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El gobernador Claudio Vidal impulsa en la Legislatura un proyecto de ley que busca declarar la Emergencia Comercial, Industrial y PyME en todo el territorio de Santa Cruz hasta el 31 de diciembre de 2026. La propuesta forma parte de un paquete de medidas orientadas a contener la crisis que atraviesan comercios, industrias y pequeñas y medianas empresas, que se tratará el próximo jueves 19 en la Cámara de Diputados.
La iniciativa responde a un escenario marcado por caída del consumo, aumento de costos, presión fiscal y menor poder adquisitivo de los argentinos en todo el país debido a las medidas económicas definidas a nivel nacional. El texto surgió luego de varias reuniones que mantuvo la ministra de Producción, Nadia Ricci, y otros funcionarios del Ejecutivo con represetnantes de las cámaras empresariales y sindicales del sector.
El primer artículo del proyecto establece la declaración de la emergencia comercial, industrial y PyME en todo el ámbito provincial hasta el 31 de diciembre de 2026 inclusive y alcanza a los sujetos que cuenten con certificado MiPyME y que revistan la calidad de Contribuyentes Puros o Contribuyentes de Convenio Multilateral con domicilio fiscal en la provincia de Santa Cruz.
De este modo, el Gobierno provincial busca delimitar el universo de beneficiarios y focalizar las medidas en empresas radicadas en el territorio santacruceño. Podrán acceder empresas de servicios con facturación anual promedio desde $266.790 hasta firmas industriales y mineras con facturaciones que no superen los $101.070.840.000.
Categorías de empresas que pueden registrarse como Pymes, según ARCA.
Suspensión de ejecuciones fiscales y embargos
Uno de los puntos centrales del proyecto figura en el artículo 2, que dispone la suspensión del inicio de ejecuciones fiscales y la continuidad de aquellas que ya se encuentren en trámite durante el plazo de la emergencia. En los casos donde no exista sentencia, los procesos continuarán hasta el fallo, pero sin actos de ejecución ni embargos.
Este punto responde a uno de los reclamos más reiterados por cámaras empresariales, que advirtieron sobre el impacto de los embargos en el funcionamiento financiero de las PyMEs.
Regularización de deudas
Además, el proyecto de Ley instruye a la Agencia Santacruceña de Ingresos Públicos (ASIP), a Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE), a Distrigas S.E. y a todo órgano de recaudación provincial a establecer planes de regularización de deudas.
El proyecto fija condiciones generales para esos planes:
- Hasta 60 cuotas mensuales y consecutivas.
- Tasa de financiación de hasta 25% efectiva anual.
- Quita de hasta el 100% de las multas y de los intereses resarcitorios o por mora sobre el capital adeudado.
- Posibilidad de incorporar deudas incluidas en otros planes vigentes al momento de la sanción de la ley.
La iniciativa apunta a brindar previsibilidad y aliviar la carga financiera de empresas que acumulan obligaciones impositivas y de servicios.
Créditos, exenciones y beneficios fiscales
La declaración de emergencia podrá utilizarse también para gestionar beneficios adicionales, sujetos a la aprobación de cada organismo o entidad bancaria. Entre ellos se incluyen líneas de crédito a tasa diferenciada para préstamos futuros o vigentes ante entidades financieras y exenciones o diferimientos en la presentación y pago de declaraciones juradas de tributos en el ámbito provincial y nacional.
La norma no impone la concesión automática de estos beneficios, pero habilita un marco legal para su tramitación.
Compensación de deudas con el Estado
El artículo 5 autoriza al Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura a regularizar las deudas que el Estado provincial mantenga con empresas comprendidas en la emergencia. La cartera podrá habilitar instancias de compensación o renegociación de deudas. Este punto busca equilibrar las obligaciones entre el sector público y las firmas afectadas por la crisis.
Además, el proyecto insta a los municipios a adoptar medidas similares respecto de sus compromisos con el sector privado.
Comisión de seguimiento y control
El proyecto crea una comisión de seguimiento de la emergencia comercial, industrial y PyME que deberá reunirse al menos una vez por mes hasta diciembre de este año. La comisión estará integrada por un representante del Ministerio de Economía, un representante del Ministerio de la Producción, un representante del Ministerio de Gobierno, un integrante designado por la ASIP, un representante de la Secretaría de Comercio e Industria, un integrante por cada bloque político de la Legislatura provincial y tres integrantes designados por entidades de representación gremial empresaria.
El organismo podrá proponer a las áreas ejecutivas y legislativas la implementación de medidas no previstas en la ley, siempre que busquen mitigar los efectos de la crisis.
En el artículo 7, el proyecto invita a los organismos nacionales y municipales a adherir a la Ley de Emergencia Comercial, Industrial y PyME.
Contexto económico y reclamo del sector
El proyecto se enmarca en un escenario complejo para el comercio santacruceño. Según el Índice Provincial de Actividad Económica (IPAE) elaborado por la Federación Económica de Santa Cruz, en enero de 2026 la actividad total provincial registró una caída interanual del 9,9% y un retroceso intermensual desestacionalizado del 7,6%.
El informe técnico, basado en un relevamiento provincial realizado entre el 2 y el 13 de febrero de 2026 sobre 103 casos de comercios y servicios, reflejó un panorama contractivo en la mayoría de los rubros.
En Calzado, Indumentaria y Textiles, el sector registró una baja interanual del 9,8% y una caída mensual del 15,5%. Los encuestados señalaron la pérdida de ingresos, el aumento del desempleo, la competencia de importaciones y plataformas de venta directa y la suba de servicios públicos como factores críticos.
El sector Servicios —que incluye servicios profesionales, hotelería y turismo— mostró una contracción interanual del 15,6% y un descenso mensual del 12,2%. Prestadores denunciaron presión fiscal elevada, caída del turismo nacional y dificultades para sostener la estructura operativa.
Farmacia y Perfumería registró una caída interanual del 6%, aunque logró un leve repunte mensual del 3,9%, por la cantidad de gente que no viajó en las vacaciones y compró en su ciudad. En tanto, Ferreterías, Construcción, Bazar, Hogar y Muebles fue el único rubro con variación interanual positiva (+0,5%), aunque con retroceso mensual del 1,5%, porque las familias que no viajaron se dedicaron a invertir en refacciones menores en sus casas.
En Río Gallegos, durante 2025 se registraron 180 bajas comerciales hasta septiembre sobre un universo aproximado de 2.800 comercios habilitados, según datos municipales.
El fenómeno impactó con mayor fuerza en rubros como indumentaria, calzado y gastronomía. A esto se sumó una tasa de desocupación del 10,8% en el aglomerado Río Gallegos durante el tercer trimestre de 2025, según datos oficiales.
El proyecto impulsado por el gobernador Claudio Vidal busca dar respuesta a esa demanda mediante un marco legal que combine suspensión de ejecuciones, planes de pago, alivio fiscal y mecanismos de seguimiento. La definición final quedará en manos de la Cámara de Diputados, que deberá debatir y votar la iniciativa en el recinto.
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