Procopio advirtió irregularidades en el relleno sanitario y anticipó actuaciones administrativas

El funcionamiento del relleno sanitario y del vaciadero municipal de Río Gallegos volvió a quedar bajo la lupa luego de las denuncias por irregularidades en el tratamiento y la disposición final de los residuos. En ese contexto, el secretario de Estado de Ambiente de Santa Cruz, Diego Procopio, habló con Radio LU12 AM680 y detalló las actuaciones realizadas por el organismo provincial, las exigencias formuladas al municipio y a la empresa operadora, y las medidas que deberían implementarse para resolver una problemática que lleva años.

La situación tomó nuevamente relevancia después de que La Opinión Austral diera cuenta de la denuncia pública realizada por Javier Álvarez Bento, administrador del establecimiento rural de Punta Loyola, lindante al predio donde funciona el relleno sanitario. El productor advirtió sobre la afectación de las pasturas, el riesgo para los animales y la presencia de microplásticos. Además, ya había presentado un amparo judicial en 2025.

Al referirse al reclamo, Procopio sostuvo que se trata de un planteo legítimo que requiere una respuesta concreta. También consideró que no alcanza con retirar los residuos que salen del predio, sino que es necesario evitar que esa situación vuelva a repetirse.

En relación con la intervención provincial, explicó que la Secretaría de Estado de Ambiente realizó inspecciones y labró las actas correspondientes para exigir que se impida la dispersión de residuos fuera del establecimiento y que se cumpla con la normativa ambiental vigente.

En ese sentido, mencionó tres leyes que regulan distintos aspectos de la actividad: la Ley 2658 de Evaluación de Impacto Ambiental, la Ley 2567 de Residuos Peligrosos y la Ley 2829 de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos.

La responsabilidad del municipio

Uno de los puntos centrales de la entrevista estuvo relacionado con las responsabilidades sobre el funcionamiento del predio. Procopio explicó que la Provincia solicitó tanto al municipio como a la empresa operadora el convenio y el contrato que regulan la prestación del servicio, con el objetivo de conocer las obligaciones asumidas por cada parte.

Sin embargo, indicó que la documentación recibida hasta el momento no está completa. El funcionario fue categórico al señalar que la responsabilidad primaria de gestionar los residuos corresponde al municipio. En ese sentido, sostuvo que la administración municipal no puede desligarse de sus obligaciones argumentando que existe una empresa contratada para operar el establecimiento, dado que se trata de un convenio entre ambas partes.

Asimismo, recordó que durante marzo recibieron consultas de productores de la zona y mantuvieron comunicaciones con el propietario del establecimiento afectado. A partir de esos planteos, personal de Ambiente realizó una inspección y labró un acta para solicitar que se adoptaran medidas que impidieran que los residuos salieran del predio.

Un relleno sanitario que debe funcionar como tal

Al ser consultado sobre cuál sería la solución de fondo, Procopio planteó que el relleno sanitario debe ser operado de acuerdo con las características técnicas para las que fue construido.

“El relleno sanitario es una obra de ingeniería que se debe manejar como corresponde. Si una obra de ingeniería la tratás como un basural, ¿qué se espera que sea?”, expresó.

En esa línea, explicó que este tipo de instalaciones requiere trabajos específicos, como la correcta colocación y soldadura de membranas, la compactación de los residuos y su posterior cobertura con suelo, entre otras tareas necesarias para garantizar su funcionamiento.

El funcionario recordó que el relleno sanitario fue proyectado para erradicar el basural a cielo abierto de Río Gallegos. Sin embargo, señaló que actualmente ambos espacios continúan en funcionamiento.

La intención, según explicó, es que el relleno sanitario opere de acuerdo con las condiciones establecidas en su aprobación ambiental, mientras que el vaciadero avance hacia su adecuación y posterior cierre y clausura.

Falta de maquinaria y menor vida útil

Durante la entrevista, Procopio también hizo referencia a las condiciones operativas del establecimiento y señaló que existen dificultades vinculadas con la disponibilidad de personal y maquinaria.

Indicó que no se estarían realizando adecuadamente las tareas de compactación de los residuos que ingresan diariamente ni su posterior cobertura con una capa de suelo.

Según explicó, estas labores son fundamentales para evitar la voladura de basura y extender la vida útil del relleno sanitario.

“Hoy en día no se está haciendo esa tarea, se está tirando la basura“, afirmó. Además, advirtió que, al no compactarse los residuos, el espacio disponible se consume más rápidamente y se reduce considerablemente la capacidad operativa del predio.

Procopio dimensionó la magnitud del problema al señalar que Río Gallegos genera alrededor de 300 toneladas de residuos por día, una cantidad que requiere una gestión adecuada para evitar consecuencias ambientales.

También mencionó que la situación de la capital provincial representa el principal desafío que encontró desde que asumió hace aproximadamente un año. Como antecedente, señaló que recientemente estuvo en Caleta Olivia, donde la Secretaría brindó asistencia técnica y maquinaria para colaborar con la adecuación del vaciadero local.

La empresa fue intimada y vencieron los plazos

Otro de los aspectos que confirmó el secretario de Ambiente fue que la Provincia continúa con las actuaciones administrativas vinculadas al funcionamiento del relleno sanitario.

Precisó que durante octubre realizaron un nuevo recorrido por el establecimiento e intentaron localizar al responsable de la empresa operadora para hacerle llegar documentación e información relacionada con los requerimientos del organismo.

No obstante, afirmó que el empresario no se presentó ante la Secretaría, pese a que intentaron establecer contacto en al menos tres oportunidades.

“Esos plazos ya están vencidos, por lo que corresponde ya el sumario administrativo“, señaló Procopio.

Además, indicó que desde el área legal mantuvieron una comunicación telefónica para solicitar que el responsable se acercara a las oficinas provinciales, pero no obtuvieron respuesta.

Mientras tanto, Ambiente continúa con las tareas de fiscalización y solicitó la presentación de la auditoría ambiental correspondiente al relleno sanitario, con el propósito de verificar si se cumplieron y se cumplen las condiciones aprobadas en el estudio de impacto ambiental.

También reiteró el pedido del contrato entre la Municipalidad de Río Gallegos y la empresa operadora para determinar las obligaciones de cada parte.

La situación suma así un nuevo capítulo a un conflicto que involucra la gestión de los residuos urbanos, los controles ambientales y los reclamos de los productores rurales de la zona de Punta Loyola, mientras avanza la instancia judicial vinculada con las denuncias por la afectación de los establecimientos linderos.