Por Sabrina Pont

Que cada proyecto minero requiere para su desarrollo desde las primeras etapas, incluso antes de la construcción de sus primeras instalaciones o en plena etapa de exploración, de una red de contratistas y proveedores de bienes y servicios que movilizan toda una cadena de valor es una de las particularidades más resaltadas por quienes defienden y promueven la industria, tanto desde el sector privado como desde el público.

Existe el consenso entre las operadoras, los trabajadores y el Estado Nacional de que es con el desarrollo de proveedores, fabricantes de insumos y empresas de servicios que la minería puede generar crecimiento no solamente al entorno cercano, sino para todo el país, y que eso puede ser un baluarte para que la minería logre licencia social en las provincias donde está prohibido su desarrollo y para que se puedan impulsar más proyectos.

Compre local

En Santa Cruz, por caso, se promulgó en 2018 la Ley N° 3.616, que impuso que como mínimo el cincuenta por ciento (50%) del monto total anual de las contrataciones que deban realizar las empresas de obras, bienes, insumos o servicios se haga con proveedores santacruceños inscriptos en RUPAE, que es el “Registro Único de Proveedores de Actividades Económicas” que funciona bajo la órbita del Ministerio de la Producción, Comercio e Industria de la provincia.

El Ministerio de la Producción realiza un relevamiento, sector por sector

“Estamos trabajando para generar las condiciones para que se cumpla. Hemos generado el RUPAE y hemos hecho la clasificación de proveedores, porque eso no estaba, y establecimos los criterios para determinar esa clasificación. Estamos siempre incentivando a que se inscriban”, señaló a Santa Cruz Produce la ministra de Producción, Comercio e Industria, Silvina Córdoba.

Silvina Córdoba.

La norma no define plazos para que las empresas incorporen a los proveedores necesarios para cumplir con el porcentaje exigido, por lo que, desde su sanción, todas las empresas que están desarrollando su actividad en suelo santacruceño y no llegan a esa cantidad están vulnerando la norma. Pero, en rigor de verdad, faltaba la reglamentación para que fuera totalmente exigible. Esta fue completada el mes pasado. Allí quedó establecido un procedimiento de sanciones y multas ante incumplimientos.

“Actualmente, las mineras están entre un 20% y un 25%, no llegan al 50% que obliga la ley. Es el sector en el que más hemos trabajado para recabar datos”, indicó la ministra y agregó que en la actualidad “estamos empezando con las represas y debemos convocar a las petroleras”, indicó Córdoba ante la consulta de SCP.

Actualmente, las mineras están entre un 20% y un 25%, no llegan al 50% que obliga la ley

“La discusión que pretenden las mineras ahora es qué porcentaje, efectivamente, se puede comprar en Santa Cruz, que haya oferta local. Ese porcentaje exacto no lo tenemos”, agregó la ministra. En la Ley 3.616 está hecha la aclaración de que “se excluirá del porcentual aludido la contratación de todos aquellos bienes, insumos o servicios que no puedan ser brindados por los proveedores santacruceños inscriptos en el RUPAE”.

De acuerdo con Silvina Córdoba, en su cartera se están analizando las declaraciones juradas de las seis empresas mineras que tienen proyectos en producción en la provincia, a fin de apercibir en los casos que corresponda por incumplimiento.

Según los datos de la Cámara de Proveedores Mineros de Santa Cruz, son 100 las empresas que están registradas en la entidad y que están inscriptas en RUPAE.

“Nosotros podemos asistir con valor a toda la cadena minera, desde la exploración hasta la explotación. Esas 100 empresas brindan trabajo a unas 6.500 personas y cubren todos los rubros que requiere el sector, desde la exploración hasta la explotación. Hoy estamos en un 20% de contratación local. Si se cumple la ley y se cubre el 50%, podríamos llegar a emplear más de 15.000 personas”, señaló a SCP Daniel García, vicepresidente de la cámara.

Si se cubriera el cupo de compre local, las pymes podrían emplear a 15 mil personas

En paralelo, Catamarca cuenta con una ley de compre local que fue reglamentada con resoluciones del Ministerio de Minería para establecer exigencias para las operadoras mineras, a fin de que se dé prioridad a la contratación de los proveedores oriundos de la provincia. San Juan, por su parte, cuenta con una ley de compre local de vieja data y como no es específica del segmento minero, se presentaron algunas iniciativas que todavía están en carpeta, a fin de puntualizar en obligaciones para la actividad minera.

Manuel Benítez.

A nivel nacional, las empresas proveedoras de bienes y servicios para el sector minero generan empleo directo e indirecto para unas 110.000 personas. Según el presidente de la Cámara Argentina de Proveedores Mineros (CAPMIN), Manuel Benítez, es importante que en cada proyecto minero se pueda priorizar la contratación de los proveedores de las comunidades aledañas primero, los que se desempeñen en toda la provincia y finalmente, también se debe dar paso a los del resto del país.

Hay capacidad

“Tenemos que trabajar todos en la institucionalidad para salir a responder la demanda de cada minera y que se compre en la Argentina y no fuera del país, porque todavía hay elementos que se compran afuera. Pero, por supuesto, primero estamos promoviendo el compre provincial”, indicó Benítez a SCP.

En ese sentido, dijo que los proveedores mineros deben apuntar a un trabajo asociativo con el fin de ampliar el horizonte y crecer, “porque el mercado no culmina en un proyecto o en una provincia, sino que es toda Latinoamérica”.

“Tenemos proveedores mineros que exportan sus productos y servicios a Chile, Perú, Brasil, Ecuador y a varios países más, debido al esfuerzo del mediano y pequeño empresario que, en un mercado tan especial como el minero, tuvo la decisión de invertir”, sostuvo.

A nivel nacional, proponen una unidad de proveedores para cubrir la demanda

“Frente a un contrato de una mina de un lugar determinado, frente a la necesidad de tomar ese contrato, tiene que haber unidad de proveedores que primero se dé en la provincia, en la región si es preciso y, si es posible, a nivel nacional. Porque a veces no se alcanzan a cubrir los requerimientos de las operadoras y se pierden contratos importantes. Pero ante eso, tiene que primar la unidad”, concluyó.