Multa millonaria al sindicato de estibadores en Puerto Deseado: ¿Blatt puede ir preso?

“No me voy a dejar extorsionar”, le dijo Luis Jones, presidente y propietario de la empresa Vepez, a La Opinión Austral. Fue horas después de haber sufrido un intento de bloqueo por integrantes del sindicato de estibadores. Su frase fue la tapa del domingo 17. Jones ese día estaba en Las Heras viendo la tradicional carrera de autos junto al diputado y piloto Gustavo “Kaky” González (volvió a salir campeón). No dejó de atender llamados. Uno de ellos fue el del gobernador Claudio Vidal. “Tenés todo mi apoyo y el del Gobierno“, le dijo.

Había pasado una semana del otro conflicto en Puerto Deseado, que comenzó a escalar el domingo 10 de noviembre cuando trabajadores de estiba impidieron que un barco que portaba contenedores con productos pesqueros y cianuro para dos mineras de Santa Cruz decidiera abandonar el muelle sin descargar ni realizar la carga de alrededor de 120 contenedores para una exportación programada.

El buque Varamo, de la empresa Maersk, comenzó la descarga el domingo, entre las 19 y la madrugada del lunes 11. Dejó una parte de los contenedores antes de que el sindicato de estibadores decidiera suspender las operaciones.

El conflicto provocó que la embarcación, que transportaba al menos 10 contenedores de cianuro destinados a las empresas Oro y Plata y a Patagonia Gold, zarpara sin dejar el cargamento necesario para las operaciones, argumentando la pérdida de dinero por el tiempo perdido sin operar.

La paralización fue atribuida a la falta de acuerdo sobre demandas salariales y otras condiciones laborales, las cuales, según el sindicato, no fueron atendidas.

El sindicato de estibadores denunció la falta de respuesta del Gobierno y de las autoridades locales a sus pedidos. Piden un aumento salarial y una compensación por “lucro cesante” por la pérdida que tuvieron los trabajadores cuando las empresas fueron a otros puertos a realizar las operaciones durante la temporada de langostino.

En La Opinión Zona Norte y La Opinión Austral seguimos el tema. Uno de los gremios protagonistas de varias medidas de fuerza, que incluyeron acciones intempestivas, “aprietes” y bloqueos, es el Sindicato Único de Estibadores Portuarios Patagónicos (SUEPP). La gravísima acción de impedir la descarga del buque mercante y haber roto la conciliación obligatoria tiene sus consecuencias.

El otro episodio

El sábado 16, alrededor de las 13 horas, un grupo de personas llegó en varios vehículos a la puerta de la empresa Vepez en Puerto Deseado. Intentó bloquear el ingreso de un camión langostino fresco que traían para procesar. Los empleados hicieron el transporte igual. Pese a las amenazas (“No vamos a permitir más el ingreso de camiones”), el personal de la empresa los hizo retirar.

Desde el año 2022, el sindicato de la estiba tiene un líder: Alejandro Blatt, hijo de Carlos, a quien acusan de aplicar las mismas prácticas que su padre. El ministro de la Producción, Gustavo Martínez, afirmó a La Opinión Zona Norte que llegarán hasta las últimas consecuencias “para dejar en evidencia quién estaba detrás impulsando estos conflictos”.

El Gobierno, legisladores y empresarios piden que la Justicia debe ponerle un freno. Coinciden: “Son extorsivas las medidas del sindicato SUEPP“, según revelaron a La Opinión Austral.

Como lo dijo a este medio Agustín de la Fuente, presidente de la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP):“Basta de no dejar cargar exportaciones, bloquear actividades productivas, entorpecer el libre tránsito. Y basta de la sensación de violencia constante“.

Luis Jones, el empresario propietario de Vepez y el diputado Santiago Aberastain razonan en la misma sintonía: “Puerto Deseado no puede estar a merced de la voluntad de cinco, diez locos anarquistas. Quieren manejarse como en la época de los cowboys. Se tiene que terminar”.

El gobernador Claudio Vidal, junto al ministro de la Producción, Gustavo Martínez, y el secretario de Trabajo, Javier Aravena, harán la presentación judicial este martes en Caleta Olivia.

Según pudo saber La Opinión Austral, la denuncia federal es por entorpecer el comercio exterior, más una multa millonaria de alrededor de 160 millones de pesos al sindicato. Y advirtieron que “si no paran, lo que viene es la suspensión de la personería jurídica”. Tampoco descartan que inicien alguna acción -de acuerdo a las pruebas obtenidas- que implique un pedido de detención para Alejandro Blatt. ¿Puede ser posible o es sólo un alerta?

A todo esto, en Puerto Deseado, tanto la comunidad como los integrantes de la Cámara de Comercio, por ejemplo, y hasta los concejales miran con preocupación la triste realidad que genera el conflicto. Y lo reflejan con el bolsillo: “Cuando hay estos problemas, escasea el efectivo, todos entramos en crisis. Se siente en toda la ciudad“, revelan.

Mientras tanto, se estima que el miércoles 20 por la noche estaría arribando a Puerto Deseado el buque que no pudo descargar la semana pasada. Aunque esta vez se llevará menos “tachos”. La minera Santa Cruz ya trasladó alrededor de 20 en camiones hasta Puerto Madryn, desde donde fueron despachados.

Y este conflicto pone en alerta más que nunca al puerto santacruceño. Un dato relevante que pudo conocer La Opinión Austral: en Puerto Madryn, el litro de combustible para los barcos llega a costar hasta 40 pesos menos que en Puerto Deseado, que tiene ahora dos expendedoras. En el puerto chubutense, cinco. Y cada barco carga alrededor de 50.000 litros promedio. Hay que tener en cuenta que hay buques de 60/70 toneladas (los buques más chicos) y también los que tienen hasta 180 toneladas de capacidad de bodega.

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