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Uno de los procedimientos de mayor relevancia de la nueva jornada de allanamientos por las investigaciones de narcotráfico y lavado de activos se realizó en un terreno ubicado sobre la calle Guillermo Nasif, sin numeración, en el barrio El Faro de Río Gallegos. El inmueble fue individualizado en el listado de objetivos judiciales a nombre de Cristian Sebastián Ibáñez, conocido como “Budín”, uno de los principales investigados en los expedientes que también tienen entre sus involucrados a Lázaro Báez.
Según pudo saber La Opinión Austral, en ese lugar se secuestró documentación e información considerada de alto impacto para la investigación. El material será analizado para establecer qué datos contiene y si permite profundizar las líneas que buscan reconstruir las maniobras atribuidas a Ibáñez y sus posibles conexiones con otros investigados.
El procedimiento estuvo a cargo de la Dirección de Investigaciones (DDI) de la Policía de Santa Cruz. En el operativo general también participaron efectivos de Narcocriminalidad, Prefectura Naval Argentina y Gendarmería Nacional.
Once allanamientos en Río Gallegos, 28 de Noviembre y El Calafate
Las medidas comenzaron alrededor de las 9 de la mañana y comprendieron 11 objetivos en tres localidades de Santa Cruz. En Río Gallegos se realizaron procedimientos en el barrio 2 de Abril, en la calle Piloto Lero Rivera y en el barrio El Faro.
En el listado de domicilios y propiedades alcanzados por las medidas también aparecen dos inmuebles vinculados a Pablo José Toledo, en el barrio 700 Lotes de 28 de Noviembre, y un departamento del edificio 34 de Scalabrini Ortiz, relacionado con Maximiliano Guillermo Toledo.
En la capital provincial, además del terreno atribuido a Ibáñez, fueron allanados un domicilio de Caseros 1153 y otro inmueble de Piloto Lero Rivera 1376. En este último sector se encuentra el galpón registrado durante los procedimientos.
Las diligencias también alcanzaron establecimientos rurales de Santa Cruz: las estancias El Molle, La Fe y El Paso; Guarumba; La Santafesina y la sección La Ana; Los Médanos; y La Verdadera Argentina. En esos lugares se buscó reunir documentación y elementos relacionados con las personas identificadas en las órdenes judiciales.
Durante el despliegue se secuestró una máquina vial y se incautó una importante cantidad de información y documentación vinculada con distintas actuaciones judiciales de alcance nacional. También se procuró identificar otros bienes que podrían tener relación con las maniobras bajo investigación.
Por qué “Budín” Ibáñez aparece en las dos investigaciones
Los nuevos procedimientos se producen en el marco de dos expedientes federales que tienen puntos de contacto, aunque investigan hechos y responsabilidades diferenciados.
En la causa patrimonial, la Fiscalía formalizó la investigación contra Lázaro Báez y otras diez personas por presuntas maniobras de administración irregular de bienes, asociación ilícita y lavado de activos. La hipótesis fiscal sostiene que el empresario habría continuado dirigiendo operaciones desde el penal de Ezeiza, a través de personas de su entorno, para administrar y explotar activos que debían permanecer alcanzados por medidas judiciales.
En ese expediente, Ibáñez fue señalado como uno de los operadores centrales. La acusación le atribuye tareas vinculadas con la administración de establecimientos rurales, el cobro de alquileres y la gestión de bienes relacionados con Báez. También se analizaron sus movimientos financieros, transferencias recibidas y operaciones con vehículos y otros activos de alto valor.
Por otra parte, en la investigación por narcotráfico, Ibáñez fue imputado como uno de los integrantes relevantes de una presunta organización dedicada a la provisión y distribución de estupefacientes en la región. La pesquisa analiza su participación en reuniones, la disponibilidad de vehículos y operaciones económicas que podrían estar relacionadas con la actividad investigada.
La coincidencia de Ibáñez en ambos expedientes es uno de los puntos que explican la relevancia de los procedimientos. También aparecen en las dos investigaciones Jorge Elías Agüero, Jorge Manuel Ulloa y Valentina Devetac. Sin embargo, las imputaciones y los hechos atribuidos a cada uno deben analizarse en el marco de cada causa.
La ruta de la cocaína y los vínculos con otras provincias
La investigación por narcotráfico reconstruyó un presunto circuito de provisión y distribución de drogas que habría conectado distintos puntos de la Patagonia. Uno de los lugares bajo análisis es el lavadero y lubricentro Esperanza Trucks, en Río Gallegos, que, según la hipótesis fiscal, habría funcionado como espacio de recepción, acopio y articulación de operaciones.
La causa adquirió mayor dimensión tras el operativo denominado “Ruta Austral”, realizado en octubre en Comodoro Rivadavia, donde se incautaron más de 61 kilos de cocaína, además de otros estupefacientes y elementos que fueron incorporados a la investigación.
A partir de escuchas telefónicas y otros elementos reunidos, los investigadores buscaron establecer las conexiones entre personas radicadas en distintas jurisdicciones y el posible traslado de cargamentos hacia Santa Cruz y Tierra del Fuego.
En el expediente santacruceño también se describieron presuntas operaciones de comercialización de cocaína y el hallazgo de estupefacientes en domicilios de Río Gallegos. Entre los hechos incorporados a la imputación figuran dos presuntas ventas de 66,43 y 439,88 gramos de cocaína, además del secuestro de 725 gramos de esa sustancia y 1.305 gramos de cannabis en una vivienda de la ciudad.
La documentación, bajo análisis judicial
En paralelo, la investigación patrimonial busca establecer quiénes habrían intervenido en la administración y disposición de bienes vinculados con Báez, cómo se habrían realizado esas operaciones y si existieron mecanismos para eludir las restricciones judiciales sobre esos activos.
Entre los elementos examinados figuran establecimientos rurales, maquinaria, vehículos, contratos de explotación, alquileres y movimientos financieros entre personas del entorno del empresario. En ese contexto, la documentación secuestrada en el terreno del barrio El Faro podría aportar información sobre las relaciones económicas y patrimoniales que la Fiscalía intenta reconstruir.
El análisis del material incautado permitirá determinar su alcance y si contiene elementos que respalden o amplíen las hipótesis de los investigadores. Por el momento, las causas continúan en etapa de investigación y las responsabilidades penales deberán ser establecidas por la Justicia.
Según pudo saber La Opinión Austral, durante los procedimientos se secuestró una máquina vial y una importante cantidad de documentación e información vinculada con distintas causas judiciales de alcance nacional. Fuentes relacionadas con los operativos calificaron parte del material incautado como de “alto impacto”.
La Fiscalía también puso bajo análisis movimientos financieros y operaciones realizadas por personas del entorno del empresario. En el expediente se describieron transferencias entre investigados, adquisición de vehículos de alto valor y presuntas maniobras para mantener o disponer de bienes cuya situación judicial debía ser preservada.
Los nuevos allanamientos suman otra instancia de recolección de documentación y elementos materiales. Su análisis permitirá establecer si la información secuestrada guarda relación con las maniobras investigadas y si aporta datos sobre bienes o personas vinculadas con los expedientes.
Las causas continúan en etapa de investigación. Las responsabilidades penales de las personas involucradas deberán ser determinadas por la Justicia.
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