La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue aceptada este martes como querellante en la causa en la que se investigan las amenazas y los mensajes violentos difundidos en redes sociales por el espacio conocido como Revolución Federal, del que forma parte el exsoldado de Río Gallegos Franco Castelli.
La decisión fue adoptada por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, en el marco de la investigación que se encuentra bajo secreto de sumario y delegada en el fiscal Gerardo Pollicita.
Son justamente los ataques contra la Casa Rosada y el Instituto Patria que realizó Revolución Federal los que De Giorgi investiga en el expediente, en el que se presentó ayer la vicepresidenta.
Es en esa causa, por ejemplo, fue que el magistrado confirmó que los hermanos del exministro y hermano de la vida de Mauricio Macri, Luis “Toto” Caputo, financiaron con cerca de siete millones de pesos a la agrupación neonazi que desde comienzos de año protagoniza violentos escraches. El dinero ingresó a través de dos empresas bajo la apariencia de pagos por tareas de carpintería a Jonathan Morel, fundador de la organización, quien dijo haber aprendido el oficio por YouTube.
Claudio Vázquez pidió información a De Giorgi sobre Castelli y en ese expediente no figura.
Pero además, ese expediente cuenta con la información aportada a mediados del mes pasado por el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi, sobre manifestaciones realizadas en el Space de Twitter “hay que pudrirla?”, donde dos miembros del grupo Revolución Federal, su líder, Jonathan Morel y el soldado Franco Castelli, hablan de cómo asesinar a la vicepresidenta mediante infiltrados en las manifestaciones frente a su casa de el bario porteño de Recoleta.
Esa charla (dura dos horas y sólo se hizo pública una fracción), que curiosamente se produjo el 26 de agosto, día en el que, como luego se supo, la banda de “Los Copitos” fracasó por primera vez en su intento de matar a Cristina, Morel y Castelli dicen que hay otros objetivos, entre ellos Máximo Kirchner.
Morel: -¿Pasás todos los días por la casa de Máximo?
Castelli: -Sí.
Morel: -Claro, porque vos sos de Santa Cruz, ¿no?
Castelli: -Sí, de Gallegos, estoy acá.
Morel: -¡Uy! ¡Cómo no lo mataste boludo!
Luego de que Castelli hiciera una declaración durante la madrugada del 16 de septiembre -la única hasta el momento- ante el auditor del Ejército y se le comunicara su separación de la guarnición de Comunicaciones, el juez federal de la capital santacruceña Claudio Vázquez ordenó el allanamiento de su vivienda, en la que se secuestraron dos teléfonos y otros elementos de interés.
Sin embargo, a más de un mes de aquello, la causa está en un limbo porque no se definió la competencia, es decir, si Vázquez debe proceder o remitirá las actuaciones a los estrados de Martínez de Giorgi.
La presentación para que la vicepresidenta sea tenida por querellante fue realizada el lunes por los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, los mismos que representan a la exmandataria en la causa en la que se investiga el intento de magnicidio ejecutado por Fernando André Sabag Montiel el primero de septiembre pasado.
Durante este tiempo, lo que quedó claro es que la pareja del hombre que gatilló dos veces hacia la sien izquierda de la dos veces presidenta de la Nación, Brenda Uliarte, también detenida, sí forma parte de Revolución Federal.
Los abogados que representan a la expresidenta no descartan que pueda surgir algún tipo de vinculación entre esa causa y aquella en la que se investiga el atentado fallido, radicada en el juzgado de María Eugenia Capuchetti.
El soldado Franco Castelli, que hablaba de matar a Máximo Kirchner
En su momento, atento a que había indicios, como el audio de la AFI, que marcaban que el intento de asesinato seguía en planes de la organización y que además Uliarte operaba como nexo, el juez Martínez de Giorgi había resuelto que la causa radicada en su juzgado pasara al de Capuchetti, pero la jueza lo rechazó porque consideraba que no habían elementos concretos que permitieran establecer una conexidad entre los dos expedientes.
Fue entonces que el tema fue resuelto por el presidente de la Cámara Federal porteña, Mariano Llorens, que finalmente le dio la razón a Capuchetti y determinó que los casos siguieran tramitándose por separado.
Es decir que en la causa en la que se investiga el accionar de Revolución Federal, donde está la información que aportó la AFI y gira en torno a la charla entre Castelli y Morel, corre por un lado, pero en Río Gallegos no es ese el foco de la cuestión, sino puntualmente el exsoldado de Río Gallegos.
De hecho, el juez Vázquez solicitó oportunamente información sobre Castelli a Martínez De Giorgi y la respuesta fue que ese material no estaba en el expediente.
Todavía no están los resultados de las pericias al celular del exsoldado Franco Castelli.
Resta entonces saber si hay conexidad entre las causas -todo indicaría que sí- y a partir de ahí, probablemente girar la información que se recabe a la causa principal.
Dependerá entonces de que terminen de realizarse las pericias a los celulares de Castelli, que todavía no fue citado por el juzgado, para saber si efectivamente, en Río Gallegos, capital de Santa Cruz, también hubo un plan para matar a Cristina o a Máximo Kirchner.
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