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La investigación por presuntas maniobras de narcotráfico y lavado de activos en Santa Cruz tuvo un importante avance con la realización de 27 allanamientos y una serie de medidas judiciales que alcanzaron distintos puntos de la provincia y también la ciudad de Buenos Aires. Los procedimientos, que comenzaron el lunes 9 de noviembre y continuaban este martes, fueron ordenados por el juez federal de garantías Claudio Marcelo Vázquez, a partir de los requerimientos formulados por la Unidad Fiscal Río Gallegos y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).
Según pudo saber La Opinión Austral, el despliegue judicial se desarrolla en el marco de dos investigaciones relacionadas entre sí, en las que se intenta determinar la presunta existencia de organizaciones criminales dedicadas al transporte y comercialización de estupefacientes y, paralelamente, al manejo y circulación de bienes que tendrían un origen ilícito.
El dato de mayor relevancia de la investigación es que una de las líneas de trabajo conduce hacia una posible estructura encabezada por el empresario Lázaro Báez, quien actualmente se encuentra detenido. Según la hipótesis que analizan los investigadores, esa organización habría tenido como finalidad administrar, explotar y poner nuevamente en circulación activos presuntamente sustraídos de la ejecución de las condenas judiciales que pesan sobre el empresario.
Camiones, cocaína y un lavadero bajo investigación
La primera de las investigaciones apunta a una presunta organización criminal que habría utilizado camiones pertenecientes a una empresa transportista para trasladar cocaína. De acuerdo con la información difundida por la Unidad Fiscal Río Gallegos y la PROCELAC, las maniobras se habrían desarrollado, al menos, desde diciembre de 2025.
La hipótesis fiscal sostiene que los vehículos de transporte habrían sido utilizados como parte de una logística destinada a movilizar la droga, aprovechando la circulación habitual de unidades vinculadas con la actividad comercial de la empresa.
Dentro de esa estructura, los investigadores identificaron a dos hombres que presuntamente estarían a cargo de la distribución del material estupefaciente. Uno de ellos tendría a su cargo un lavadero ubicado sobre la calle Spilimbergo, en Río Gallegos, establecimiento que habría sido utilizado como punto para concretar las entregas.
Ese lugar aparece como una de las referencias territoriales más importantes de la investigación, ya que, según la hipótesis judicial, allí se habrían realizado operaciones vinculadas con la distribución de la droga.
La pesquisa no se limita únicamente al traslado de estupefacientes. A partir de los elementos reunidos durante la primera etapa de la investigación, los fiscales comenzaron a profundizar otra línea que derivó en una segunda causa, vinculada con el presunto lavado de activos.
La conexión con Lázaro Báez
La segunda investigación surgió como un desprendimiento de la causa por narcotráfico y tiene como eje la posible existencia de una organización dedicada a administrar, explotar y poner en circulación bienes de origen ilícito.
Según la hipótesis fiscal, esa estructura estaría encabezada por el empresario Lázaro Báez, actualmente detenido, y habría tenido como finalidad sustraer determinados activos de la ejecución de las condenas judiciales que pesan sobre él.
En otras palabras, los investigadores intentan establecer si existió una estructura organizada para mantener bajo administración, explotación o circulación bienes que podrían haber quedado alcanzados por las consecuencias patrimoniales de las sentencias judiciales.
La presunta maniobra habría requerido la participación de distintas personas capaces de intervenir en la administración y el movimiento de esos activos, una cuestión que ahora se encuentra bajo análisis de los organismos judiciales.
Uno de los puntos más sensibles del expediente es la posible superposición de integrantes entre ambas organizaciones investigadas. De acuerdo con la información oficial, uno de los sospechosos que formaría parte de la estructura dedicada al manejo de activos sería también quien estaría identificado como presunto líder de la banda vinculada al narcotráfico en Santa Cruz.
Un operativo en distintos puntos de Santa Cruz y Buenos Aires
Según pudo saber La Opinión Austral, los procedimientos ordenados por el juez federal Claudio Marcelo Vázquez comprendieron 27 allanamientos y otras medidas judiciales desplegadas principalmente en Río Gallegos, El Calafate, establecimientos rurales de Santa Cruz y distintos puntos de Buenos Aires.
El operativo requirió la participación coordinada de distintas fuerzas de seguridad. Intervinieron efectivos de Narcocriminalidad e Investigaciones de la Policía de Santa Cruz, junto con personal de la Prefectura Naval Argentina y de Gendarmería Nacional.
Como resultado de los procedimientos realizados en sucursales de inmobiliarias, casas particulares -incluyendo la vivienda de Lázaro Báez en El Calafate- , se secuestraron estupefacientes, documentación y diversos vehículos que estarían vinculados con las personas investigadas en ambas causas. También se incautaron otros elementos considerados de interés para el avance de los expedientes.
El material reunido será sometido a los análisis correspondientes para determinar su vinculación con las maniobras investigadas. En particular, la documentación y los registros que puedan surgir de los procedimientos tendrán un papel importante para reconstruir las relaciones económicas, comerciales y personales entre los sospechosos.
Respecto de las autoridades provinciales, se pudo saber que fue supervisado por el ministro Pedro Prodromos, el titular de la Unidad de Coordinación asistencia y asesoramiento del Ministerio de seguridad Daniel Barrientos y Superintendente de Policía Judicial e investigación comisario general Daniel Carrillo y el jefe de Departamento de investigación zona Sur comisario general Luis Poblete.
Levantamiento del secreto bancario y seguimiento patrimonial
Además de los allanamientos y secuestros, la Justicia dispuso una serie de medidas cautelares patrimoniales sobre los involucrados. Entre ellas se encuentran embargos y otras restricciones destinadas a resguardar bienes mientras se profundiza la investigación.
También se ordenó el levantamiento del secreto bancario y fiscal de las personas alcanzadas por las medidas judiciales, una herramienta que permitirá a los investigadores acceder a información sobre movimientos financieros, operaciones económicas y registros impositivos.
Estas disposiciones fueron requeridas por los fiscales Julio Zárate y Diego Velasco, quienes intervienen en la investigación junto con el Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Río Gallegos y la PROCELAC.
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