En un contexto de creciente preocupación por amenazas de tiroteos en escuelas de Santa Cruz y otras provincias del país, un nuevo episodio encendió las alertas en El Calafate. Una menor de edad fue demorada luego de realizar publicaciones en redes sociales donde exhibía un arma de fuego acompañada de frases intimidatorias, lo que activó un operativo policial urgente para prevenir posibles hechos de violencia.
El procedimiento fue llevado adelante por la División Investigaciones dependiente de la Superintendencia de Policía Judicial e Investigaciones. Según el parte oficial, el hecho se conoció durante la noche del 23 de abril, cuando se detectaron las publicaciones que rápidamente generaron preocupación en la comunidad. El contexto no es menor: en las últimas semanas, distintas instituciones educativas del país fueron blanco de amenazas similares, muchas de ellas viralizadas en redes sociales, lo que elevó el nivel de sensibilidad social frente a este tipo de situaciones.
Según pudo conocer La Opinión Austral, la menor se tomó fotografías portando el revólver y compartió esta y otras imágenes a través de las historias de sus redes sociales.
Ante ese escenario, la intervención policial fue inmediata. “Con la premura del caso se procedió a una exhaustiva y minuciosa investigación para dar con la localización de la causante”, indicaron desde la fuerza, remarcando que el objetivo central era “evitar un mal mayor”. La investigación permitió identificar a la menor y avanzar con las medidas judiciales correspondientes.
Con intervención del Juzgado de Instrucción y Juvenil N°1 de El Calafate, a cargo del doctor Carlos Albarracín, se ordenaron diligencias que incluyeron requisa personal, requisa vehicular y un allanamiento. El operativo contó además con la participación del Gabinete Criminalístico local. El resultado fue positivo: se secuestró un arma de fuego tipo revólver calibre 32 junto a municiones.
El caso vuelve a poner en primer plano el impacto del uso irresponsable de las redes sociales, especialmente entre adolescentes, en un contexto donde las amenazas, incluso cuando no se concretan, generan temor real en la comunidad educativa. La circulación de este tipo de contenidos no solo dispara protocolos de seguridad, sino que también moviliza recursos judiciales y policiales en un clima de tensión creciente.
Luis Poblete se refirió al caso
El procedimiento fue confirmado por el comisario mayor Luis Poblete, jefe del Departamento de Investigaciones, en diálogo con Radio LU12 AM680 quien detalló que el caso se originó a partir de tareas de monitoreo digital que lleva adelante la fuerza. “Nuestra gente de la división de investigación y narcocriminalidad detectó una publicación con términos amenazantes. De manera inmediata se puso en conocimiento al juez y se inició un trabajo investigativo exhaustivo”, explicó.
Según precisó el funcionario, las amenazas no eran genéricas ni aisladas: estaban dirigidas a otras estudiantes del mismo establecimiento educativo. “Había una leyenda escrita con términos intimidatorios. Eso fue lo que impulsó a actuar con rapidez desde lo administrativo, lo judicial y lo operativo”, sostuvo Poblete, dejando en claro que el contexto nacional de amenazas similares aceleró los tiempos de respuesta.
La intervención fue quirúrgica. Antes de que la menor llegara a la escuela, fue interceptada por personal policial, que avanzó con las diligencias correspondientes. “Se realizó la requisa personal y posteriormente el allanamiento en su domicilio, con resultados positivos”, indicó. En ese operativo se secuestró un revólver calibre .32 con municiones en el tambor, un dato que encendió todas las alarmas dentro del esquema preventivo.
Consultado sobre la procedencia del arma, Poblete fue cauto: “Habría ciertas irregularidades y es materia de investigación. Está bajo secreto de sumario”. La causa quedó en manos del Juzgado de Instrucción y Juvenil local, mientras que se activaron los protocolos de protección integral de menores, con intervención de organismos especializados.
En este punto, el comisario subrayó un aspecto clave: el abordaje no es solo penal, sino también social y familiar. “Se debe articular con los organismos de niñez porque se trata de una menor que no puede dirigir plenamente sus actos. Hay padres responsables que deben responder por la situación”, explicó, en una definición que pone el foco en la corresponsabilidad adulta.
El caso no es uno más en la estadística. De acuerdo a Poblete, se trata de uno de los primeros procedimientos en la región donde la amenaza virtual se conecta directamente con la posesión concreta de un arma. “Estamos hablando de una tercera fase, donde ya no es solo una publicación, sino que hay un arma de fuego que puede ser letal”, advirtió.
En paralelo, desde la Policía remarcaron que se viene intensificando el trabajo preventivo frente a este tipo de conductas, que encuentran en las redes sociales un canal de amplificación inmediata. “La idea es disuadir y prevenir. Cada acción tiene una consecuencia. Cuando se detectan estas situaciones, hay un procedimiento y una intervención judicial”, enfatizó el jefe policial.
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