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El Gobierno de Santa Cruz reaccionó al fallo de la Justicia Federal de Río Gallegos que suspendió la aplicación de la reforma de la Ley de Glaciares en el territorio provincial. A través del Ministerio de Energía y Minería, la administración de Claudio Vidal respaldó los cambios impulsados a nivel nacional y definió una posición centrada en la continuidad de la actividad productiva con controles ambientales.

La postura oficial se conoció este sábado, luego de que el juez federal Claudio Vázquez dictó una medida cautelar que ordenó frenar la aplicación de la reforma de la Ley N° 26.639 en Santa Cruz y dispuso que el Estado Nacional se abstenga de autorizar actividades que puedan afectar glaciares y zonas periglaciares hasta que se resuelva el fondo de la causa.

El Gobierno provincial respaldó la reforma y defendió la producción

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que avanzar en un esquema normativo con criterios técnicos y previsibilidad resulta clave para sostener inversiones y generar empleo. En ese sentido, remarcaron la necesidad de garantizar condiciones estables para las provincias productoras.

El ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez, afirmó a La Opinión Austral que Santa Cruz mantiene una política productiva sostenida en el tiempo. “Santa Cruz es una provincia que eligió producir y generar trabajo. Hace más de 80 años que desarrollamos la actividad hidrocarburífera y más de 25 años la minería, y lo hicimos siempre bajo controles ambientales que funcionan”, dijo.

Además, precisó que la provincia cuenta con regulación propia que ordena la actividad. “Tenemos un marco normativo propio que define dónde se puede producir y dónde no. Hay reglas y controles”, sostuvo.

Alcance del fallo judicial en Santa Cruz

La reforma a la Ley de Glaciares fue sancionada en Diputados a principios de abril con 137 votos a favor y 111 en contra. Contó con el voto positivo de Jairo Guzmán de La Libertad Avanza y por el diputado José Luis Garrido del bloque Por Santa Cruz, que responde al gobernadora Claudio Vidal. En contra votaron los legisladores de Unión por la Patria, Moira Lanesan Sancho, Juan Carlos Molina y la diputada de El Calafate, Ana María Ianni.

El fallo judicial suspendió los efectos de la reforma de la Ley de Glaciares en el ámbito provincial y ordenó al Estado Nacional no autorizar actividades que puedan afectar áreas protegidas. La medida responde a un amparo ambiental presentado por el intendente de El Calafate, Javier Belloni, de Unión por la Patria y otros representantes legislativos de su espacio.

El juez consideró que existe un riesgo en la aplicación de la reforma mientras se analiza su constitucionalidad, en función del principio precautorio y la protección de los glaciares como reservas estratégicas de agua.

Desde el Ministerio de Energía y Minería aclararon que la resolución judicial no modifica el esquema vigente en Santa Cruz. Indicaron que las actividades productivas continúan bajo los controles actuales y dentro del marco legal provincial.

Controles ambientales y normativa vigente

El Gobierno provincial destacó que Santa Cruz cuenta con herramientas específicas para resguardar el ambiente. Entre ellas, mencionó la Ley Provincial N° 3.105, que establece la zonificación ambiental minera y prohíbe la actividad en áreas sensibles, como la región cordillerana.

La normativa también fija límites claros para el desarrollo de proyectos, incluyendo la referencia de la Ruta Nacional N° 40 como delimitación territorial. A esto se suman las Evaluaciones de Impacto Ambiental y los controles permanentes que exige la legislación.

Impacto en el empleo y la economía

Desde el gobierno de Claudio Vidal indicaron que las actividades productivas generan empleo directo e indirecto en toda la provincia. Señalaron que el desarrollo de sectores como la minería y los hidrocarburos impacta en el comercio, las pymes y las economías locales.

También remarcaron el rol de las inversiones privadas en el crecimiento económico. Según explicaron, los proyectos productivos impulsan oportunidades laborales y fortalecen el entramado económico regional.

“Cada vez que se pone en duda la actividad productiva sin fundamentos técnicos, lo que está en juego es el trabajo de miles de santacruceños”, señalaron desde el Gobierno.

El ministro Jaime Álvarez sostuvo que “el país no puede crecer dándole la espalda al trabajo ni a su potencial productivo”, expresó.

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