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Miguel Edgardo Battista, de 71 años, rechazó las acusaciones por presunta privación ilegítima de la libertad y abandono de persona agravado. Detenido tras un allanamiento en su vivienda de Esquel, sostuvo que es víctima de una persecución. Su abogado aseguró que los tres hijos declararon en Cámara Gesell que no estaban privados de su libertad y solicitó el cese de la prisión preventiva.
El caso de la familia que habría permanecido en condiciones de encierro durante aproximadamente cuatro años sumó un nuevo capítulo con las primeras declaraciones públicas del bioquímico. Al hablar ante la prensa, el imputado cuestionó la actitud de sus vecinos, cuyas advertencias dieron origen a la investigación judicial.
“Mi versión de los hechos es que es una gran persecución”, afirmó Battista ante una consulta del medio local Noticias de Esquel, mientras aguardaba su traslado en un patrullero a la salida de los tribunales de Esquel, donde había sido notificado sobre el avance de la causa.
Lejos de profundizar en las acusaciones, el hombre apuntó contra quienes residían en las inmediaciones de su propiedad y alertaron a las autoridades tras advertir distintas situaciones que consideraron sospechosas.
“Recibí más afecto en prisión que con mis vecinos”, manifestó el imputado, quien permanece alojado en una dependencia policial de Trevelin mientras avanzan las primeras medidas de la investigación.
Sus expresiones constituyen la primera respuesta pública desde el procedimiento del 22 de octubre, cuando las autoridades ingresaron al domicilio familiar y dispusieron medidas de protección para su pareja, de 41 años, y sus tres hijos, de 19, 17 y 13 años.
La Fiscalía busca determinar si los integrantes del grupo familiar permanecieron privados de su libertad, cuáles eran sus condiciones de vida y qué responsabilidades penales podrían corresponderle al acusado. Por el momento, Battista está imputado por abandono de persona agravado por el vínculo, en concurso ideal con privación ilegítima de la libertad. Se trata de una calificación provisoria que podría modificarse a partir de las pericias y los testimonios incorporados al expediente.
Las sospechas entre los vecinos
La investigación comenzó el 10 de octubre, cuando residentes de Esquel alertaron a las autoridades sobre una serie de situaciones que despertaron preocupación por lo que ocurría en una vivienda ubicada en Pasaje La Cascada al 600.
Entre los hechos señalados figuraba un fuerte olor proveniente del inmueble, además de comportamientos que llamaban la atención de quienes vivían en las inmediaciones. Según los testimonios recogidos durante las primeras actuaciones, las ventanas permanecían cubiertas y prácticamente no se registraban movimientos durante el día.
Los vecinos indicaron igualmente que la actividad parecía concentrarse por la noche y que los hijos de la pareja casi nunca eran vistos fuera de la propiedad. A esas observaciones se sumaron referencias a gritos que se habrían escuchado durante la madrugada, lo que profundizó la preocupación por una posible situación de vulnerabilidad dentro del hogar.
Ante estas advertencias, el Equipo Técnico Interdisciplinario del Juzgado de Familia de Esquel tomó intervención e intentó ingresar al inmueble para entrevistar a sus habitantes y evaluar sus condiciones de vida. Sin embargo, de acuerdo con la información incorporada a la causa, Battista se negó a permitir el acceso de los especialistas. Esa circunstancia, junto con los antecedentes denunciados, derivó en nuevas medidas judiciales para garantizar la intervención de los organismos competentes.
El 22 de octubre se concretó el allanamiento que terminó con la detención del bioquímico y la asistencia de su pareja e hijos. El operativo estuvo encabezado por la procuradora de Fiscalía Cecilia Bagnato y la funcionaria judicial Mónica Caveri, con la participación de efectivos de seguridad y equipos especializados.
Durante el procedimiento, las autoridades inspeccionaron la vivienda para verificar las condiciones de habitabilidad y establecer en qué situación se encontraban las cuatro personas que convivían con el acusado.
La mujer y los tres jóvenes fueron retirados del domicilio y quedaron bajo asistencia de profesionales médicos y equipos de acompañamiento psicológico. La intervención permitió iniciar una evaluación de sus condiciones físicas y emocionales, además de recolectar elementos que podrían resultar relevantes para la causa penal.
Uno de los principales interrogantes que intenta resolver la Justicia es si podían abandonar libremente la propiedad o si existían mecanismos de control que se lo impedían. También se procura establecer desde cuándo se habría prolongado la situación denunciada y cuáles fueron sus consecuencias.
La hipótesis inicial contempla un período aproximado de cuatro años, aunque ese plazo deberá corroborarse mediante las pruebas reunidas. Asimismo, los investigadores buscan determinar las condiciones sanitarias del inmueble y establecer si existieron conductas que pusieron en riesgo la salud o la integridad de los integrantes de la familia.
Cámara Gesell y nuevas pericias
Tras el allanamiento, la Fiscalía avanzó con distintas diligencias destinadas a reconstruir lo ocurrido dentro de la vivienda. Entre las actuaciones más relevantes se encuentran las declaraciones de los hijos de Battista mediante el dispositivo de Cámara Gesell, utilizado para recibir testimonios en condiciones de resguardo y evitar situaciones de revictimización.
Según informó la defensa, los tres jóvenes manifestaron durante esas entrevistas que no estaban privados de su libertad. Sus testimonios deberán ser analizados junto con el resto de las pruebas para establecer cómo se desarrollaba la convivencia familiar y cuáles eran las posibilidades de contacto con el exterior.
En paralelo, se dispusieron evaluaciones relacionadas con la salud mental del imputado y otras pericias consideradas necesarias para esclarecer los hechos. Los investigadores también examinan dispositivos electrónicos secuestrados durante el operativo, con el propósito de obtener información que permita reconstruir las actividades y comunicaciones vinculadas con el domicilio.
A estas medidas se suman los testimonios de personas que podrían aportar datos de los movimientos observados en la propiedad durante los últimos años. Battista quedó inicialmente bajo prisión preventiva por diez días, mientras la Fiscalía reúne elementos para sostener la imputación y definir los próximos pasos del proceso. Su situación procesal deberá revisarse a medida que avance la investigación y se incorporen los resultados de las diligencias pendientes.
Quién es Miguel Battista
Además de la gravedad de las acusaciones, el caso despertó interés por los antecedentes profesionales y comerciales del detenido. Miguel Edgardo Battista se presenta públicamente como bioquímico y alcanzó cierta notoriedad durante la pandemia de coronavirus, cuando participó en entrevistas televisivas para promocionar un supuesto suplemento elaborado a partir de alfalfa.
En aquellas apariciones, sostenía que el producto podía ofrecer beneficios frente al Covid-19 y aseguraba haber observado resultados positivos en más de 400 personas. Sin embargo, esas afirmaciones no estuvieron acompañadas por estudios clínicos que permitieran verificar su eficacia como tratamiento contra la enfermedad. La promoción se produjo en un contexto marcado por la proliferación de propuestas terapéuticas sin respaldo científico suficiente y por la incertidumbre generada durante la emergencia sanitaria.
Battista también se presentó en redes sociales como bioquímico y médico. No obstante, de acuerdo a la información difundida sobre sus antecedentes profesionales, figura matriculado como bioquímico en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mientras que no se habría encontrado una matrícula médica vigente a su nombre en el registro nacional consultado.
Este aspecto de su trayectoria volvió a cobrar relevancia pública tras su detención en Esquel, aunque no constituye por sí mismo una prueba relacionada con los delitos que actualmente se investigan.
Registro comercial y antecedentes financieros
Otro aspecto que surgió después de conocerse el caso está vinculado con la actividad empresarial del imputado. La Opinión Austral pudo conocer que Battista aparece relacionado con ocho sociedades constituidas entre 2005 y 2020, varias de ellas vinculadas con el sector de la salud. Un dato llamativo es que seis de esas firmas fueron creadas entre febrero y marzo de 2020, coincidiendo con el inicio de la emergencia sanitaria por coronavirus.
Los objetos comerciales declarados abarcaban distintos rubros, entre ellos servicios de salud, turismo, construcción y actividades inmobiliarias. Además, un informe comercial indicó que, en agosto de 2026, el hombre registraba deudas bancarias por aproximadamente 26,4 millones de pesos, clasificadas como irrecuperables.
Estos antecedentes permiten reconstruir parte de su trayectoria económica y profesional, aunque hasta el momento no se informó que tengan una relación directa con los hechos investigados en la vivienda de Esquel. La causa judicial continúa centrada en las condiciones de vida de su pareja e hijos y en las eventuales responsabilidades penales derivadas de la situación denunciada.
El caso generó una fuerte repercusión en la ciudad y volvió a poner en discusión la importancia de las alertas comunitarias y de la intervención de los organismos de protección ante posibles situaciones de violencia o vulnerabilidad en el ámbito familiar. Por ahora, la investigación permanece abierta y las acusaciones deberán acreditarse judicialmente.
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