El ex secretario de Gobierno Jorge Cruz puede ir a la cárcel por la muerte de dos hombres que cayeron de una antena de radio

La muerte de dos changarines en Río Gallegos puede derivar en una condena y prisión efectiva para un hombre que llegó a presentarse como intendente de la ciudad y que ocupó altos cargos políticos.

Se trata del fallecimiento de Michael Iturra y Diego Sosa, quienes perdieron la vida de manera trágica cuando instalaban una antena de radio en una ventosa mañana de febrero de 2019.

Más de 2.500 días pasaron y la semana próxima se conocerá si Jorge Cruz, referente de Proyecto Alternativo, quien en su momento fue secretario de Gobierno de la Municipalidad de la capital santacruceña y que en reiteradas oportunidades se presentó como intendente de la ciudad, obteniendo una masa electoral cercana o superior a los 6.000 votos, podrá ser condenado a una pena de cumplimiento efectivo por el delito de homicidio culposo de dos víctimas en concurso ideal, tal como lo solicitó la Fiscalía de Cámara.

El hecho ocurrió en la mañana del 1 de febrero de 2019, pero tiempo antes Cruz y Rubén Rogelio Romero habían organizado el traslado y el inicio de las tareas para la instalación de una radio en la esquina de Comodoro Rivadavia y Comodoro Py, posiblemente con la intención de difundir las propuestas políticas que el dirigente pretendía impulsar de cara a las elecciones de aquel año.

Años antes, Cruz había visto la posibilidad de comprar los equipos y la antena de Radio San Cayetano como “una inversión”, tal como lo manifestó durante su indagatoria en la jornada del miércoles.

Primero delegó los trámites en un hombre de confianza llamado David D. y luego, según se desprende de la causa, ante los reiterados pedidos de Romero, este último contactó a Iturra para realizar las tareas de traslado y colocación de la antena desde diciembre de 2018 hasta la jornada fatídica en la que ambos operarios perdieron la vida tras caer desde una altura cercana a los 20 metros.

Este jueves se retomó el debate de valoración de pruebas, luego de las indagatorias y de los testimonios de algunas personas que trabajaron durante la instrucción de la causa, antes de los alegatos de las partes.

Tal como informó La Opinión Austral, el debate estuvo encabezado por María Alejandra Vila como presidenta, Jorge Yance como vocal titular y Fernando Zanetta como vocal subrogante.

La fiscal de Cámara fue Verónica Zuvic, mientras que Elian Smith actuó como querellante por Iturra y Marta D’Avila representó los intereses y derechos de la familia Sosa.

Respecto de las defensas, Romero -quien actualmente reside en Paraná, Entre Ríos– siguió el debate de manera virtual y estuvo representado en la sala por el abogado Emin Charif Sat, mientras que Gabriel Giordano ejerce la defensa de Jorge Cruz.

Los alegatos

Durante la mañana de este jueves continuaron los testimonios y, alrededor del mediodía, llegaron los alegatos de las partes. De manera virtual, D’Avila fue la primera en exponer sus fundamentos para solicitar una pena contra los señalados como responsables del caso, ante la atenta mirada de Gabriela Sosa y Zulma Valdez, hermana y madre, respectivamente, de una de las víctimas, quienes en la sala de juicio entrelazaban sus manos buscando fuerzas para afrontar ese difícil momento.

D’Avila fue categórica al sostener que Sosa e Iturra trabajaban en la instalación de la antena “mientras Cruz coordinaba todo desde la costa atlántica”, aseveró, recordando que por esos días el exfuncionario se encontraba de vacaciones en Mar del Plata junto a su familia y que, de acuerdo con el informe pericial realizado sobre uno de los teléfonos celulares, “quedó demostrado que Cruz conocía todos los avances de la obra”, expresó ante el tribunal.

En el mismo sentido, D’Avila indicó que el exfuncionario “sabía de los peligros del hecho, que el personal no era idóneo. Era una bomba de tiempo”, dijo la letrada que vela por los derechos y garantías de una de las familias dolientes.

En su exposición, la abogada también indicó que el límite de las antenas es de 30 metros de altura y que Cruz pensaba llevarla hasta los 45 metros. “Treinta metros son quince pisos; en Río Gallegos no hay edificios de esa altura”, indicó. Al mismo tiempo, expresó que los operarios contaban con un precario arnés que solo estaba conectado a la antena.

Por ello, D’Avila terminó su alegato solicitando la pena de tres años de prisión por el delito de homicidio culposo de dos víctimas en concurso ideal, por la evidente violación del deber de cuidado hacia las víctimas.

Luego llegó el turno de Elian Smith, querellante por Gisel Delgado, familiar de Michael “Camaléon” Iturra, otra de las víctimas del lamentable suceso que podría haberse evitado “si se hacían los trámites correspondientes”, tal como lo dijo el propio Cruz durante su indagatoria del miércoles.

Smith entendió que, para él, el único responsable era Jorge Cruz y no así Romero, quien debería ser encuadrado como “partícipe secundario” del hecho, algo que llamó la atención de los presentes, excepto de Cruz, a quien durante toda la jornada se lo pudo ver mirando su teléfono celular mientras respondía algunos mensajes y scrolleaba ininterrumpidamente, tal como pudo advertirse a través del reflejo de sus característicos anteojos.

El abogado de la familia Iturra indicó que “no hubo planos ni permisos. Los trámites se hacían ante la Secretaría de Gobierno (NdeR: al momento del suceso Cruz ya no era funcionario) y hubo una serie de requisitos que no se cumplieron”, y volvió a cargar contra Cruz. “No era un dueño pasivo, había un nexo entre Cruz, Romero e Iturra.

Esto quedó claro en los mensajes”, expresó el letrado sobre el informe realizado en su momento por el personal de la División de Investigaciones que, tal como informó La Opinión Austral, daba cuenta de los intercambios entre los tres, pese a que Cruz —en un primer momento— había dicho que solo hablaba con Iturra a través del celular de Romero.

Por otro lado, hizo hincapié en las condiciones en las que se encontraban los materiales. “Algunos estaban oxidados”, expresó y, como dato no menor que luego sería ratificado por la Fiscalía, se refirió al estado de necesidad de las víctimas, indicando que eran changarines que buscaban parar la olla y darles de comer a sus hijos. “Hubo una negligencia criminal”, dijo antes de pedir la pena de tres años de prisión para Cruz y que Romero fuera considerado como un partícipe secundario.

Pedido de prisión efectiva

Uno de los momentos más álgidos de la jornada fue la intervención y exposición de Verónica Zuvic. La representante del Ministerio Público comenzó diciendo algo que llamó la atención: el pedido de absolución para Romero, quizás el único momento en el que Cruz levantó las cejas y observó lo que ocurría en el recinto.

Pero la fiscal cargó duramente contra Jorge Cruz. Al igual que los abogados preopinantes, indicó que hubo una clara violación del deber de cuidado y remarcó la falta de habilitación por parte de los organismos correspondientes.

“Cruz fue quien impulsó este proyecto y mantuvo una intervención directa en los trabajos. Todos indicaron que fue Cruz quien contrató a Iturra, aunque no hubiera un contrato firmado”, indicó la fiscal, algo que fue reprobado por Giordano, quien escuchaba atentamente desde el otro lado de la sala. El abogado movió la cabeza de manera horizontal, frunció el ceño y le dijo algo inaudible para el resto a su cliente.

Zuvic también destacó las decisiones económicas del acusado. “Hubo un malestar de Cruz por los gastos que venía realizando”, indicó la representante del Ministerio Público Fiscal sobre los nuevos pedidos de dinero que se efectuaban luego de que él dijera en su momento: “te dije que me hagas un precio por todo, vos me ponés un precio y seguimos siendo amigos”. Así se escuchó a Cruz hablando con Romero en uno de los audios que, durante la jornada del miércoles, se reprodujeron en Malaspina 41.

“Trató de convencernos a todos de que era ajeno a lo que pasaba en el predio”, dijo Zuvic sobre Cruz, remarcando las modificaciones en las ordenanzas relacionadas con la infraestructura e instalaciones vinculadas a las telecomunicaciones. “Las mismas se sancionaron cuando él era funcionario. El imputado reconoció que conocía estas reglamentaciones. Él no ignoraba los controles y permitió que todo siguiera adelante”, cargó la fiscal contra el exfuncionario.

La arista política también fue uno de los puntos del alegato de Zuvic, quien indicó: “Era una antena clandestina, él era candidato a intendente y decía que la ciudad iba a estar mejor”, expresó duramente la fiscal. En ese momento se pudo ver a Giordano preguntarle algo al exfuncionario, a lo que el imputado respondió afirmativamente, aunque se desconoce cuál habría sido esa cuestión. Más tarde, Zuvic indicaría que “un hombre que transitó la política es doblemente responsable porque tenía los recursos y conocimientos para poder asesorarse”.

Por otro lado, la fiscal hizo hincapié en las víctimas. En ese sentido sostuvo que “se intentó culpar a las víctimas”, como “si se hubieran mandado solas”. Para Zuvic, no fue solo una cuestión de falta de papeles, sino que “hubo una conducta omitida por Cruz que podría haber impedido” la tragedia.

Antes de formular el pedido que llamaría la atención de todos los presentes, Zuvic remarcó lo que entendió como atenuantes y agravantes en torno a la eventual solicitud de pena. La ausencia de antecedentes de Cruz le jugó a favor, pero la clandestinidad de la instalación, la falta de protección, la naturaleza de la acción y la edad joven de las víctimas funcionaron como agravantes.

“Por eso es que solicito la pena de cuatro años de prisión efectiva”, indicó Zuvic ante el tribunal, provocando un cimbronazo que tuvo como secuela inmediata el pedido de un cuarto intermedio por parte de Giordano.

Retomado el debate, si bien el abogado de Cruz aparecía en la nómina como quien debía brindar su alegato, cedió su lugar a Emin Charif Sat para que fuera el primero de la defensa. De igual manera, ambos defensores llegaron a la misma conclusión: solicitar la absolución de sus clientes, ya que no existirían elementos que permitan quebrar su estado de inocencia.

Las partes volverán a encontrarse el próximo jueves al mediodía en las instalaciones de la Cámara Oral para conocer el veredicto del tribunal. De esta manera, se buscará alcanzar, en el fuero penal, justicia para aquellos operarios que perdieron la vida, posiblemente con la detención de uno de los acusados, mientras queda pendiente lo que se resuelva en el fuero civil.