“Que se haga justicia de una vez y que pague por lo que me hizo”, escribió hace unos días una chica de 16 años en su perfil de Facebook, en relación a su hermanastro de 30 a quien, en octubre del año pasado, denunció por un abuso sexual reiterado que comenzó cuando ella tenía 4 años.
El caso es conocido por dos cuestiones: la primera, porque el 30 de octubre del año pasado, el acusado sufrió un escrache del barrio Fátima y terminó atrincherado. Durante horas una turba iracunda provocó daños en el frente del domicilio y la camioneta que estaba estacionada en el portal de la morada, que sólo pudo ser impedida por las fuerzas de seguridad.
La segunda, por haber marcado un precedente en la historia jurídica de la provincia, cuando Fernando Zanetta, magistrado a cargo del Juzgado Penal Juvenil, le permitió a la víctima ser la primera menor de edad querellante en una causa de abuso.
En esa resolución, que recién se tomó en agosto de este año, la Justicia entendió que la madurez y el estado de vulnerabilidad en el que se encontraba la preadolescente le permitía velar por sus derechos y garantías. De igual manera, cuenta con el patrocinio de Yamila Bórquez, abogada del estudio de Carlos Muriete.
La causa apenas si había avanzado hasta marzo de este año, cuando la pandemia y la Feria Judicial Extraordinaria hicieron que se retrase todo. De igual manera, en las última semanas, volvió a retomarse el caso, “tras la publicación de La Opinión Austral, por el precedente histórico y algunas publicaciones que hizo la sobreviviente”, indicó Bórquez.
Hace dos semanas, la preadolescente hizo una nueva declaración. De igual manera antes, su abogada dijo que le aseguren que no sea revictimizada. En la misma, según indicaron fuentes judiciales consultadas, surgió información nueva que involucraría aún más al hermanastro.
La semana siguiente, el Juzgado llamó a indagatoria al acusado y, según pudo saber este diario, hizo un descargo escrito junto a su abogado. Luego, se retiró de las instalaciones sin conocer que, momentos después, iba a ser allanado por la Policía.
Fuentes policiales consultadas indicaron que el procedimiento se realizó el jueves pasado y estuvo a cargo de las Fuerzas Especiales en un domicilio ubicado en Zumalacarregui al 700. Como resultado del mismo, sólo se secuestró un celular.
En su momento, una de las partes había solicitado que todos los dispositivos de almacenamiento sean secuestrados, pero la Fiscalía sólo dio el ok para incautar el teléfono personal del hermanastro.
De igual manera, el aparato será llevado en las próximas horas a la División Apoyo Tecnológico de la Policía con el fin de ser peritado. La fecha elegida como límite por el Juzgado para recibir el informe del teléfono es el próximo 6 de diciembre, de igual manera, podría tomar una resolución sobre el eventual procesamiento antes.
El caso quedó en manos del Juzgado Penal Juvenil porque se presume que los abusos sólo ocurrieron cuando ambos eran menores de edad, por lo que al acusado sólo podría caberle una “responsabilidad penal”.
Si se puede acreditar el agravante de “abuso reiterado” -que es algo que busca la querella- y que el hermanastro sometió a vejámenes a su familiar, siendo él mayor y ella menor, la causa deberá pasar a algún Juzgado de Instrucción de turno.
Por estas horas, la querella se muestra esperanzada respecto de la situación procesal del acusado: “Hay suficiente prueba para poder avanzar”, indicó Bórquez.
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