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El juicio por la sustracción de armas de fuego que se encontraban bajo custodia judicial en Río Turbio ingresó este miércoles en una de sus instancias decisivas. En las instalaciones de la Cámara Oral de Río Gallegos se llevaron adelante los alegatos de las partes, una etapa central del proceso en la que la fiscalía y las defensas expusieron sus conclusiones sobre las pruebas reunidas durante el debate y formularon sus respectivos pedidos ante el tribunal.
La causa investiga la desaparición de 45 armas de fuego del depósito del Juzgado de Río Turbio, un hecho ocurrido en diciembre de 2024 y que derivó en una investigación judicial para determinar cómo se retiraron los elementos que se encontraban bajo custodia, quiénes intervinieron y de qué manera algunas de esas armas habrían llegado a domicilios particulares.
En el banquillo de los acusados se encuentran Brian Cabana, Rodrigo Sánchez Maldonado y Jorge Francisco Muñoz, quienes enfrentan distintas imputaciones vinculadas con la provisión ilegal de armas de fuego y la sustracción de objetos que estaban bajo custodia judicial.
La jornada comenzó pasadas las 14, con la intervención de la fiscal de Cámara, Verónica Zuvic, quien presentó su reconstrucción de los hechos, repasó los elementos incorporados a la causa y solicitó penas de prisión para los acusados. Luego llegó el turno de los abogados defensores, que rechazaron la hipótesis acusatoria, cuestionaron aspectos de los procedimientos y reclamaron la absolución de sus respectivos asistidos.
El proceso quedó así a la espera de la decisión del tribunal integrado por María Alejandra Vila, Enrique Arenillas y Yamila Bórquez, que dará a conocer la sentencia el próximo miércoles al mediodía.
La hipótesis de la fiscalía
En su alegato, Zuvic planteó que los tres imputados habrían cumplido funciones diferentes dentro de una misma secuencia de hechos. Según la reconstrucción presentada por la representante del Ministerio Público Fiscal, Muñoz habría retirado las armas del depósito judicial y participado en su circulación posterior, mientras que Cabana habría intervenido en la distribución y Sánchez Maldonado habría recibido un arma y entregado otra mediante un intercambio.
“Muñoz sacó las armas y las hacía circular, Cabana las hacía circular, Sánchez Maldonado recibió un arma y entregó otra”, sostuvo la fiscal al resumir la conducta que atribuye a cada uno de los acusados.
Uno de los puntos centrales de su exposición estuvo relacionado con el acceso al depósito judicial. De acuerdo con la hipótesis fiscal, antes del 6 de diciembre de 2024 Muñoz habría ingresado al lugar y retirado armas de fuego que constituían elementos de prueba en distintas actuaciones judiciales.
La fiscal remarcó que Cabana y Sánchez Maldonado no tenían acceso al depósito. Esa circunstancia, según su planteo, resulta relevante para distinguir las conductas que se les atribuyen y para explicar cómo habrían intervenido en una etapa posterior, una vez que las armas ya no se encontraban bajo custodia judicial.
Muñoz, cabe recordar, se desempeñaba como empleado de maestranza del juzgado al momento de los hechos. Para la acusación, esa condición y su vinculación con las instalaciones judiciales constituyen aspectos importantes para reconstruir el modo en que se habría producido la sustracción.
Zuvic también hizo hincapié en los elementos que, de acuerdo con lo expuesto durante el alegato, fueron encontrados en los domicilios de los acusados. Entre ellos mencionó armas de fuego y sobres del juzgado que conservaban rótulos vinculados con los elementos sustraídos.
La representante del Ministerio Público consideró que esos hallazgos debían analizarse junto con el resto de las pruebas, en particular con la información relacionada con la circulación de las armas y las imágenes que comenzaron a difundirse a través de WhatsApp en las que se ofrecían armas para la venta.
En ese sentido, la fiscalía sostuvo que la causa no podía evaluarse a partir de un elemento aislado, sino mediante una reconstrucción integral de las circunstancias previas y posteriores a la desaparición de las armas del depósito.
Otro de los ejes del alegato estuvo vinculado con el inicio de la investigación. Zuvic explicó que las actuaciones se originaron a partir de dos líneas de investigación independientes y paralelas, que posteriormente permitieron avanzar sobre el caso.
Por un lado, mencionó una comunicación del comisario con el padrastro de Muñoz, que habría aportado información relacionada con las armas sustraídas. Por otro, se refirió a las fotografías que comenzaron a circular mediante WhatsApp y que daban cuenta de la presunta venta de esos elementos.
La fiscal utilizó esa secuencia para responder a eventuales cuestionamientos de las defensas sobre el origen de las actuaciones y la validez de las medidas realizadas durante la investigación.
En su exposición, afirmó que los procedimientos no estuvieron viciados por el hecho de que las primeras actuaciones surgieran de la intervención policial y no directamente del juzgado de Bettina Bustos, que había ordenado los allanamientos.
“No estuvo viciada la investigación”, sostuvo Zuvic al defender la legalidad del proceso investigativo.
La cuestión no es menor: las defensas plantearon objeciones sobre distintos aspectos de los procedimientos y solicitaron que se declarara la nulidad de determinadas actuaciones. En consecuencia, la discusión sobre la validez de las medidas constituye uno de los puntos que el tribunal deberá considerar al momento de resolver.
Durante el alegato, la fiscal también realizó un recorrido por el trayecto que habrían seguido las armas desde su salida del depósito judicial hasta su posterior hallazgo en domicilios particulares. La intención de esa exposición fue vincular los elementos secuestrados con los hechos investigados y con las conductas atribuidas a cada imputado.
En relación con Muñoz, Zuvic cuestionó que un empleado de maestranza pudiera desconocer los rótulos y las características de los elementos que se encontraban en el juzgado. “Es inexplicable que un empleado de maestranza tenga datos de los rótulos”, expresó.
También rechazó la posibilidad de que los acusados no tuvieran vínculos entre sí y sostuvo que existían elementos para considerar que se conocían. En ese marco, cuestionó una explicación según la cual las armas habrían sido entregadas por la jueza para que se vendieran y se utilizara el dinero para comprar corderos y organizar asados. Para la fiscal, esa versión carecía de sustento frente al conjunto de las pruebas expuestas durante el debate.
La exposición fiscal también abordó las conductas individuales y las diferencias entre las situaciones procesales de los tres acusados. Respecto de Muñoz, la acusación sostiene que habría aprovechado su vínculo laboral con el juzgado para retirar las armas que estaban bajo custodia y facilitar su posterior circulación. La fiscal mencionó, además, que habría recibido una comisión por algunas operaciones vinculadas con la venta de esos elementos.
En ese contexto, Zuvic señaló que dos semanas antes de los allanamientos Muñoz habría estado ofreciendo dos rifles. Para la representante del Ministerio Público, ese dato resultaba relevante para cuestionar la hipótesis de que se hubiera tratado de una intervención ocasional o aislada.
“Ellos no eran desconocidos entre sí”, afirmó durante su exposición, al referirse a los vínculos entre los acusados.
En cuanto a Sánchez Maldonado, la fiscal sostuvo que había realizado un trueque que involucraba un arma de fuego. Según su planteo, el imputado debía conocer la procedencia del elemento que recibió, especialmente por su relación con Muñoz, quien trabajaba en el ámbito judicial.
La acusación considera que esas circunstancias permiten analizar el conocimiento que cada uno habría tenido sobre el origen de las armas y la naturaleza de las operaciones realizadas.
Cabana, por su parte, fue señalado como una de las personas que habría intervenido en la circulación de los elementos sustraídos. Sin embargo, su defensa rechazó que las pruebas reunidas permitan sostener que participó en una actividad habitual de provisión o comercialización ilegal de armas.
Las diferencias entre las conductas atribuidas a los acusados también quedaron reflejadas en el pedido de penas formulado por la fiscalía y en la modificación parcial de la calificación legal que inicialmente había llegado a juicio.
El pedido de penas
Al finalizar su exposición, Zuvic mantuvo las principales imputaciones, aunque introdujo una modificación en relación con Sánchez Maldonado.
La causa había llegado a la instancia de debate con Cabana y Sánchez Maldonado acusados de provisión ilegal de armas de fuego agravada por la habitualidad. Muñoz, en tanto, enfrenta cargos por sustracción de objetos custodiados en concurso real con el mismo delito.
No obstante, la fiscal decidió no mantener el agravante de habitualidad para Sánchez Maldonado, al considerar que no correspondía sostenerlo en los mismos términos que al comienzo del proceso. Para los demás acusados, mantuvo las calificaciones legales que integran la acusación.
En cuanto a las penas solicitadas, la representante del Ministerio Público pidió seis años de prisión para Muñoz, a quien atribuye la sustracción de los elementos que estaban bajo custodia judicial y su posterior circulación.
Para Cabana solicitó cinco años de prisión, mientras que para Sánchez Maldonado requirió una pena de dos años y seis meses de prisión efectiva.
Los tres imputados se encuentran detenidos, por lo que los planteos de las partes no solo tienen consecuencias respecto de una eventual condena, sino también sobre la continuidad de la privación de la libertad.
La defensa de Muñoz
El primero de los alegatos defensivos estuvo a cargo de Emin Charif Sat, abogado de Jorge Francisco Muñoz, quien sostuvo que no existen elementos suficientes para condenar a su representado.
El letrado cuestionó la investigación y puso en duda que se haya acreditado de manera concluyente la intervención de Muñoz en la sustracción de las armas. Entre sus argumentos, señaló la ausencia de huellas y de registros de cámaras de seguridad que, según su planteo, permitieran establecer con certeza cómo se produjo el ingreso al depósito y quién retiró los elementos.
La defensa también sostuvo que otras personas podrían haber tenido participación en los hechos y puso el foco en las condiciones de seguridad del lugar del que desaparecieron las armas.
Uno de los puntos centrales de su exposición fue el acceso al depósito. Charif Sat afirmó que su cliente no tenía las llaves para ingresar al recinto, un argumento con el que buscó cuestionar la posibilidad material de que hubiera cometido la sustracción en los términos planteados por la fiscalía.
Además, denunció lo que definió como una “indeterminación imputativa” y sostuvo que la acusación era demasiado vaga para justificar una condena. En su planteo, la falta de precisiones sobre la forma concreta en que se habría desarrollado el hecho constituiría un obstáculo para establecer la responsabilidad penal de su asistido.
El abogado reclamó la absolución de Muñoz y cuestionó que se pretenda responsabilizarlo sin pruebas que, a su entender, acrediten de manera suficiente la conducta atribuida.
La defensa de Sánchez Maldonado
Los abogados Daniel Albornoz y Sandro Levin, representantes de Rodrigo Sánchez Maldonado, solicitaron la absolución de su cliente y cuestionaron tanto la prueba de cargo como la calificación legal sostenida por la fiscalía.
Uno de los principales argumentos de la defensa fue que, durante el debate, ningún testigo habría demostrado que Sánchez Maldonado entregó armas de fuego en las condiciones descriptas por la acusación.
Los letrados también pusieron el foco en los requisitos necesarios para configurar el delito previsto en el artículo 189 bis, inciso cuarto, primer párrafo, del Código Penal. Según su interpretación, la fiscalía debía acreditar que el destinatario del arma no era legítimo usuario y señalaron que en el expediente no existirían informes que permitieran establecer ese extremo.
A partir de ese planteo, sostuvieron que la acusación habría pretendido trasladar al imputado la obligación de demostrar su inocencia, en lugar de acreditar los elementos necesarios para sostener la imputación. En materia penal, recordaron, corresponde a la acusación probar los hechos y la responsabilidad que atribuye a una persona.
Los abogados también cuestionaron el agravante de habitualidad. Sobre ese punto, destacaron que la propia fiscalía decidió no mantenerlo respecto de Sánchez Maldonado, una modificación que consideraron relevante para discutir el alcance de la imputación.
Otro de los ejes de la defensa estuvo relacionado con el tiempo que el acusado lleva detenido. Los letrados señalaron que Sánchez Maldonado permanece privado de la libertad desde hace aproximadamente un año y once meses y cuestionaron la continuidad de la prisión preventiva, al sostener que se trata de un delito excarcelable y que su asistido es un joven sin antecedentes penales ni riesgo de fuga.
La defensa también denunció que se responsabilizó a su cliente por irregularidades relacionadas con la custodia de las armas en el propio juzgado del que desaparecieron los elementos. En ese sentido, consideró que Sánchez Maldonado quedó expuesto a una imputación que, según sus abogados, no se encuentra respaldada por pruebas suficientes.
El pedido principal fue la absolución. De manera subsidiaria, para el caso de que el tribunal decidiera condenarlo, solicitaron una pena de un año y diez meses de prisión, que se la tuviera por cumplida por el tiempo ya transcurrido en detención y que se ordenara su inmediata libertad.
La exposición tuvo además un momento de fuerte carga emocional. Los abogados señalaron que su cliente se encuentra en condiciones de hacinamiento y mencionaron que su hermano falleció mientras él permanecía detenido. El recuerdo de esa pérdida provocó lágrimas tanto en el imputado como en familiares que presenciaban el juicio dentro de la sala.
El episodio dejó en evidencia el impacto personal y familiar que atraviesa el proceso, aunque la resolución judicial deberá basarse en la valoración de las pruebas y en las normas aplicables a la causa.
La defensa de Cabana
La situación de Brian Cabana también fue objeto de un extenso cuestionamiento por parte de sus abogados, César Antonio Guzmán y Joel Vallejos, quienes solicitaron su absolución y su inmediata libertad.
La defensa centró una parte importante de su alegato en la legalidad de los procedimientos realizados durante la investigación. En particular, pidió la nulidad de la declaración indagatoria y del allanamiento efectuado el 7 de diciembre de 2024 en el domicilio del acusado.
Para fundamentar el planteo, los letrados invocaron presuntas violaciones de garantías constitucionales y procesales, con referencias al artículo 18 de la Constitución Nacional y a los artículos 159, inciso tercero, y 160 del Código Procesal Penal de Santa Cruz.
Los abogados señalaron supuestas inconsistencias temporales en las actuaciones del comisario Conti y cuestionaron la existencia y claridad de las constancias médicas relacionadas con Cabana y con su pareja, la señorita Olmedo, quien habría sido retenida durante el procedimiento.
Según la defensa, esas circunstancias comprometerían la validez de las actuaciones y deberían ser consideradas al evaluar si las pruebas obtenidas pueden utilizarse para sustentar una eventual condena.
Además de las objeciones procesales, la defensa rechazó la calificación de provisión ilegal de armas de fuego agravada por la habitualidad. Los letrados sostuvieron que no se acreditaron actos de comercialización o provisión habitual y cuestionaron que la conducta atribuida a su asistido reúna los requisitos del delito imputado.
En relación con un episodio concreto, afirmaron que Cabana habría entregado un revólver en guarda provisoria al cabo primero Álvarez, integrante de la Policía y, según la defensa, legítimo usuario de armas. A partir de esa explicación, argumentaron que el hecho no configuraría el delito en los términos planteados por la fiscalía.
Los abogados también hicieron referencia a consideraciones del doctor Zap relacionadas con el procedimiento y solicitaron que se tuvieran en cuenta al momento de resolver las objeciones formuladas.
El pedido final fue la absolución lisa y llana de Cabana, junto con su inmediata libertad. Como fundamento adicional, la defensa remarcó que el acusado lleva aproximadamente un año, diez meses y medio privado de la libertad.
La sentencia
Con los alegatos de la fiscalía y de las defensas concluidos, la causa quedó a la espera de la decisión del tribunal integrado por María Alejandra Vila, Enrique Arenillas y Yamila Bórquez.
La fiscalía solicitó penas de hasta seis años de prisión, mientras que los tres equipos defensores reclamaron la absolución de sus respectivos asistidos y cuestionaron distintos aspectos de la investigación y de la acusación.
La sentencia está prevista para el próximo miércoles al mediodía y será el momento decisivo de un expediente que comenzó con la desaparición de decenas de armas de un depósito judicial y que, casi dos años después, todavía mantiene abiertas controversias sobre la prueba, los procedimientos y la responsabilidad de los acusados.
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