Repudio de fiscales y defensores de Santa Cruz: piden que se retire el proyecto para reincorporar a Eduardo Sosa

En medio de la fuerte disputa con el Tribunal Superior de Justicia por la ampliación de 5 a 9 de sus miembros, este viernes 3 de octubre, ingresó a Cámara de Diputados de Santa Cruz el proyecto de ley para impulsar la reincorporación de Eduardo Sosa como Procurador General en la provincia.

La presentación del proyecto -que adelantó en exclusiva La Opinión Austral– fue realizada por el jefe de bloque SER en la Cámara de Diputados de Santa Cruz, Pedro Luxen, por iniciativa del gobernador Claudio Vidal. La iniciativa será tratada en sesión extraordinaria este lunes 6 de octubre a las 14:00.

Sosa asumió en 1990 y en 1995, durante la gobernación de Néstor Kirchner, fue removido de su cargo a raíz de la sanción de la ley 2404 que modificó la estructura institucional de la Justicia, y -entre otras aristas- se desdobló el cargo de Procurador General en dos: Agente Fiscal ante el TSJ y de Defensoría.

Sosa no fue nombrado en ninguno de los dos cargos y realizó presentaciones en la Corte Suprema advirtiendo la inconstitucionalidad de la norma.

A pesar de que la Corte ordenó en varias oportunidades que fuera repuesto en su cargo, eso nunca sucedió.

Ahora, en consonancia con lo expresado por el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y el Consejo Federal de Política Criminal que reúnen a todas las provincias argentinas y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa de Santa Cruz manifestaron su preocupación y repudio al proyecto de ley.

“Constituye un retroceso respecto del principio de separación de poderes”.

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

Mediante un comunicado, el Ministerio Público Fiscal expone que “el proyecto establece al Procurador General como Jefe de los funcionarios del Ministerio Público Fiscal y Pupilar, con línea de subrogación en el Tribunal Superior de Justicia. Sin embargo, cualquier modificación que reubique funciones, límite independencia o centralice decisiones bajo criterios políticos constituye un retroceso respecto del principio de separación de poderes y de la estructura tripartita consolidada en la reforma constitucional de 1994“.

Asimismo, reiteraron que “la defensa de la autonomía y estabilidad funcional de la Procuración General no es un reclamo corporativo, sino un compromiso con la Constitución, la independencia judicial y la ciudadanía“. El escrito lleva la firma de los fiscales y defensores que han sido nombrados durante la gobernación de Alicia Kirchner.

“Exhortamos a los legisladores de la Provincia de Santa Cruz a evaluar con responsabilidad institucional cualquier modificación, garantizando que se respete la independencia del Ministerio Público Fiscal, la estabilidad de sus autoridades y los principios del sistema acusatorio”, manifestaron.

En tanto que el Ministerio Público de la Defensa de la Provincia de Santa Cruz sostuvo que el proyecto de ley “contraría y vulnera la autonomía” de dicho ministerio, reconocido por la Constitución Provincial artículo 6 y Constitución Nacional en su artículo 120. Además, elimina la Defensoría General y suprime la defensa pública integral, “afectando el libre ejercicio y el normal funcionamiento” del ministerio al subordinarla junto con el Ministerio Público Fiscal bajo las órdenes y superintendencia de la figura de un procurador.

El proyecto elimina la Defensoría General y suprime la defensa pública integral.

“Significaría un grave retroceso institucional, afectando la independencia, el principio de igualdad de armas y el sistema acusatorio adversarial que se viene implementando provincia a provincia a lo largo de todo el territorio nacional”, señalaron.

En el comunicado, apuntaron que “vulnera todo un sistema de protección de derechos humanos especialmente de personas en condición de vulnerabilidad, contrariando leyes complementarias al ejercicio de la función de la Defensoría General”.

En esta linea, exhortaron al retiro del proyecto de ley y cese “de todo accionar que obstaculice el desempeño de las funciones constitucionales”, ejercidas por la defensora general ante el TSJ, Dra. Romina Saúl y los distintos defensores/as públicos/as y letrados/as adjuntos/as”.