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El Poder Judicial de Santa Cruz avanzará este viernes con una de las definiciones institucionales previstas tras la nueva conformación del Tribunal Superior de Justicia. Se realizará el sorteo para integrar el Tribunal de Enjuiciamiento, el órgano constitucional encargado de recibir, analizar y resolver denuncias por mal desempeño contra jueces, juezas y funcionarios judiciales de la provincia.
La expectativa está centrada en la composición que tendrá el cuerpo en esta nueva etapa judicial, luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que dejó firme la ampliación del Tribunal Superior de Justicia de cinco a nueve miembros y habilitó una reorganización interna dentro del máximo órgano judicial santacruceño. Por ley, el sorteo de autoridades debe realizarse en mayo y, según pudo saber La Opinión Austral, fue un pedido concreto que hizo el Colegio de abogados de Santa Cruz en la reunión que mantuvieron con los vocales.
Qué es el Tribunal de Enjuiciamiento y cuál es su función
El Tribunal de Enjuiciamiento tiene a su cargo el juzgamiento de magistrados y funcionarios judiciales cuando existen denuncias vinculadas al desempeño de sus funciones.
Su tarea consiste en analizar la admisibilidad de las presentaciones, evaluar pruebas, sustanciar audiencias y dictar una resolución final que puede derivar en la destitución o absolución del acusado.
Se trata de un órgano previsto en el artículo 129 de la Constitución Provincial y su integración se renueva cada año. Su funcionamiento se encuentra centralizado administrativamente dentro de la estructura del Poder Judicial, con sede en Río Gallegos.
Cómo se conforma el nuevo Tribunal de Enjuiciamiento de Santa Cruz
De acuerdo con la legislación vigente, el cuerpo está integrado por tres miembros titulares que representan distintos sectores institucionales: un vocal del Tribunal Superior de Justicia, un diputado letrado designado por la Honorable Cámara de Diputados y un abogado de la matrícula provincial elegido mediante sorteo
También se designan miembros suplentes para cada representación.
Hasta ahora, el Tribunal de Enjuiciamiento tenía como integrantes a Reneé Guadalupe Fernández por el Tribunal Superior de Justicia, Adriana Nieto por la Cámara de Diputados y Alicia Mercedes De Rivas en representación del foro provincial.
Este viernes, la nueva integración comenzará a definirse mediante el sorteo que realizará el Poder Judicial. Descartan que Nieto continúe en representación de la Cámara de Diputados porque es la única abogada entre los 24 legisladores.
El sorteo que definirá al representante del TSJ
Uno de los puntos centrales de la jornada será la designación del vocal del Tribunal Superior que integrará el cuerpo.
La definición llega después de la reconfiguración interna del máximo tribunal, ahora presidido por Gabriel Contreras e integrado además por Daniel Mariani, Sergio Acevedo, José Antonio González Nora, Juan Lucio de la Vega, Reneé Fernández, Fernando Basanta, Alicia Mercau y Paula Ludueña.
Según pudo saber La Opinión Austral, el sorteo también alcanzará a los abogados de la matrícula que formarán parte del órgano.
La elección se produce mientras el Tribunal Superior avanza con medidas de reorganización administrativa y revisión de resoluciones firmadas durante los últimos meses.
Una ley en disputa
La designación de los nuevos miembros se produce en medio de una definición jurídica pendiente respecto del marco normativo aplicable.
En las últimas horas, gran parte de los abogados y magistrados consultados desconocían si la integración se concretará bajo la Ley 28 o bajo la Ley Provincial 3859, promulgada en julio de 2024. La diferencia entre ambas normas impacta directamente sobre el funcionamiento del Tribunal de Enjuiciamiento.
La Ley 28 mantiene el esquema original, que establece una instancia previa de admisibilidad por parte del Tribunal Superior de Justicia antes de habilitar el avance de una denuncia. La Ley 3859, impulsada durante 2024, eliminó ese filtro previo y modificó el procedimiento para el tratamiento de denuncias contra magistrados.
Sin embargo, según pudo saber La Opinión Austral, actualmente continuaría vigente la Ley 28, ya que aún no fue recurrido el fallo que declaró la inconstitucionalidad de la reforma.
El Gobierno y el Poder Judicial
La modificación del régimen del Tribunal de Enjuiciamiento fue uno de los puntos de tensión institucional entre el Gobierno provincial y sectores del Poder Judicial. La reforma impulsada por el Ejecutivo durante 2024 buscó modificar el mecanismo de admisibilidad de denuncias contra magistrados. Desde el oficialismo se planteó como una herramienta orientada a modificar el sistema de control interno judicial.
La presentación judicial que frenó la aplicación de la norma derivó en un nuevo frente institucional, en paralelo al conflicto que luego escaló por la ampliación del Tribunal Superior de Justicia. Ese proceso culminó con el fallo de la Corte Suprema que avaló la ley impulsada por el gobernador Claudio Vidal y permitió la incorporación plena de cuatro nuevos vocales al máximo tribunal provincial.
Reorganización interna
La definición del Tribunal de Enjuiciamiento se suma a una serie de medidas adoptadas por la nueva conducción judicial. En la primera sesión de acuerdos con nueve integrantes, el Tribunal Superior eligió a Gabriel Contreras como presidente y designó a Daniel Mariani como representante ante el Consejo de la Magistratura.
Además, avanzó con la revisión de más de 70 ingresos de personal formalizados el mismo día en que la Corte Suprema dejó firme la ampliación del cuerpo.
Contreras también confirmó la revisión de más de 130 contratos realizados entre septiembre de 2025 y mayo de 2026 y anticipó el regreso de concursos públicos para el ingreso de personal administrativo.
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