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Un confuso episodio que se registró la semana pasada en el interior de una comisaría de Río Gallegos, generó un cimbronazo en la Jefatura de Policía y en la Justicia Federal, cuando se supo que un comisario impidió que un juez pudiera rever un habeas corpus presentado por un detenido.

Tal como lo informó La Opinión Austral, se trató de un fuerte cruce de palabras que hubo entre el comisario Ramón Quipildor -entonces jefe de la Seccional Tercera– y el juez federal de Primera InstanciaClaudio Vázquez que terminó con el primero apartado de su cargo, por decisión en conjunto entre el Ministerio de Seguridad y de la Jefatura de Policía.

Además de Quipildor, siete efectivos también pasaron a tareas pasivas hasta tanto se realicen las investigaciones que llevan adelante la Fiscalía Federal, a cargo de Julio Zárate y del área de Asuntos internos de la Policía.

En paralelo, el jefe de la comisaría apartado de su cargo realizó una denuncia en la Fiscalía General, a cargo de Patricia Kloster, y le quitaron el arma reglamentaria. En la jornada del lunes, a días del suceso y de la decisión del Ministerio de Seguridad, varios vecinos se manifestaron en apoyo a los policías que fueron cesanteados.

Cerca de las diez de la mañana, parte de la comunidad se acercó a la calle Piedrabuena, afuera de la Jefatura de Policía y realizaron un “bocinazo” para luego trasladarse a las inmediaciones de Zapiola y San Martín para replicar la situación pero afuera del Juzgado Federal.

Familiares y conocidos de los policías apartados que, según aclararon, ellos no fueron quienes promovieron la manifestación, llegaron a la vereda del Juzgado de Primera Instancia y, además de los bocinazos, descendieron de sus rodados y, con carteles en apoyo a los efectivos y aplausos, mostraron su disconformidad a la resolución a la que calificaron de “injusta” por parte de la Justicia y de la cúpula de la fuerza de seguridad.

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