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Los vocales del Tribunal Superior de Justicia, Reneé Guadalupe Fernández, Paula Ludueña Campos y Fernando Basanta, intimaron al presidente del máximo órgano judicial de Santa Cruz, Daniel Mariani, a cesar de forma inmediata en el ejercicio de la presidencia del cuerpo y le ordenó abstenerse de dictar resoluciones o emitir directivas, tras considerar que su accionar configura un “acto de suma gravedad institucional” que “no puede ser tolerado”. El escrito no lleva firma de la vocal Alicia Mercau.
Cabe recordar que, días atrás, la nueva mayoría del TSJ -Sergio Acevedo, José Antonio González Nora, Gabriel Contreras Agüero y Juan Lucio De la Vega- habían resuelto ratificar a Daniel Mariani como presidente del cuerpo y declarar la nulidad absoluta e insanable de la resolución que el pasado 2 de octubre había dispuesto su desplazamiento y la designación de la vocal Reneé Fernández al frente del organismo, además de declarar nulos los actos firmados por esta última.
Los vocales de la minoría sostuvieron que Mariani “persistió en desconocer las decisiones mayoritarias” del Tribunal, “arrogándose facultades que no le corresponden” y “pretendiendo ejercer una presidencia que ya no ostenta”.
“Una conducta de extrema gravedad institucional”
En una resolución firmada por los tres vocales, cuestionaron duramente el accionar de Mariani, quien continuó firmando comunicaciones internas y emitiendo órdenes pese a haber sido removido de la presidencia el 2 de octubre.
Los vocales señalaron que esa conducta “atenta contra la seguridad jurídica, la organización del Poder Judicial y el principio de autoridad de las decisiones judiciales”.
El documento advierte que la postura de Mariani implica “un intento de subvertir el orden institucional y generar una parálisis en el servicio de justicia”, y la califica como “contradictoria con sus propios actos”, ya que el magistrado había reconocido previamente la autoridad del cuerpo colegiado e incluso “admitido públicamente su remoción”.
Debate por la integración del Tribunal
Uno de los ejes del conflicto gira en torno a la Ley Provincial N° 3949, que amplió de cinco a nueve los cargos de vocales del Tribunal Superior.
Mariani argumentó que, al haberse modificado la integración, las decisiones debían tomarse con mayoría de cinco votos.
Sin embargo, el resto de los integrantes rechazó ese planteo y sostuvo que la ley aún no está plenamente operativa, dado que los nuevos cargos no fueron ratificados por el proceso constitucional de designación ni incorporados efectivamente.
“Mientras este Tribunal cuente, de hecho y de derecho, con cinco vocales en funciones, esa es su composición real y operativa”, sentenciaron los firmantes, aclarando que los cargos creados por la nueva norma “no pueden ser considerados para el cómputo de las mayorías”.
Desobediencia y desconocimiento de una cautelar vigente
El Tribunal también reprochó que Mariani ignorara deliberadamente una medida judicial vigente, dictada por el propio cuerpo el 8 de octubre de 2025, que suspendió los efectos de la Ley 3949 y ordenó a los jueces designados en virtud de esa norma abstenerse de intervenir en cualquier carácter.
“Resulta alarmante que un juez incumpla una medida cautelar”, expresa la resolución, advirtiendo que ello “afecta directamente los cimientos del sistema judicial y la credibilidad del Poder Judicial en su conjunto”.
Advertencia y notificaciones
En el punto resolutivo, el Tribunal intimó a Mariani “a cesar de forma inmediata y abstenerse en lo sucesivo de dictar resoluciones, impartir órdenes o realizar cualquier acto” que suponga ejercer la presidencia, bajo apercibimiento de incurrir en desobediencia a una orden judicial.
También ordenó reiterar a todo el personal del Poder Judicial que las únicas autoridades válidas son las emanadas de las resoluciones adoptadas por mayoría, “con la presidencia a cargo de la Dra. Reneé Guadalupe Fernández“.
La decisión fue comunicada a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al Ministerio de Justicia, a la Junta Federal de Cortes y Tribunales Superiores y a las áreas administrativas del Poder Judicial provincial.
Una crisis que trasciende el ámbito provincial
En sus consideraciones, los jueces advirtieron que la crisis desatada por el accionar de Mariani “trasciende el ámbito estrictamente provincial” y “erosiona los pilares del Estado de Derecho”, por lo que remarcaron la necesidad de garantizar la independencia del Poder Judicial y la estabilidad institucional del sistema judicial santacruceño.
“La garantía de la autonomía de las provincias reposa en el pleno funcionamiento de sus instituciones republicanas, siendo un Poder Judicial independiente una condición indispensable para ello”, concluye el escrito.
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