EL DECRETO, QUE TAMBIÉN PROHÍBE LOS DESALOJOS, SE PRORROGARÍA UN MES MÁS

El Gobierno analiza extender el congelamiento de los alquileres

Esta fue una de las primeras medidas tomadas por el presidente en el inicio del Aislamiento Social en marzo del 2020. Sin embargo, la situación económica de los inquilinos poco ha cambiado desde entonces, y denuncian falta de control por parte del Estado.

Por La Opinión Zona Norte


El próximo 31 de enero vencerá la última extensión del Decreto de Necesidad y Urgencia que, entre otras cosas, congela el precio de los alquileres y prohíbe los desalojos en el marco de la emergencia sanitaria y económica por la pandemia de COVID-19. No obstante, desde el Gabinete de Alberto Fernández señalaron que están analizando reglamentar una nueva prórroga de esta medida.

Respecto a este tema, el abogado y referente de la Asociación de Inquilinos de Santa Cruz, Matías Solano, brindó detalles de la postura de los locatarios en diálogo con LU12 AM680.

 

“Hay fuentes del Ministerio (Desarrollo Territorial y Hábitat) que nos dijeron que iban a extender el decreto un mes más. Lo cual no nos puso muy contentos, porque un mes es muy poco tiempo”, señaló el letrado. En esa línea, Solano advirtió que la situación de los inquilinos poco ha cambiado desde el año pasado e incluso ha empeorado.

 

“Hay personas que desde marzo del 2020 están sin trabajo, vienen con dificultades y acumulando deudas. Cada vez es más difícil mudarse y pagar el alquiler”, relató Solano. Por este motivo, desde la Asociación de Inquilinos consideran necesario que el DNU se extienda, al menos, por 6 meses más.

 

No obstante, el abogado remarcó que, en conjunto con esta medida, el Estado debe buscar la forma de descomprimir la situación financiera de los inquilinos para cuando concluya el congelamiento.

 

“Cuando termine el decreto, vamos a tener un caos de acciones judiciales y desalojos con endeudamientos que, en algunas situaciones, quedarán para toda la vida. Son sumas grandísimas de dinero que pesan en la espalda de las familias”, afirmó.

 

Para que esta situación no se convierta en un camino interminable y sin salida, los inquilinos proponen la creación algún tipo de plan de pagos que les permita ponerse al día con sus deudas de manera sostenible.

Control del Estado

Por otro lado, desde la Asociación vienen denunciando ausencia de regulación estatal para hacer cumplir lo estipulado en la reglamentación. Uno de los puntos cruciales de la norma es la prohibición de los desalojos, sin embargo, según señala Solano, este artículo no se estaría respetando.

 

“En algunas ocasiones hay desalojos forzosos provocados por las mismas inmobiliarias o los propietarios, algunos llegan a ser violentos”, indicó el referente de los inquilinos. Además, en los casos que no se utilice la fuerza física para expulsar a una persona de un inmueble, Solano afirma que se recurre a amenazas sistemáticas hacia los locatarios y sus garantes.

 

“Con diversas maniobras buscan que los inquilinos se vayan, sobre todo aquellos que tienen dificultades para pagar, que en esta situación económica son muchos”, relató el jurista.

 

Al respecto, desde la Asociación señalan la ausencia de protección y acompañamiento por parte de las distintas órbitas del Estado. En este marco, muchos inquilinos no tienen a quién acudir y optar por contratar un abogado es una chance que la mayoría de las veces escapa de sus posibilidades económicas.

 

“En algunos casos muy graves, hemos conseguido ayuda de la Secretaría de Derechos Humanos, pero sólo en situaciones muy extremas”, aseguró Solano.

Proyecto provincial

Para atender esta situación, la Asociación de Inquilinos apoya una iniciativa presentada en la Legislatura santacruceña que busca crear una oficina de resolución de conflictos. El proyecto fue presentado en la Cámara de Diputados en el año 2018 por medio del entonces legislador Darío Menna. Posteriormente, en el año 2019 se volvió a elevar a ese Cuerpo, con algunas modificaciones, en manos de la diputada Karina Nieto.

 

“Cuando hay alguien que interviene y explica a las partes cuáles son los derechos de cada uno, por lo general se logra resolver los conflictos”, subrayó Solano que espera que esta propuesta se convierta en ley provincial

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