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La causa por una posible vulneración de derechos, relacionada con la escolaridad y el desarraigo familiar en la Casa Valdocco de Cañadón Seco, fue desarchivada este jueves.
Cabe recordar que el expediente iniciado por el Consejo Provincial de Educación, a través de la Fiscalía de Estado, había sido archivado el 14 de noviembre por la jueza de Familia de Caleta Olivia, Dra. María Rosa González, tras entrevistar a los menores involucrados y al personal a cargo.
Sin embargo, este jueves se dio a conocer que la Justicia dio lugar a la presentación de la Secretaría de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia (SENAF) mediante un recurso de reposición.
Según reportó Canal 2, la Dra. González se encuentra de licencia y retomará sus funciones la próxima semana. En su ausencia, el Dr. Contreras asumió la responsabilidad del juzgado y fue quien aceptó este recurso de reposición.
De este modo, se revisarán las medidas planteadas en el caso Valdocco. Una vez que González retome su actividad, será ella quien continúe con el análisis de la situación a partir de la documentación presentada.
El Gobierno denunció penalmente a la Fundación Valdocco por fraude
Por otra parte, el jueves pasado, la Fiscalía de Estado radicó una denuncia penal por “presunta defraudación” al erario público contra la fundación. Recayó sobre el Juzgado de Instrucción N° 1, a cargo de Marcos Pérez Soruco.
En los fundamentos, el fiscal de Estado, Ramiro Castillo, vuelve sobre la situación de los menores en Valdocco.
Castillo igual se pregunta acerca de esos chicos de entre 6 y 11 años: “¿Qué hacen menores de edad en una provincia a más de 3.000 kilómetros de distancia de su lugar de origen? ¿Quién los separó de su familia? Y lo más importante, ¿cómo y por qué arribaron a Santa Cruz?”.
La denuncia del fiscal va en sintonía con lo que, en conferencia de prensa, el 13 de noviembre sostuvo la titular del Consejo Provincial de Educación, Iris Rasgido, quien señaló la cantidad de cargos que se pagan a favor de la fundación “y no tenemos claridad sobre de dónde son” esos docentes.
El fiscal pide a la Justicia investigar, entre otras cosas, la designación de seis jóvenes que cobran haberes y viven en la residencia. “En el establecimiento se encontrarían menores que por un lado se afirma que son vulnerables y por otro lado estarían cobrando un sueldo por prestar tareas en la fundación, cuyo pago se realiza desde las arcas del Estado”.
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