El ex juez de la Corte Suprema de la Nación, Eugenio Raúl Zaffaroni (83 años) y el abogado Guido Croxatto (40 años), han asumido el papel de defensores legales del expresidente peruano Pedro Castillo. Ambos abogados letrados brindaron una extensa entrevista al periodista Renzo Gómez Vega del diario español El País donde abordaron temas cruciales sobre el proceso legal que rodea a Castillo, especialmente la acusación de intento de Golpe de Estado y su destitución.

“Lawfare” y el Contexto Latinoamericano

El caso de Castillo es situado por Zaffaroni en el contexto más amplio del “lawfare“, una estrategia utilizada por el poder financiero trasnacional en América Latina. Esta estrategia involucra la colaboración entre medios monopólicos u oligopólicos y jueces para perseguir y judicializar a líderes de movimientos que amenazan los intereses de las corporaciones financieras en la región.

El caso Castillo no es un caso aislado en América Latina. Se inscribe en lo que se llama lawfare, que es usado por el poder financiero trasnacional en toda nuestra región. Medios de comunicación monopólicos u oligopólicos en combinación con algunos jueces colocados en posiciones claves persiguen, criminalizan y judicializan a los líderes de los movimientos que obstaculizan los intereses de las corporaciones financieras en América”, sostuvo Zaffaroni.

Por su parte, Croxatto señaló: “Estamos hablando de un presidente al que le obstruyeron 70 proyectos y estamos hablando de un Congreso repudiado por el 90% de los peruanos. El presidente de México, López Obrador me contó que cuando lo vio a Castillo, Castillo le dijo que estaba solo en un sentido político. Él se despojó de cualquier estructura. Eso me lo dijo a mí personalmente también. ¿Estaba tan equivocado en ese discurso a la luz de lo que vemos en Perú? Con una dictadura que asesinó 70 personas y no hay nadie preso. Y Castillo está preso por haber dado un discurso”.

Guido Croxatto y Eugenio Zaffaroni, abogados del expresidente de Perú, Pedro Castillo. FOTO: EL PAÍS

La tentativa de rebelión y sus efectos

El punto central de la defensa es que lo ocurrido el 7 de diciembre no fue un Golpe de Estado, sino una tentativa inidónea de rebelión. Zaffaroni explicó que, aunque Castillo creyera que alguien podría levantar un arma, esta tentativa jamás tuvo efecto real. Enfatiza que Castillo estaba a punto de ser destituido por el Congreso y que su discurso, lejos de consolidar un Golpe, fue una proclama simbólica que no tenía respaldo. El ex magistrado de la Corte Suprema comparó esta situación con intentar matar a alguien con un objeto ineficaz, como alfileres en un muñeco.

“Supongamos que él creía que detentaba el poder, pero jamás eso tuvo un efecto. Es lo mismo que matar a alguien con alfileres a un muñequito. Sí, yo creo que lo voy a matar, creo que tengo el poder, la fuerza del mal a mi lado, y el otro no se muere. Eso es tentativa inidónea“, aseguró Zaffaroni.

Pedro Castillo, presidente depuesto de Perú.

Respecto a este punto, Guido Coxatto indicó: “Esto de que la tentativa inidónea no es punible es central en la discusión con César San Martín Castro y los penalistas en Perú. Respecto al procedimiento quiero decir: el mensaje que Castillo leyó no fue un Mensaje a la Nación, porque ni siquiera cumplió con esas formalidades. Y eso no es menor porque después se quiso imputar a ministros por una conspiración de la que no fueron parte. Ni los propios ministros de Castillo sabían lo que estaba leyendo. Por eso no procede la conspiración. Un delito es una acción típica, antijurídica y culpable. Si la acción es atípica no hay delito. Ahora quieren levantar el secreto de las comunicaciones de Castillo, porque no tienen pruebas. No han podido encontrar un solo comandante que diga: sí, yo estaba por ir con cien policías a disolver el Congreso“.

El debate sobre la destitución y el debido proceso

La defensa argumenta que la destitución de Castillo fue ilegítima y carente de debido proceso. Croxatto sostiene que el mensaje leído por Castillo no fue un “Mensaje a la Nación” y que tampoco cumplió con las formalidades necesarias para que lo fuera. Alega que esto es crucial, ya que luego se intentó imputar a ministros por conspiración, a pesar de que ni siquiera sabían lo que el presidente estaba a punto de decir. La defensa insiste en que un delito debe ser típico, antijurídico y culpable, y en este caso, la tentativa inidónea no es punible.

Él los convocó porque iba a dar un discurso. A mí me dijo, respecto al discurso: es lo que el pueblo me pedía. Sus interlocutores no eran los políticos, el Congreso racista, ni sus propios ministros. Yo creo que si quieres imputar por conspiración, tenes que imputar a poblaciones enteras que apoyaban la consigna que dio Castillo. Castillo entiende que está pagando un precio por defender al pueblo y yo por eso lo defiendo, porque le creo”, sostuvo el letrado argentino y titular de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado (ECAE), dependiente de la Procuración del Tesoro de la Nación.

Impacto en la sociedad peruana

La defensa aborda también la relación de Castillo con el pueblo peruano y las razones detrás de las protestas a su favor. Croxatto señala que Castillo enfrentó obstrucciones sistemáticas en el Congreso y que su apoyo popular está arraigado en la identificación de los serranos con un presidente que representaba sus intereses.

“La masificación del gas. Si ese proyecto hubiese avanzado, por ejemplo, sus números de aprobación hubiesen sido distintos. Pero cada vez que Castillo mandaba un proyecto era rebotado porque chocaba con los intereses concentrados y económicos del Perú. Y la gente cree que es toda culpa de Castillo y no de los congresistas de Fujimori”, argumentó el jurista.

Hubo 70 personas asesinadas en Perú y lo que rige es la impunidad hay mucho miedo. Veo mucho miedo en Perú. Pero a mí lo único que me interesa es que se respete el debido proceso de una destitución ilegítima e ilícita“, manifestó Croxatto.

La corrupción como “arma política”

Zaffaroni comenta que la corrupción se ha convertido en una herramienta del “lawfare”, donde medios y jueces combinan fuerzas para atacar a líderes políticos. Sostiene que la corrupción se ha convertido en la “nueva brujería” en esta estrategia. Sin embargo, la defensa de Castillo alega que las acusaciones de corrupción no hacen legítima la destitución y enfatiza que muchos penalistas peruanos coinciden en que se violaron los procedimientos legales.

La corrupción se ha convertido en el lawfare. No conozco esos casos de Castillo, pero la corrupción se ha convertido en la nueva brujería del lawfare, salvo algunos pocos casos. Esta combinación de medios monopólicos u oligopólicos junto con algunos jueces siempre hacen pie en la corrupción. Y en muchos casos nos hemos dado cuenta de lo infundados que son. Las corrupciones grandes son las que quedan impunes”, explicó Zaffaroni.

La lucha por el debido proceso

En respuesta a las críticas sobre su enfoque legal y el tecnicismo, la defensa defiende el derecho de hacer valer el Derecho y sostiene que la restitución de Castillo y un juicio justo son los únicos caminos legales. Afirman que Castillo es una víctima ilegalmente destituida y que están comprometidos con la justicia.

Procesalmente lo que corresponde es la restitución y un juicio justo“, remarcó Croxatto.

En ese tenor, Zaffaroni añadió: “Perú tiene que volver a encontrar su senda institucional. Se debe volver a la democracia y acabar con esta dictadura. Procesar a los responsables de las muertes. La señora (Dina) Boluarte va a tener que pagar esas muertes algún día”.

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