La trama oculta detrás de la brutal golpiza de la UOCRA al empresario de la construcción de Santa Cruz Fabio Cattani

El 11 de agosto de 2025, la violencia irrumpió en Puerto Deseado. El contratista Fabio Dante Cattani fue golpeado brutalmente frente a una obra por un grupo de hombres vinculados a la UOCRA local. El ataque dejó a la víctima con graves lesiones en el rostro y el cráneo, y su estado de salud se complicó en los días posteriores.

El hecho provocó indignación en toda la provincia y un fuerte reclamo de justicia por parte de su familia, que además denunció haber recibido amenazas e intimidaciones.

Con el paso de las semanas, cinco personas fueron detenidas, entre ellas referentes gremiales de la construcción, y la causa avanzó con procesamientos y prisión preventiva por tentativa de homicidio.

Pero mientras la Justicia seguía los pasos del violento episodio, un nuevo documento judicial presentó una versión que podría cambiar el sentido de la investigación.

Una presentación que apunta a la interna gremial

En las últimas horas, el abogado Fabricio Carbone Miele, defensor de Franco Moreyra, dirigente sindical del gremio de la construcción y uno de los procesados por el intento de homicidio, presentó un escrito ante el Juzgado que investiga el caso que sostiene que la agresión a Cattani no fue un ataque espontáneo ni un reclamo sindical legítimo, sino la consecuencia directa de una interna por el control de la seccional de la UOCRA en Puerto Deseado. Además de Moreyra fueron detenidos Carlos Tapia, Oscar “Cachumba” Aranda, Osvaldo “Neri” B. y Fabián Hernández.

Carbone afirmó en su presentación que el hecho “se enmarca en un conflicto gremial preexistente entre distintas facciones que disputaban el control de la representación local”.

Además, denunció la aparición de documentación adulterada que habría sido utilizada para simular una relación laboral inexistente y legitimar falsamente a Cattani como delegado sindical.

Altas, bajas y fichas sindicales bajo sospecha

Según la defensa de Moreyra, de los oficios enviados a la ARCA (ex AFIP) se desprende que Cattani, Rubén Sepúlveda y Gastón Palacios no figuraban como empleados del empresario Martín Enrique Sandoval el día del hecho.

Para el abogado defensor de Moreira, es Martín Sandoval la personas que figura como empleador de la obra y los empleados serían Cattani, Sepúlveda y Palacios.

“La respuesta fue categórica: ninguno de los Sres. Cattani, Palacios ni Sepúlveda se encontraba registrado en relación de dependencia durante esas fechas”, señala el escrito.

Pese a ello, en la causa se presentaron altas y bajas laborales en papel membretado de la ARCA, que según el abogado “estarían adulteradas ya que estarían reflejando información falsa que no condice con los registros oficiales”.

La maniobra, advierte Carbone, podría constituir falsificación de instrumentos públicos y privados, e incluso una estafa procesal, en tanto habría tenido como fin inducir a error a las autoridades laborales para lograr el reconocimiento gremial de Cattani.

La obra y los nombres detrás del conflicto

La supuesta afiliación sindical de Cattani fue registrada en el marco de una obra ubicada en calle Agustín Chiarrone N° 1477, correspondiente a la construcción de la sede del Sindicato de Empleados y Empleadas Judiciales de Santa Cruz “3 de Julio”.

Allí, según la defensa, Sandoval habría presentado documentación apócrifa ante el Ministerio de Trabajo provincial, adjuntando fichas de afiliación y “altas” laborales de los involucrados. Sin embargo, la verificación posterior demostró que esas constancias no tenían correlato alguno en la base de datos del organismo recaudador.

Para Carbone, esta maniobra fue parte de un “entramado destinado a legitimar falsamente a Cattani como delegado gremial”, con la colaboración de los testigos Rubén Sepúlveda y Gastón Palacios.

El abogado también busca involucrar al sindicato comitente de la obra, al señalar que no habría detectado las irregularidades en la documentación presentada por los trabajadores y el contratista. “Esta omisión, aunque no genera responsabilidad penal directa, constituye un dato contextual relevante, que permite entender cómo se facilitó la circulación de constancias falsas o adulteradas dentro del ámbito laboral de la obra”, infiere el documento aunque no presenta pruebas.

La obra del sindicato judicial para hacer un salón de eventos se convirtió así en el escenario físico y simbólico de una disputa gremial que escaló hasta derivar en la golpiza que puso a Cattani al borde de la muerte.

Franco Mascheroni, titular del gremio judicial, señaló en una entrevista a Canal 2 de Vía Patagónica que la obra comenzó en mayo y remarcó que el contratista es Cattani, por lo que no podría figurar en los registros como empleado de la obra y, entonces tampoco, delegado gremial. Con respecto a las acusaciones aseguró: “No tenemos nada que ver, nosotros contratamos a Cattani y se le paga en regla. Él tiene que tener todo en regla. No nos hacemos cargo de nada de lo que dijo ningún dirigente de la UOCRA”, completó.

Asimismo repudió la agresión al contratista y que “hayan ido a nuestra obra y hayan tirado piedras” motivo por el cual contó que fueron a hacer una denuncia en la fiscalía “por daños en unos vidrios”.

A pesar desconocer el conflicto, sí celebró la buena relación “con otros sindicalistas” con los que estuvieron reunidos y con los cuales se llevan “muy bien”. “Nos dieron una mano también con el tema de la obra, descargar material. La verdad que agradezco siempre la colaboración del resto del sindicalismo de Santa Cruz, porque la verdad que hoy nos estamos cuidando entre todos y eso es lo que tenemos que seguir haciendo”, dijo.

Pedidos urgentes y posible intervención federal

El escrito de Carbone solicitó que se libren oficios judiciales a la ARCA, a la UOCRA nacional, al Ministerio de Trabajo provincial y a la Asociación Gremial de Empleados Judiciales “3 de Julio”, con el fin de determinar la autenticidad y trazabilidad de los documentos presentados.

También pide que se cite nuevamente a declarar al testigo Gastón Palacios y que se corra vista urgente a los fiscales provincial y federal de Puerto Deseado, “en atención a la posible comisión de delitos contra la fe pública y la administración pública”.

El objetivo, según la presentación, es que la investigación no se limite al hecho violento, sino que abarque el trasfondo de maniobras fraudulentas que habrían precedido al ataque.