El pasado viernes se dio una situación bastante particular, cuando un grupo de vecinos vio frustrados sus planes de viajar hacia la pingüinera de Cabo Vírgenes.

En el marco del programa Febrero en Gallegos, impulsado por la Municipalidad de la capital santacruceña, la actividad de ese día no pudo realizarse por un conflicto gremial entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y la empresa encargada del transporte hacia la Reserva Natural.

No obstante, el problema no culminó allí, ya que ese mismo día el sindicato convocó a los choferes del transporte urbano a realizar un paro por tiempo indefinido, dejando sin provisión del servicio en las dos líneas habilitadas (B y E).

 

Al respecto de este tema, el contador Diego Robles, secretario de Hacienda Municipal, dialogó con LU12 AM680 y brindó detalles sobre el conflicto.

 

¿Reclamo salarial?

En primer lugar, el funcionario municipal explicó que, según la entidad gremial, la medida de fuerza habría sido por un supuesto “incumplimiento salarial”. No obstante, aseguró que esta afirmación no coincide con la realidad de los hechos.

“Nosotros el día viernes depositamos en la cuenta judicial los salarios netos y las retenciones que se hacen por cuotas alimentarias de los 58 trabajadores de Maxia”, relató Robles.

 

El día viernes depositamos en la cuenta judicial los salarios netos

Luego de la salida de la empresa, el Gobierno Comunal asumió la responsabilidad de sostener los puestos de trabajo de los conductores, teniendo en cuenta, además, que por la situación epidemiológica no se brindó el servicio durante muchos meses.

“El Municipio y todos los contribuyentes estamos haciendo un esfuerzo muy grande y venimos pagando los sueldos que cobraban e inclusive los aumentos salariales que la UTA acordó a nivel nacional”, señaló el secretario de Hacienda.

 

Son sueldos muy superiores a la media de un empleado municipal

Además, el funcionario precisó el monto depositado en la cuenta judicial, que equivale a más de 4,5 millones de pesos. “Estamos hablando de sueldos que son muy superiores a la media de un empleado municipal”, comentó Robles.

 

¿Existe solución?

No es un secreto que la relación entre la UTA y el Ejecutivo Municipal viene siendo tirante hace un tiempo. Sin embargo, desde la gestión de Pablo Grasso aseguran que el rumbo no es la confrontación, sino el diálogo.

Según contó Diego Robles, durante el fin de semana estuvo en comunicación con el ministro de Trabajo de la Provincia, Teodoro Camino, para que actúe de intermediario entre las partes involucradas.

“Nosotros apelamos y esperamos que con la participación del Ministerio de Trabajo como articulador podamos sentarnos para tratar de encontrar un camino que haga que estos conflictos dejen de suceder”, ratificó el funcionario municipal.

Y agregó: “Habíamos coordinado una reunión para este fin de semana con el gremio y no se pudo hacer ya que su secretario general, Rubén Aguilera, estaba volviendo de sus vacaciones”.

En un marco de entendimiento, Robles expresó el compromiso de solucionar los inconvenientes a través del diálogo.

No obstante, pidió a todas las partes actuar con conciencia acerca de los efectos de las acciones tomadas.

“Esperamos que no se use, ni a los trabajadores, ni a los vecinos como rehenes de una situación de la cual no tienen que estar participando”, concluyó.

 

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