El comisario dio su versión y la Fiscalía avanza en la investigación

Río Gallegos continúa conmocionada tras un hecho que se registró el miércoles por la tarde, cuando un comisario de la Policía Provincial impidió que un juez federal pudiera fijarse las condiciones en las que se encontraba un detenido, tras la presentación de un habeas corpus correctivo.

Se trató de un violento episodio en el que el comisario Ramón Quipildor, jefe (hasta el jueves) de la Seccional Tercera, mantuvo un fuerte entredicho con el juez Claudio Marcelo Vázquez, quien había llegado a la dependencia policial de la calle Paradelo junto al secretario penal Carlos Cerezoli para atender una medida cautelar que había presentado un hombre con nacionalidad paraguaya y chilena que está detenido desde el lunes pasado por una causa de presunta explotación sexual, donde cuatro mujeres fueron rescatadas.

Tal como lo informó La Opinión Austral, el suceso fue registrado por una testigo que tomó su celular y grabó parte de la discusión que tuvo el auxiliar de la Justicia con el magistrado, en la mesa de entradas de la comisaría, además de agravios que el comisario le dijo a Vázquez.

El trasfondo, al que tuvo acceso este diario, da cuenta de las circunstancias en las que se había solicitado el habeas corpus. Es que el acusado es de contextura robusta y en la seccional estaba dentro de un calabozo en el que apenas podía moverse. Por eso, tras el violento episodio, fue trasladado a la Comisaría Segunda, en la esquina de las calles Zapiola y Ameghino, tras el arribo e intervención del fiscal federal Julio Zárate.

En paralelo, la Jefatura de Policía de Santa Cruz tomó cartas en el asunto apartando al jefe de la dependencia policial y a todos los efectivos que tuvieron participación en el caso, calificando al hecho como “una deshonra a la imagen institucional”, indicaron en un comunicado a través de las redes sociales.

Este viernes hubo novedades del caso, ya que la Fiscalía Federal indicó que comenzó una investigación para determinar la participación de los funcionarios provinciales que, según entendieron desde el Ministerio Público, desoyeron las sucesivas mandas emanadas por el propio juez federal presente y debieron ser desalojados de la dependencia por superiores de la misma fuerza, previo despojarlos de sus facultades.

En el mismo sentido, se ampararon en lo que marca la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) sobre la plena operatividad de las facultades de los magistrados para la inspección -sin obstáculos- de todos los espacios de encierro y en el artículo 120 de la Constitución Nacional, sobre la autonomía funcional del Ministerio Público en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad.

Más allá de eso, Ramón Quipildor usó sus redes sociales para hacer su descargo. En un video que publicó en su perfil personal de la red social Facebook, aún vestido con su campera de la Policía de Santa Cruz, indicó que: “Mi accionar sólo fue en defensa de mis compañeros“, aseveró en un metraje que dura unos nueve minutos y que recibió comentarios a favor y en contra de lo que hizo cuando estaba en funciones dentro de la dependencia policial.

Más allá de lo inusual del caso y de la decisión de la jefatura de la fuerza de seguridad respecto al apartamiento preventivo de los funcionarios involucrados, el procedimiento es similar, ya que se iniciaron las actuaciones administrativas correspondientes, sin perjuicio a las que realiza por su cuenta el Ministerio Público Fiscal, como se dijo más arriba.