblemente calificado por ensañamiento, alevosía y concurso premeditado de dos o más personas. Tula recibió 34 puñaladas y posteriormente fue trasladado unos tres kilómetros por el campo hasta un zanjón, donde quedó oculto bajo ramas y una chapa.
Rearte también conversó con LOA y dijo que el expediente presentó una dificultad particular por la necesidad de reconstruir lo sucedido a partir de distintos indicios. Lo definió como “una causa extremadamente compleja” y explicó que fue necesario recurrir a personal especializado para establecer la ubicación del peón rural.
En ese sentido, destacó el desempeño de quienes participaron del operativo: “Una muy buena intervención policial, una colaboración muy pero muy importante y gran acción de parte de ellos. Hacemos un gran reconocimiento hacia el gran trabajo que realizaron ellos”.
“Hemos logrado acreditar de igual manera la conducta del imputado”
Candia coincidió con esa valoración y remarcó los obstáculos que implicó trabajar en una zona rural. “Reconstruir en el lugar todo lo sucedido no es fácil porque se hace en un ámbito inhóspito donde no hay personas, no hay elementos de prueba que pasen de recolectar”, manifestó.
La ausencia de testigos y las condiciones del terreno también condicionaron la obtención de evidencias. “Son casos difíciles. No hay testigos presenciales, no tenemos la contundencia que nos gustaría”, reconoció. Pese a esas limitaciones, aseveró: “Hemos logrado acreditar de igual manera la conducta del imputado y tratar de hacer justicia por la víctima”.
En cuanto al otro involucrado inicialmente en la causa, se trata de un familiar de Hernández que tenía 16 años al momento del hecho. Candia explicó que fue declarado inimputable debido a una discapacidad mental y que, por esa condición, dejó de ser investigado.
“En principio se pensaba que había una hipótesis del hecho de que habían actuado en conjunto los dos para dar muerte a Tula, pero la realidad es que al ser inimputable ya no hay posibilidad de investigarlo. Entonces la responsabilidad queda en cabeza del señor Hernández”, señaló.
La defensa pidió la absolución o una pena menor
Sobre la situación del acusado, el fiscal indicó que atraviesa un cuadro de salud complejo, aunque las pericias establecieron que comprende lo ocurrido y se encuentra en condiciones de ser sometido a juicio.
La defensa pidió la absolución o, de manera alternativa, una condena menor. En caso de que el tribunal encuadre el episodio como homicidio simple, la escala penal sería de 8 a 25 años y la representación del imputado pretende la aplicación del mínimo, detallaron los fiscales.
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