Chubut busca prohibir los celulares en cárceles y comisarías para frenar estafas digitales

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, presentó un proyecto de ley que será enviado a la Legislatura provincial con el objetivo de reforzar las restricciones al uso de teléfonos celulares y otros dispositivos de comunicación dentro de los centros de detención.

El anuncio se realizó en la Sala de Situación de la Casa de Gobierno y contó con la presencia del vicegobernador Gustavo Menna, el ministro de Seguridad y Justicia Héctor Iturrioz y la diputada provincial María Andrea Aguilera, autora de la iniciativa.

De acuerdo con lo adelantado por el mandatario, el proyecto será elevado el próximo lunes para que comience su análisis en las comisiones correspondientes y posteriormente sea debatido en el recinto legislativo.

Oficinas del delito

Durante la presentación, Torres se refirió a las distintas metodologías utilizadas por delincuentes para concretar estafas digitales. Según explicó, estas maniobras “impactan especialmente en los sectores más vulnerables y crecieron de manera exponencial, principalmente desde la pandemia”.

En ese contexto, remarcó que “es importante dimensionar que el sistema penitenciario implica un costo fiscal que sostienen todos los contribuyentes de la provincia, y muchas veces detrás de estas estafas hay organizaciones que operan desde contextos de encierro utilizando teléfonos celulares de manera clandestina”.

“Quienes están detenidos es porque cometieron un delito y están cumpliendo una condena. Lo que no podemos permitir es que, desde un lugar de detención, se siga delinquiendo y se perjudique a otros ciudadanos”, sostuvo el gobernador.

Al mismo tiempo, aclaró que la propuesta “no busca incomunicar a los presos, sino ordenar y controlar las comunicaciones”.

“Van a poder seguir contactándose con sus familiares, con sus defensores y con las autoridades correspondientes, pero mediante sistemas institucionales y controlados, no a través de celulares que hoy muchas veces terminan siendo herramientas para cometer delitos”, añadió.

Asimismo, advirtió que las estadísticas vinculadas a estas estafas muestran “un crecimiento sostenido” y señaló que muchos casos ni siquiera se denuncian por vergüenza o desconocimiento, lo que dificulta dimensionar el problema real.

“Tenemos la posibilidad de ser una de las primeras provincias en poner un freno definitivo a las estafas digitales que se organizan desde las cárceles”, concluyó.

Estafas digitales

Por su parte, el ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz, indicó que la propuesta “apunta a recuperar una normalidad que se alteró durante la pandemia”.

En ese sentido recordó que la Ley Nacional 24.660 “establece claramente la prohibición del uso de dispositivos en contextos de encierro”, aunque explicó que esa restricción se flexibilizó durante la emergencia sanitaria.

“Ese contexto excepcional ya terminó. Lo que estamos planteando no es un endurecimiento punitivo, sino volver a un esquema de funcionamiento normal del sistema penitenciario”, explicó el funcionario.

Según agregó, la urgencia de avanzar con esta normativa está directamente relacionada con el incremento de estafas virtuales y la creciente cantidad de víctimas registradas en todo el país.

Erradicar el delito

Durante la presentación también participó de manera remota el vicegobernador Gustavo Menna, quien calificó la iniciativa como “muy trascendente” y señaló que busca atacar de raíz delitos como extorsiones, estafas y secuestros virtuales.
“Muchos reclusos aprovecharon la situación excepcional que se dio durante la pandemia para acceder a dispositivos que hoy son utilizados para delinquir desde el interior de los establecimientos penitenciarios”, sostuvo.

Menna agregó que, si bien existe una normativa general que restringe el uso de estos equipos, distintas interpretaciones terminaron favoreciendo en algunos casos la continuidad de estas prácticas.

“Esta iniciativa viene a establecer reglas claras, prohibiendo el uso de cualquier dispositivo que permita la reiteración de estos delitos que provocan daños patrimoniales y personales”, expresó.

Entornos digitales seguros

La diputada provincial María Andrea Aguilera, autora del proyecto, sostuvo que “no pueden seguir ocurriendo este tipo de delitos coordinados desde las cárceles”.

“Lo que buscamos es prohibir el ingreso, la tenencia y la facilitación del uso de equipos terminales móviles para las personas privadas de la libertad, garantizando al mismo tiempo que las comunicaciones se realicen en condiciones seguras”, explicó.

La legisladora detalló que la normativa contempla que las comunicaciones se realicen en espacios habilitados, con horarios establecidos y mediante sistemas institucionales que permitan el contacto con familiares, defensores y autoridades.

Asimismo, recordó que la iniciativa forma parte de una política más amplia impulsada por el Gobierno provincial para fortalecer la seguridad en entornos digitales. En ese marco, señaló que Chubut fue la primera provincia en sancionar una ley contra la ludopatía digital en jóvenes y

destacó que también se promueve el uso responsable de la tecnología.
“Esta ley viene a sumar herramientas para combatir el ciberdelito y reforzar la protección de los ciudadanos”, afirmó.

Qué establece el proyecto de ley

La iniciativa propone prohibir el “ingreso, tenencia, facilitación y uso de equipos o terminales móviles por parte de personas privadas de libertad en todos los lugares de detención de jurisdicción provincial”.

Al mismo tiempo, establece la creación de un régimen de comunicaciones institucionales controladas que garantice el derecho a la comunicación en condiciones de seguridad, razonabilidad y respeto por los derechos humanos, en concordancia con la Ley Nacional 24.660.

La normativa alcanzará a establecimientos penitenciarios, unidades, institutos, alcaidías, comisarías, centros de detención transitoria y cualquier lugar donde se alojen personas privadas de libertad dentro de la provincia de Chubut.

También incluirá a detenidos alojados en unidades del Servicio Penitenciario Federal cuando la detención haya sido dispuesta por jueces o tribunales provinciales.

En caso de detectarse la tenencia de estos dispositivos, se procederá a su decomiso inmediato, dejando constancia en un acta con la identificación del lugar, la fecha, el personal interviniente y las circunstancias del hallazgo. Cuando existan indicios de delito, se dará intervención al Ministerio Público Fiscal y al juez competente.

Además, el proyecto prevé medidas de control para evitar el ingreso de dispositivos a los centros de detención, incluyendo la posibilidad de instalar sistemas de inhibición o gestión controlada de señal para impedir comunicaciones clandestinas.

Las terminales institucionales habilitadas para los internos estarán configuradas únicamente para llamadas de voz, quedando prohibido el acceso a internet, redes sociales, aplicaciones de mensajería, correo electrónico, videollamadas o intercambio de archivos.

Las comunicaciones solo podrán realizarse hacia números previamente autorizados y registrados, y se llevará un control de cada llamada con datos como fecha, hora, duración, interno solicitante, terminal utilizada y número de destino.