Poco antes de la Navidad y luego de meses de corte del servicio para todas las obras sociales, incluida la Caja de Servicios Sociales, la Justicia determinó que el Colegio de Odontólogos de Santa Cruz no tenía facultades para decidir sus aranceles y que, por lo tanto, los usuarios podrían volver a elegir precio y calidad de las consultas para su salud bucal.

Primero fue el juez de Primera Instancia de Río Gallegos, Francisco Marinkovic, quien falló en contra del Colegio de Odontólogos de Santa Cruz y les dio la razón a las obras sociales y al Gobierno respecto a que no era cierto que fuese esa institución la que podía fijar libremente sus montos de consulta. Más tarde, el colegio fue a la Cámara de Apelaciones.

Durante los meses previos -que fueron muchos-, quienes tienen obra social y debían hacerse algún tratamiento dental tuvieron que pagar la consulta en efectivo, porque ningún dentista estaba habilitado para disponer de los convenios que había celebrado con cada una de las obras sociales. Al “cash” de la consulta se sumaba el “kit Covid” que el colegio estableció como obligatorio para cada atención y que rondaba entre los $ 1.500 y $ 2.000.

La comisión directiva cumplió en diciembre un año al frente de la institución y desde entonces interpreta que la modificación que hizo la Cámara de Diputados sobre la ley que regula la profesión los habilitó a decir cuánto debe pagarle cada usuario a un profesional del rubro.

Para eso hicieron obligatorio un “mínimo ético” que las obras sociales no están dispuestas a pagar, entendiendo que es elevado y que si cada rama de la medicina hiciera lo mismo, no habría cobertura de salud prepaga que resistiera.

Nuevo capítulo

Si bien el fallo decía que “los aranceles mínimos y éticos tienen carácter indicativo u orientativo, son importes sugeridos como referencia”, el Colegio de Odontólogos elaboró ahora su Código de Ética en el que hace caso omiso y reglamenta que el “arancel mínimo obligatorio” debe cumplirse, caso contrario, habrá sanciones.

Con el Código de Ética podrán sancionar a quienes no cumplan
con el arancel “mínimo ético”

Este mes, en el que aumentaron los aranceles, el colegio mostró que está decidido a persistir en su postura en contra del Ministerio de Salud, las obras sociales y la Justicia.

Según indicó una odontóloga en diálogo con La Opinión Austral, quien prefirió dejar su nombre en reserva, “ahora nos avisan a los colegiados de que este miércoles, feriado, se va a votar en asamblea un Código de Ética donde expresa que es una falta grave no acatar los aranceles mínimos obligatorios. Ergo, todas las obras sociales están por debajo de lo que piden”.

El Código de Ética al que accedió La Opinión Austral establece otros asuntos preocupantes para los profesionales, entre ellos que resulta falta grave que un dentista hable de otro colega, mucho menos del colegio o de sus autoridades.

El Código de Ética es un reglamento para decretar el ejercicio de la profesión, que marca pautas de buena o mala conducta y todo es pasible de sanción, aviso, apercibimiento, y termina con la posibilidad de perder la matrícula.

Así las cosas, si este miércoles se aprueba el código, que dice que los profesionales deben cumplir con el arancel “mínimo” que está por encima de lo que pagan las obras sociales, la institución entraría en una nueva encrucijada, junto con quienes ejercen la profesión.

No sólo ellos, sino que, hasta que las obras sociales no paguen lo que piden, los usuarios continuarán pagando en efectivo, limitando la salud bucal a quienes puedan costearla.

“Ellos no te dicen que no podés trabajar con la obra social, sino que podés hacerlo si pagan el arancel que ellos establecen, pero si no lo hacen estarías vos cometiendo la falta de ética y ponés en riesgo tu matrícula”, advirtió la odontóloga riogalleguense.

Vale mencionar que a nivel país es el único Colegio de Odontólogos que quiere establecer algo como esto, en función de su estructura de costos.