La pandemia corrió de eje las agendas de los sectores productivos. No hay actividad que, directa o indirectamente, no se vea afectada por el freno de emergencia forzado por el Covid-19. Por caso, desde que se declaró esencial en el mes de abril, la minería adaptó sus procesos al nuevo contexto y los ciñó a estrictos protocolos sanitarios.
En tanto, los desafíos pendientes siguen siendo los mismos que se acarrean desde antes de la cuarentena, y que el nuevo escenario global reafirman e intensifican: la necesidad de una licencia social más amplia para lograr el desarrollo en todo el territorio nacional y la solicitud de una mayor certidumbre y previsibilidad, en materia de seguridad jurídica, para los inversores.
Plan estratégico
Mientras el secretario de Minería de la Nación Alberto Hensel pretende dar respuesta a esas demandas con la construcción del Plan Estratégico para el Desarrollo Minero, otras voces del peronismo, que son referentes históricos pero recientes para la minería nacional, volvieron a plantear como alternativa para marcar el desarrollo del sector, la creación de una sociedad mixta que contenga al Estado Nacional como aglutinador, a las provincias como dueñas de los recursos minerales y al capital privado.
“El Partido Justicialista tiene una serie de comisiones que son una especie de usina y opiniones. Uno no tiene que estar cerrado a ninguna visión, pero todo depende de cuál es la agenda en relación a la minería, donde hay varios temas bastante complejos que condicionan la inversión” dijo el secretario de Minería de Nación. “Si no tenemos inversión, no tenemos operaciones, porque la minería funciona a la medida que hay exploración, operación, sostenimiento y producción de minerales”, dijo Alberto Hensel e intentó ponerle un marco a la propuesta de creación de una gran empresa minera pública-privada que lleva la venia del presidente del PJ, José Luis Gioja, aunque la desechó: “hoy no está dentro de los temas de agenda”.
El proyecto
La idea se dio a conocer en el marco de un seminario de dos jornadas sobre empresas públicas y mineras que organizó la Comisión Federal de Técnicos y Profesionales de la Minería del Partido Justicialista a fines de agosto.
La sede de la empresa Fomicruz, en Santa Cruz
El proyecto fue desarrollado por el consultor minero Favio Casarin quién, incluso, le puso el nombre de “Compañía Argentina de Minerales S.A”. Según describió el especialista, la intención era conformar una empresa que, en líneas generales, contara con un 51% de capitalización de acciones por parte del Estado (26% de la Nación y 25% de las provincias), y el 49% restante sería ofertado al capital privado, preferentemente a fondos nacionales. Similar a la conformación que hoy tiene YPF.
Alberto Hensel ofició de presentador en la apertura del seminario virtual que se tituló “Proyecto público-privado. Presente y Futuro. Modelos nacionales”. Y cerró su conexión sin participar de las charlas que se dieron en ese marco.
Pero un par de días después, se refirió al tema en declaraciones a Radio Sarmiento de la provincia de San Juan. Señaló que “con una enorme experiencia en campos de la exploración y estándares internacionales, perfectamente YPF podría involucrarse más en los temas mineros en Argentina”, afirmando que “esa es nuestra visión desde el Ministerio de Desarrollo Productivo y es algo que se tendrá que decidir en su momento”.
El funcionario aclaró que no está en los planes de su Cartera la institución de una nueva compañía nacional de minería. “Las empresas provinciales son las que están llevando adelante esta visión de una participación importante dentro el negocio minero, cosa que me parece bien”, agregó el secretario de Minería.
Licencia social y renta
Por otra parte, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, resaltó el rol de las empresas mixtas provinciales en la conformación de la licencia social que precisa la minería para su desarrollo en cada distrito. En ese contexto puso como ejemplo el modelo santacruceño.
Cabandié puso a Santa Cruz como ejemplo de la articulación público-privada en la minería
Consultado sobre la posibilidad de que se permita hacer minería en Malargüe, una localidad de la provincia de Mendoza en donde la actividad está prohibida por ley, Cabandié dijo que “tendrá que determinarlo la Legislatura Provincial y los habitantes de Malargüe”. “Todos los proyectos tienen que hacerse en el marco de lo sostenible y con licencia social. Lo dije la semana pasada en Chubut; si no hay licencia social no se puede hacer nada”, señaló el ministro.
En ese contexto ejemplificó: “En Santa Cruz, el Estado tiene el 50 % en un esquema mixto privado y provincial que procura que no haya desajustes en la actividad para evitar contaminaciones que afecten a la población”.
Por otra parte, José Luis Gioja, titular del PJ y diputado nacional estimó que las autoridades provinciales hoy podrían aumentar los aportes económicos a partir de la minería. “Con la creación de un fondo fiduciario, en el que la empresa, el intendente del departamento y el gobierno definen obras de infraestructura en sus distritos”, apuntó el ex gobernador cuyano y justificó: “ya que la onza de oro aumentó considerablemente y las empresas no deberían tener problema en aceptarlo”.
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