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La Justicia Federal de Río Gallegos formalizó la Investigación Penal Preparatoria (IPP) contra Paulo Croppi, ex titular de Vialidad Nacional en Santa Cruz y ex funcionario de La Libertad Avanza, por el delito de daño agravado de bienes. El hecho que lo involucra ocurrió el 25 de marzo de 2025, cuando una retroexcavadora derribó el monumento en homenaje al historiador Osvaldo Bayer, ubicado en el paraje Güer Aike, sobre la Ruta Nacional N°3.
El fiscal federal Pablo Mansilla sostuvo que Croppi autorizó y convalidó el operativo de remoción y que se encontraba presente en el lugar mientras la maquinaria pesada destrozaba la obra. Según la acusación, no se tomaron recaudos mínimos ni se notificó a la provincia de Santa Cruz, propietaria del monumento inaugurado en 2023.
La palabra de Croppi: “Se devolvió en perfecto estado”
En diálogo con La Opinión Austral tras la audiencia, Croppi sostuvo que nunca existió intención de dañar el monumento a Bayer. “Todo se va a aclarar porque la imagen fue devuelta en perfecto estado al Estado santacruceño, que es el dueño”, afirmó.
El ex funcionario justificó el procedimiento en cuestiones de seguridad vial: “Cuando uno es funcionario público está bajo una órbita de normativas que tiene que cumplir. Si un cartel está mal posicionado y no se actúa, la responsabilidad recae sobre el jefe de distrito”.
Consultado por las imágenes que muestran a la retroexcavadora golpeando la estructura, Croppi relativizó los daños: “Eso es parte afectiva y sentimental. La obra fue preservada y entregada en condiciones”.
“Si yo hubiese estado, no pasaba eso”
Paulo Croppi, ex funcionario de Vialidad Nacional
Uno de los puntos más controvertidos de la investigación es si Croppi estuvo presente en el lugar durante la demolición. Mientras el fiscal Mansilla asegura contar con pruebas de que el ex funcionario acompañó el operativo, Croppi lo negó categóricamente: “No estaba ahí. Si yo hubiese estado, no pasaba eso. De ninguna manera. Te lo garantizo”.
El ingeniero también reconoció que atravesó la audiencia en soledad: “Hoy me encuentro solo respondiendo todo esto. Espero ser solvente para demostrarle a la sociedad santacruceña y a mis familiares que no se hizo nada malo. De La Libertad Avanza no tuve ningún acompañamiento: cero”.
El trasfondo político y social del caso
La demolición del monumento a Osvaldo Bayer se produjo un día después del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia de 2025. La decisión del Gobierno nacional fue celebrada por sectores libertarios de Santa Cruz, que lo consideraban un “símbolo del adoctrinamiento kirchnerista”.
El episodio generó un fuerte repudio de familiares de víctimas de la Patagonia Rebelde y de organizaciones de derechos humanos. Entre los denunciantes figuran Esteban Bayer —hijo del historiador—, el abogado Gonzalo Chute, secretario de Legal y Técnica del Municipio de Río Gallegos, y descendientes de peones fusilados.
El estado del monumento y la disputa por su valor
Mientras Croppi afirma que el monumento fue entregado restaurado, el escultor y autor de la obra, Miguel Villalba, aseguró que la estructura “fue violentada” y que, aunque intentaron enderezarla, “nunca va a volver a ser igual, ya la rompieron”.
La Fiscalía valoró el daño no solo en términos económicos —estimado en 11,5 millones de pesos— sino también en su dimensión artística e histórica, al tratarse de un homenaje al autor de La Patagonia Rebelde y a los 1.500 peones rurales fusilados en las huelgas patagónicas de 1920 y 1921.
El juez federal Claudio Vázquez dispuso la continuidad de la investigación con la calificación de “daño agravado de bienes”, delito que prevé penas de entre tres meses y cuatro años de prisión. La Fiscalía tendrá un año para reunir pruebas y elevar el caso a juicio.
Mientras tanto, la defensa de Croppi, encabezada por el abogado Ramiro Neil, prepara su estrategia para contrarrestar la acusación que, según adelantó, consideran “excesiva”.
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