La Justicia revocó la cautelar que impedía el cobro de aportes previsionales a municipios

El Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz revocó la medida cautelar que había suspendido la aplicación del artículo 22 de la Ley Provincial N° 1782, dando la razón al Gobierno de Santa Cruz y a la Caja de Previsión Social en un planteo que desde un principio sostuvo la validez y constitucionalidad del régimen de aportes previsionales.

La resolución deja sin efecto la decisión dictada en primera instancia que impedía descontar e ingresar los aportes previsionales correspondientes sobre los fondos de coparticipación municipal, al considerar que no se encontraban acreditados los requisitos legales para mantener una medida cautelar de esa naturaleza.

El fallo confirma que la cautelar fue concedida sin fundamentos suficientes. En su sentencia, el máximo tribunal provincial concluyó que no existían elementos que demostraran la verosimilitud del derecho invocado ni el peligro en la demora, condiciones indispensables para el dictado de una medida cautelar contra el Estado. Asimismo, destacó que la suspensión de la aplicación de una ley constituye una decisión de carácter excepcional que requiere un análisis particularmente estricto.

El Tribunal también ponderó que el artículo 22 de la Ley N° 1782 constituye un mecanismo legal destinado a garantizar el financiamiento del sistema previsional provincial mediante el ingreso de los aportes y contribuciones obligatorios, cuya percepción reviste carácter de orden público.

Cabe destacar que, con esta decisión judicial, vuelve a tener plena vigencia una herramienta prevista por la legislación provincial para asegurar el normal financiamiento de la Caja de Previsión Social, organismo que sostiene el pago de jubilaciones y pensiones de miles de santacruceños.

El fallo también remarca que la medida cautelar no podía convertirse en un mecanismo que anticipara el resultado del juicio principal ni afectar el interés público comprometido en el sostenimiento del sistema previsional.

La resolución del Tribunal Superior de Justicia representa un respaldo a la posición sostenida por el Gobierno Provincial.

La resolución del Tribunal Superior de Justicia representa un respaldo a la posición sostenida por el Gobierno Provincial desde el inicio del proceso judicial: que la obligación de retener e ingresar los aportes previsionales surge expresamente de la legislación vigente y que cualquier cuestionamiento sobre su constitucionalidad debe resolverse en el juicio de fondo, sin paralizar previamente la aplicación de una norma que goza de presunción de legitimidad.

Con este pronunciamiento, el máximo tribunal provincial revierte una cautelar que había impedido transitoriamente la aplicación de una herramienta legal esencial para el financiamiento previsional, restableciendo la plena vigencia del régimen previsto por la Ley N° 1782 mientras se sustancia la acción principal.

Elmiger: “Sostiene la solidaridad y la sustentabilidad del sistema”

La medida judicial tuvo rápida reacción política. Una de las voces fue la de la ministra de Gobierno, Belén Elmiger. “Este fallo reafirma la institucionalidad y que las leyes hay que aplicarlas como están, porque para eso fueron sancionadas“, expresó la funcionaria, al referirse a la decisión del máximo tribunal provincial.

Elmiger consideró que la decisión del Tribunal Superior de Justicia brinda previsibilidad institucional.

Elmiger remarcó que la vigencia del régimen previsto por la Ley N° 1782 resulta indispensable para garantizar el financiamiento del sistema previsional santacruceño. “Si hablamos de la sustentabilidad del sistema previsional, no podemos obviar que las municipalidades tienen que transferir a la Caja de Previsión y a la Caja de Servicios Sociales lo que les retienen a los trabajadores, además del aporte patronal. Eso es lo que sostiene la solidaridad y la sustentabilidad del sistema“, sostuvo.

En ese sentido, explicó que cuando esos recursos no son transferidos, el esfuerzo para afrontar las jubilaciones recae exclusivamente sobre el Estado provincial. “De lo contrario, es el Estado provincial el que termina sosteniendo las jubilaciones de los trabajadores municipales cuyos aportes no fueron ingresados“, señaló.

La ministra también aseguró que el fallo marca un cambio en la forma de administrar los recursos públicos y de hacer cumplir la legislación vigente. “Ahora las leyes se empiezan a aplicar y no como antes, cuando muchas veces se gobernaba al margen de la letra de la norma. Tanto las municipalidades como la Provincia tienen claridad sobre el marco legal con el que deben manejarse”, afirmó.

Finalmente, Elmiger consideró que la decisión del Tribunal Superior de Justicia brinda previsibilidad institucional y ratifica la obligación de todos los organismos públicos de cumplir con las normas vigentes, fortaleciendo un sistema previsional basado en la solidaridad y el aporte de todos los empleadores públicos.

Pérez: “Nadie está por encima de la ley”

También se refirió al fallo el presidente de la Caja de Previsión Social, Pablo Pérez. “Este fallo deja en claro que nadie está por encima de la ley. Lo único que hace la Justicia es permitir que se cumpla una norma que está vigente desde hace años y que establece obligaciones concretas para todos los municipios de la provincia”, afirmó.

Pérez remarcó que la resolución judicial no incorpora nuevas cargas para los gobiernos municipales, sino que restablece la plena aplicación de una obligación legal que ya existía. “No se está creando una obligación nueva ni se está modificando la ley. Simplemente se está diciendo que la ley debe cumplirse. Nada más y nada menos que eso”, expresó.

“El sistema previsional se sostiene con el aporte solidario de todos. Cada empleador público tiene obligaciones que cumplir y este fallo ratifica que esas obligaciones alcanzan a todos por igual. No puede haber excepciones cuando está en juego el financiamiento de las jubilaciones de miles de santacruceños”, sostuvo.

Pérez agregó que la decisión del máximo tribunal provincial brinda previsibilidad institucional y termina con una situación que impedía la plena aplicación de una ley sancionada por la Legislatura.

El presidente de la Caja advirtió que cuando los municipios no transfieren los recursos que les corresponden, el déficit previsional debe ser cubierto con fondos del Estado provincial. “Cada peso que la Provincia tiene que destinar para cubrir el déficit generado por el incumplimiento de algunos municipios es un peso que deja de invertirse en educación, salud, seguridad, infraestructura o políticas públicas para todos los santacruceños. Cumplir con la ley no es solamente una obligación legal; también es una responsabilidad con toda la sociedad”, señaló.

“El sistema previsional se sostiene con el aporte solidario de todos”.

PABLO PÉREZ

Pérez aseguró que el fallo del Tribunal Superior de Justicia marca una nueva etapa para la provincia. “Se reafirma un principio fundamental: nadie está por encima de la ley. Las normas fueron sancionadas para cumplirse y este fallo simplemente garantiza eso. A partir de ahora corresponde que todos los municipios cumplan con las obligaciones que establece la legislación vigente, porque de ello depende la sustentabilidad del sistema previsional y el cuidado de los recursos públicos de todos los santacruceños”, concluyó.

Por su parte, en declaraciones exclusivas a La Opinión Austral, indicó: “Este fallo reivindica la vigencia de la ley 1782 y que nadie está por encima de ella“. El presidente de la CPS sostuvo que el sistema jubilatorio debe ser defendido por todos y eso implica que cada quién se haga cargo de los compromisos que le corresponde como empleador. “La revocación de la cautelar no es ni más, ni menos que eso“.

Cabe destacar que, durante la apertura de sesiones ordinarias, el gobernador Claudio Vidal había asegurado que la Caja de Previsión Social (CPS) no sería transferida a Nación, defendiendo el 82% móvil como un pilar de la autonomía provincial, pero había cuestionado la cautelar a favor del municipio de Río Gallegos.

“No son recursos del municipio. No son recursos del Gobierno”, sentenció, al tiempo que insistió en que “son recursos de los trabajadores para garantizar su bien más preciado: su jubilación”.

Qué había dicho Vidal

En este punto, hizo un llamado al Poder Judicial respecto a la deuda del Municipio de Río Gallegos. Luego reafirmó: “Vamos a defender como una herramienta central de la autonomía política y social de Santa Cruz, la permanencia de la CPS en el ámbito provincial”, recordando además que “el Fondo Compensador creado a través de la Ley 2401 para garantizar su carácter provincial y fortalecer su financiamiento, requiere que todos acompañemos la toma de decisiones correcta, que permitirá sostener el 82 % móvil y un sistema previsional justo”.

Con relación a la situación de la comuna riogalleguense, el Mandatario sostuvo en esa oportunidad que “se pretende hacer creer que los descuentos vinculados a una de las leyes reemplazan los aportes al sistema previsional. Esto no es así. La Ley 1782 es la que crea los aportes personales de los trabajadores y las contribuciones patronales; es la base del sistema y una obligación legal. En tanto, la Ley 2401 es un fondo creado para fortalecer el financiamiento de la Caja y garantizar que sea sustentable”.

“No son obligaciones que se compensen entre sí”, aclaró, remarcando que “cumplir con la Ley 2401 no exime a nadie de cumplir también con la Ley 1782. Tenemos que discutir con responsabilidad el déficit y su financiamiento. Defender la Caja de Previsión Social no se trata, solamente, de no transferirla; se trata de hacerla sustentable en el tiempo”.

De esta manera, señaló que el organismo “presenta un déficit de casi 270 mil millones de pesos anuales, y ese déficit lo cubrimos todos los santacruceños”. Reiteró que “el aporte que se le descuenta todos los meses a un trabajador, no le pertenece a ningún municipio ni a ningún gobierno provincial ni nacional; le pertenece a ese trabajador”.

“Sin embargo –continuó- cuando la Provincia avanza para recuperar esos recursos y defender que sea sostenible el sistema previsional, aparece una medida cautelar a favor de la Municipalidad de Río Gallegos que impide aplicar la ley, que no resuelve el fondo de la cuestión, que perjudica a los trabajadores activos y pasivos, y que bloquea cualquier avance, solo para hacerle ganar tiempo al municipio para no pagar”.

Agregó que dicha medida “obliga a todos los santacruceños a financiar el incumplimiento de quienes retienen los aportes y no los depositan y, como si fuera poco, en los medios de comunicación responsabilizan al Gobierno Provincial por sus malos hábitos, su incumplimiento y su falta de solidaridad”.

“Eso, claramente no es defender derechos”, enfatizó, tras considerar que ese accionar judicial “es sostener el desorden y encubrir a quienes no quieren cumplir la ley”.

Finalmente, Claudio Vidal manifestó: “No hay 82% móvil posible si no hay un sistema previsional sustentable. No hay provincia que pueda desarrollarse si la aplicación de las leyes queda suspendida por una batería de cautelares, que solo buscan obstruir para beneficiar a los mismos chantas de siempre”.